Con gran satisfacción y mucha esperanza, nos hemos enterado de que la honorable señora Monserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes de la República, ha alzado su calificada voz, con la autoridad ética y moral que implica tal magistratura cívica legitimada por la institucionalidad republicana que nos rige como sociedad, advirtiendo contra los recortes que se asoman en el horizonte de cara al presupuesto general de la República para el 2016 y que se debatirá en los próximos meses en la Asamblea Legislativa.
Efectivamente, hace ya bastantes semanas que la ANEP viene advirtiendo en contra de los recortes presupuestarios abusivos e irracionales, así como en contra de las políticas drásticas de austeridad que, como bien lo apunta la señora Defensora, atentan contra los mismos Derechos Humanos Fundamentales; algo inaudito para un país como Costa Rica que pregona, urbi et orbe, su adhesión incondicional a tales postulados universalmente reconocidos.
El oportunísimo señalamiento de la Defensoría nos da una gran autoridad moral y ética para las organizaciones sindicales y sociales que nos preparamos para enfrentar la tramitación legislativa venidera del presupuesto de la República, con el ejercicio de la Democracia de la Calle.
Las posiciones diputadiles fundamentalistas de corte neoliberal y extremista contra el presupuesto del 2016 ya, incluso sin conocer el detalle de ese proyecto de presupuesto, afinan sus criminales tijeras para recortes, a diestra y siniestra, por el orden de 600 millones de dólares; más de 300 mil millones de colones. La cantidad a recortar podría ser mucho mayor, llegándose al extremo de poder en peligro vidas humanas: ¡un verdadero crimen social!
Tal suma de recorte en perspectiva por parte de los saboteadores fiscalistas de la paz social y de la institucionalidad pública que tiene relación directa con la promoción y protección de los Derechos Humanos de gran parte de la población costarricense; incrementará el sufrimiento de la hoy atormentada ciudadanía obrera y laboral básicamente, por la alta carestía de la vida, las restricciones salariales, el desempleo y el trabajo precario, el alto endeudamiento y, en general, por el crecimiento de la desigualdad.
