Las presuntas triquiñuelas y la aparente acción embustera malintencionada de parte de ciertos empresarios autobuseros inescrupulosos, cobrando tarifas “infladas”, merecen la más enérgica condena, la más fuerte censura y la cancelación de las concesiones, luego de las relevaciones de que las personas usuarias del servicio público modalidad autobús, han estado pagando y durante mucho tiempo, una tarifa superior a la que verdaderamente debe ser.
La indignación es mayúscula pues las personas afectadas son, abrumadoramente, integrantes de las clases trabajadoras, habitantes de barrios populares y en cuyas familias la apretazón y la restricción económicas han venido golpeando su calidad de vida. Hablamos de hogares de ingresos medios y de ingresos bajos, o que no los tienen del todo regularmente.
Estamos hablando de comunidades urbanas de población popular como Hatillo, Alajuelita, Heredia y otros.
Bien haría el Ministerio Público en proceder inmediatamente a abrir expedientes para cada una de las empresas autobuseras mencionadas en la investigación que por encargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), realizó el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs), de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Esta especie de “maquillaje” de las cuentas de las empresas autobuseras cuestionadas no debe quedar impune.
Los datos falsos que indican la realización de más carreras de las que realmente vienen efectuando y/o tienen autorizadas, a fin de presentar mayores costos de operación y obtener más alzas tarifarias, debe tener las respectivas calificaciones de conductas delictuosas según las leyes penales del país.
De la misma manera, los datos falsos de que menos gente está utilizando los buses cuando la demanda real del servicio es superior, reportándose menos números de pasajeros transportándose, igualmente con la pretensión de tarifas abusivas, constituye una especie de enriquecimiento ilícito con el usufructo indebido de una concesión de servicio público que es del Estado, es decir, de toda la población.
Lastimosamente, la Aresep tardó muchísimo pero muchísimo tiempo en actuar en tal sentido. La verdad es que tal tardanza tiene una connotación “sospechosa”.
Para importantes segmentos ciudadanos y para una gran cantidad de organizaciones sociales y sindicales, la gestión del Regulador General saliente, el señor Dennis Meléndez Howell, estuvo caracterizada por una conducta “anti-usuario” de los servicios públicos; y, muy especialmente, siempre percibimos su gestión totalmente inclinado a favor los intereses del gran corporativismo-empresarial autobusero. ¡Gracias a Dios que ya se fue!
Lastimosamente, también, nada se puede esperar del Consejo de Transporte Público (CTP), cuya opacidad de gestión en materia de este tipo de regulación del transporte público modalidad autobús, reafirma la indefensión total de las clases trabajadoras usuarias del mismo frente al poder corporativo de este tipo de empresariado autobusero.
Una reciente renovación de concesiones bastante cuestionable, nos terminó de convencer de que nada bueno puede esperar un usuario de bus de parte del CTP. Aunque preferiríamos una profunda reestructuración que políticamente no se ve viable, al menos sus sesiones deberían ser totalmente públicas, totalmente transparentes.
Esperamos que el nuevo Regulador General, don Roberto Jiménez Gómez, “limpie” la Aresep y ejerza una acción ejemplarizante, contundente, drástica contra tal empresariado autobusero inescrupuloso. No deberían otorgarse indulgencias dada la gravedad de la agresión económica que han estado sufriendo las familias trabajadoras usuarias de los servicios de transporte público modalidad autobús.
La eventual cancelación de concesiones para las empresas autobuseras presuntamente tramposas y la intervención urgente del Ministerio Público, representaría una muestra de resarcimiento para la población usuaria que todos los días debe subirse a los buses, pues que le devuelven la tarifa mal habida es algo realmente utópico. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro habrá de suceder. El poder político de este tipo de corporativismo empresarial es sencillamente descomunal. Las personas usuarias del servicio público modalidad autobús parece que seguirán siendo las grandes perdedoras. La esperanza es una “nueva” Aresep.
