¡Muelle de Caldera paralizado por las propias autoridades institucionales!

Producto de una arbitraria disposición del Gerente General, Urías Ugalde Varela y el Sub Gerente Portuario, Néstor Aguirre Méndez, Puerto Caldera se encuentra paralizado, generando millones de pérdidas para el fisco y para los usuarios.

Con una actitud irracional, para no reconocer los derechos fundamentales de un grupo de trabajadores, esenciales para la actividad portuaria, las autoridades del INCOP han decidido dejar sin trabajo, a un grupo aproximado de 60 trabajadores al mes, es decir, de 120 trabajadores, alternará grupos de 60 de mes por medio.

Ello ha implicado que desde que se puso en práctica la disposición, no haya suficiente personal para atender los barcos que atracan en el muelle.

En el momento en que la Agencia Naviera pide las cuadrillas para cargar o descargar un barco y el INCOP, por falta de personal no se las puede proporcionar, estas cobran la demora. El barco EYRENE, por ejemplo, se tenía que atender a las 20 horas de ayer domingo 5 de setiembre, no obstante, por falta de personal, no se integraron las 3 cuadrillas solicitadas. Hoy a las 9 horas le volvieron a marcar cuadrillas, y tampoco había suficiente personal. Solo se formó una cuadrilla, que tardará el triple del tiempo en atender el barco, generando un sin fin de gastos e inconvenientes, como congestionamiento en la bahía, pago de salarios a otro personal que interviene en la actividad (personal de contenedores, cheques, operadores, etc.) y por supuesto, el pago de la mora a las Agencias Navieras.

¿Se harán responsables, con su propio peculio, por los gastos que detallamos, las autoridades de INCOP: el señor Urías Ugalde Varela, el señor Néstor Aguirre Méndez, el señor Enrique Montealegre Martín, y el señor Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo, que pese a tener conocimiento de las barbaridades que se han cometido contra estos trabajadores, se ha negado a intervenir?

Esperamos que una vez más, no se cargue en las espaldas de las y los costarricenses, los gastos en que por acciones arbitrarias de funcionarios irresponsables, se hace incurrir a una institución estatal.

San José, 6 de setiembre de 2004.

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