No hay duda de que el próximo año 2016 tendrá un gigantesco desafío para las organizaciones sindicales, únicas y legítimas representantes de los intereses reivindicativo-gremiales y laborales, sociopolíticos y económicos, de toda la clase trabajadora del país; tanto la que está afiliada a sindicatos como aquella que tiene cercenada esta opción porque se lo impiden las distintas formas de dictaduras corporativo-empresariales.
Invocamos tal representación para los sindicatos porque así lo dicta la historia, lo dice nuestro Código de Trabajo, lo certifica la Constitución Política actualmente vigente, lo obligan todos los tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia de Derechos Humanos, lo fundamentan los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y lo reconoce la propia Doctrina Social de la Iglesia Católica… Y “pa’ que no les falte”, la recientemente aprobada Reforma Procesal Laboral (RPL), Ley No. 9343, lo dejó más claro todavía.
Para el 2016 creemos que seguirá la pugna político-ideológica crudamente expresada en el año por terminar, en temas de gran controversia con alto potencial confrontativo como el empleo público, el déficit fiscal, el sistema tributario y la política salarial.
Los sectores económicamente poderosos con su plutocracia mediático-corporativo (esa que desplegó la perversa campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico contra el empleo público, contra quienes laboran asalariadamente para el Estado, contra las organizaciones sindicales que les representan y contra los principales dirigentes de las mismas), intensificarán su ofensiva en el 2016.
Insistirán en imponer sus tesis de control social y evitar el surgimiento de desafíos de poder desde el lado contrario: el lado de lo popular, el lado de fuerzas político-partidarias del campo progresista y humanista, el lado de la sociedad civil que se siente en proceso de exclusión por el sistemático crecimiento de la desigualdad.
Del resultado final de esa pugna político-ideológica en los mencionados temas controversiales, termine como termine, podría sacarse conclusiones de cara al proceso electoral nacional del 2018; escenario que no podrá ser ajeno a la amplia diversidad de los sectores sociales organizados del movimiento popular costarricense, aunque no se milite en partidos políticos del campo progresista y humanista.
Tengamos presente que tales sectores y su plutocracia mediática al servicio del capital neoliberal abusivo concentrador de la riqueza, pese a que no van a elecciones con sus propios rostros, pretenden gobernar desde algunas salas de redacción y de ciertos estudios de telenoticieros.
En tal quehacer, no tienen escrúpulos en mentir, difamar, desprestigiar, calumniar, descalificar, ridiculizar a personas, organizaciones y sectores que piensan distinto del monopolio ideológico totalitario-dictatorial que supone la organización de la convivencia social con base en los antivalores del mercado neoliberal y que nos quieren imponer de manera definitiva, aunque sea escamoteando la voluntad popular expresada en las urnas que pudiera apuntar en dirección opuesta.
En materia de empleo público, asuntos como las anualidades, la dedicación exclusiva, la evaluación del desempeño, la “reforma” del Estado, el aumento salarial por costo de vida, etc., mostrarán complejidades dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. Una buena articulación sindical en unidad de acción para estos desafíos, es más que aconsejable: resulta imprescindible.
En materia de déficit fiscal, es necesario derrotar el fundamentalismo neoliberal al respecto; es fundamental argumentar que no estamos “en el fin de los tiempos” ni que tampoco es que “ha llegado el Apocalipsis”. Se trata de hacer converger diversos enfoques alternativos para, sin restarle importancia al tema ni esconder su gravedad, impedir que nos conduzcan a los escenarios del histérico catastrofismo que exige acabar con todo lo público per se.
En materia de justicia tributaria, lo que hace tiempo conceptuamos de nuestro lado como la necesaria Transformación Tributaria Estructural, los movimientos populares, sociales, sindicales y cívicos debemos asumir una posición totalmente activa, efectivamente militante y radicalmente movilizadora para que se aprueben los proyectos de ley contra el fraude fiscal, de restauración al impuesto a las sociedades anónimas, para regular (en algo) el abusivo sistema de exenciones y exoneraciones, así como el que determina el control del desperdicio de recursos por incapacidades y/o negligencia en la ejecución de presupuestos públicos.
En esta misma línea, es necesario unificar un plan de lucha para que se den las modificaciones del impuesto sobre la renta, pero por el lado de la progresividad tributaria; y, a la vez, cerrarle el paso a la propuesta del impuesto al valor agregado (IVA), pues aparte de ser el más injusto de todos los impuestos, solamente potenciará la regresividad tributaria que tanto daño le hace a la inclusión social.
En materia de política salarial no debería haber mayor prioridad que luchar por la aprobación del proyecto de ley que incrementa el salario mínimo en el sector privado, iniciativa de ley que está actualmente en el parlamento y que esperamos la honra del gobierno a su compromiso de mantenerle en la agenda del actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
Sin duda alguna, considerando la naturaleza de estos desafíos para el 2016, la unidad sindical en la acción con una agenda compartida y pleno respeto a la diversidad, no tiene discusión. En esto se ha estado trabajando en las últimas semanas y tenemos buenas noticias que comunicar en enero próximo. ¡FELIZ NAVIDAD!
