MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE
ANTE EL PROBLEMA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO
Estimado señor:
Dejamos constancia por este medio de nuestro profundo repudio y rechazo a la unilateral y errónea decisión política impulsada por usted en el seno del Gobierno de la República, de proceder a una fijación de incremento salarial para el Sector Público en el presente semestre; desconociendo, completamente, a las distintas representaciones sindicales, profesionales y gremiales de la Administración Pública, organizaciones que son parte de la institucionalidad democrática costarricense.
En ninguna de las últimas cinco administraciones gubernamentales, pese a estar impregnadas de políticas económicas neoliberales como las que usted defiende, se había procedido a actuar de semejante forma. Se ha actuado peligrosamente, mostrando una intolerancia perversa, que, a la postre, representará una factura política que será cobrada muy caro.
La negativa a discutir el tema, negándose a convocar, de manera oficial, a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, aparte de su carácter intolerante y prepotente, nos incrementa la sensación de desconfianza sobre las cifras hacendarias y económicas que difunde la cartera a su cargo. Recordamos cómo, en la gestión de su antecesor en el cargo, se caía en constantes contradicciones e inexactitudes, cuando se debatía el tema de la denominada Ley de Contingencia Fiscal.
Particularmente resulta altamente sospechoso la circunstancia de que usted ordenara el incumplimiento de uno de los principales puntos de dicha legislación, que obligaba a un reforzamiento presupuestario de la Administración Tributaria por el orden de los cinco mil millones de colones.
Para nuestras entidades, representativas de importantes sectores laborales del Estado costarricense, la política salarial de signo neoliberal va en contra de la estabilidad socioeconómica de las familias de la clase trabajadora costarricense. Particularmente, en el Sector Público, se pretende profundizar el desestímulo en el empleo, potenciar la sensación de indignidad laboral; y, con mayor énfasis, impulsar el nefasto postulado neoliberal de concentración de la riqueza, vía empobrecimiento salarial.
Algunas firmas privadas de análisis económico de gran credibilidad para usted y los que piensan como usted, sitúan el índice inflacionario al finalizar el presente año 2003, entre un 11-12 %. Esto quiere decir que los empleados públicos llegarán al año 2004 con una reducción salarial del orden del 4.5 – 5. 5 %; sin considerar el porcentaje de 2.12 que se acumuló en la presente administración, antes de la imposición última del decreto del 3.5 %.
Vistas así las cosas, es inadmisible permanecer callados ante semejante situación y desde ya dejamos claro ante su autoridad, ante el propio Gobierno de la República, ante los trabajadores y ante las trabajadoras del Sector Público y ante la opinión pública nacional, que no descansaremos e impulsaremos todos los esfuerzos a nuestro alcance, por todas las vías sin excluir ninguna, para que tal situación se tenga que discutir profundamente y se implante la verdadera justicia salarial que tanta hace falta para garantizar un clima de paz social.
Las organizaciones gremiales y sindicales del Sector Público demandamos la convocatoria de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, llamamiento que es compartido por el sentimiento de miles y miles de servidores públicos, altamente agredidos y difamados en los últimos años; ofendidos en su dignidad, máxime al comprobar cómo la política regresiva salarial de corte neoliberal, ha sido burlada por las contrataciones multimillonarias de las famosas consultorías; empleando agentes externos, vía lo que ya se conoce como el “Estado paralelo”, cuando en el Sector Público hay acumulado un alto conocimiento administrativo técnico y profesional, semejante e incluso muchas veces superior, al representado por el que exhiben los tan mentados consultores.
Reiteramos nuestro compromiso con la paz social, base esencial de nuestra convivencia democrática. No obstante, sus alteraciones presentes y futuras serán responsabilidad de la prepotencia, de la arrogancia y del autoritarismo; valores éstos que no son consustanciales con nuestro modo de ser costarricense y; como es obvio, de todo ello no seremos responsables ni los trabajadores ni sus legítimas organizaciones.
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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.:Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.:Monseñor Hugo Barrantes Ureña, Arzobispo de Costa Rica.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y trabajadoras del Sector Público.
