Dejando mitos a un lado, es indiscutible que durante décadas Costa Rica fue uno de los países más exitosos en promover el desarrollo humano y crear una amplia clase media. Lo hizo, en gran medida, gracias a un Estado que contribuyó a crear empleo formal y salarios crecientes; promocionó cooperativas; y desarrolló uno de los sistemas de seguridad social más originales y ambiciosos del mundo en desarrollo. La historia de Costa Rica muestra algo casi obvio: para lograr economías más vibrantes y sociedades más equitativas, el Estado no es el problema sino una parte fundamental de la solución. Es el único capaz de ofrecer bienes para todas las personas, y de hacer frente a élites económicas cada vez más poderosas e influyentes. Nos consta que el Presidente Solís coincide con estas ideas.
¿Por qué entonces en su retrato del Estado secuestrado el Presidente nos describe una maraña de irregularidades –ciertamente sobrecogedoras – pero omite referirse al papel que una parte de la élite económica y que las políticas indiscriminadas de desregulación han tenido en debilitarlo? ¿Tiene sentido criticar al Estado sin a la vez subrayar cuánto lo necesitamos? Al no situar la lucha contra la corrupción en el marco de un proyecto político e ideológico, el discurso del Presidente nos deja sin brújula para reconstruir un Estado fuerte, menos vulnerable a su secuestro y más efectivo como aliado en la resolución de nuestros problemas.
Estamos de acuerdo en que la corrupción tiene altísimos costos y que la debilidad del Estado impide el desarrollo. Sin embargo, criticar a todas las instituciones públicas como ineptas e ineficientes no ayuda demasiado. Aunque es entendible que el Presidente necesite ganar tiempo mientras diseña la agenda de reformas, esta estrategia arriesga enemistar a la población con el Estado como tal. Se abona así el “apague y vámonos” neoliberal, sin fomentar la lealtad y la voz de los ciudadanos con lo público.
Si lo que se requiere es aportar soluciones concretas que pasen por mejorar lo que ya se hace bien; sancionar a las personas con nombre y apellido causantes de la corrupción; luchar contra el uso privado de los fondos públicos y acercar al Estado a la ciudadanía, no se nos ocurre mejor lugar donde empezar que en la Caja Costarricense del Seguro Social. Durante setenta años, la Caja ha gestionado uno de los sistemas de salud más equitativos y exitosos del mundo en desarrollo y pensiones envidiables, manteniendo simultáneamente un saludable superávit. Maneja, además, un presupuesto equivalente superior al 10% del producto interno bruto (una cantidad mayor que todo el gasto público de Nicaragua) y da empleo a casi 50 mil funcionarios/as.
Sin reformas en la Caja poco mejorará en el país… por lo que sorprende enormemente que en el discurso del Presidente la Caja fuera un “no tema”. Solo le dedicó medio párrafo para referirse a la necesidad de hacer frente a la deuda del Estado. Mientras tanto y como contraste, a la mañana siguiente por millonésima vez en la última década, la Caja es “el” tema del editorial de La Nación y miles de ciudadanos claman por la mejora en los servicios.
¿Cómo va a hacer frente esta administración a los retos sustantivos que enfrentan los servicios de salud y la administración de las pensiones? ¿Cómo piensa en este área fundamental fortalecer las capacidades del Estado? ¿Es consciente el Presidente de que la inacción sólo va a contribuir a expandir las opciones privadas de salud y consolidar los problemas de gestión en los hospitales públicos? ¿Sabe que cada día que pasa sin tomar cartas en el asunto es un día que fortalece los poderes fácticos que se benefician privadamente de los fondos públicos? Si el gobierno del PAC no tiene nada que decir al respecto, ¿a merced de quiénes queda esta agenda?
Avanzar en la agenda sustantiva de la Caja requiere efectivamente hacer frente al uso privado de los bienes colectivos. Pero no atacando a toda la institución sino elaborando una estrategia inteligente para castigar a aquellos que la han utilizado para enriquecerse, renovando integrantes de su Junta Directiva y dando espacio y confianza a quienes cotidianamente trabajan por el interés general—que todavía son muchos.
Para ello, habría que empezar por tomar las riendas de la institución, separando del cargo a las gerencias y directores/as cuestionados/as y apoyando a un equipo de personas que estén fuera de la maraña de intereses particulares. Además, se requiere recuperar la confianza ciudadana en la salud pública, implementando medidas que mejoren la eficiencia del servicio. Este no es solo un asunto técnico, sino de concertación de voluntades en una tarea colectiva. Corregir “arriba”, en la cabeza, y corregir “abajo” en las listas de espera y en las filas de madrugada son medidas que fortalecen a lo público mientras dicen “no” al avance de la medicina individual y privada. De esa forma, se castiga las irregularidades e ilegalidades sí, pero a la vez se fortalece desde ya el Estado necesario.
