La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) considera, en primer término, una provocación de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hablar en este momento de aumentar la edad para pensionarse, de aumentar la cotización obrera y otros cambios en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En los actuales momentos de tensión social, eso es alimentar un coctel explosivo ya de por sí a punto de estallar.
En el año 2005, la ANEP asistió (junto a otras organizaciones sindicales), con una serie de propuestas a la mesa de concertación social que analizó reformas al IVM, contándose con la participación del Gobierno, de las cámaras patronales (agrupadas en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP), el sector cooperativo, la Defensoría de los Habitantes de la República y un actuario facilitado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Durante un año se discutieron medidas en el orden de lo paramétrico (edad y cotizaciones) y en otros no paramétricos como la gestión de cobro para el control de la evasión, la subdeclaración y la morosidad patronal; así como ideas para diversificar la cartera de inversiones del sistema.
Los resultados de este proceso de concertación fueron remitidos a la Junta Directiva de la Caja y se realizó una reforma que suponía una salud financiera para el sistema de IVM por 30 años, de forma tal que la aplicación de tales medidas tomadas al pie de la letra, garantizarían las reservas para mantener las pensiones de quienes ya se encuentran pensionados, así como de las pensiones en curso hasta el año 2035.
A lo anterior hay que agregarle lo que establece el artículo 78 de la llamada “Ley de Protección al Trabajador”, así como el contenido de la directriz 105 del Poder Ejecutivo, vigentes desde el año 2000 y que ordenó el traslado de hasta un 15% de los superávits de las instituciones públicas al fondo de pensiones del régimen de IVM-CCSS. 13 años después, en estos dos casos nada ha ocurrido y ni un solo centavo ha sido depositado para fortalecer el sistema de jubilaciones de IVM-CCSS. Ninguno de los últimos gobiernos, desde entonces, se ha preocupado de ello.
Debemos suponer que los estudios actuariales deberían arrojar datos absolutamente confiables que permitan hablar sobre el presente y futuro de nuestro sistema de jubilación de IVM. El problema es que lo sucedido al calor de las negociaciones sobre cesantía, cuando Eduardo Doryan Garrón ejerció la Presidencia Ejecutiva de la Caja, dejo serias dudas sobre el actuar de quienes vienen administrando los recursos del fondo de pensiones de la CCSS. No olvidemos que fue él quien, por decisión imperial, condonó buena parte de la deuda del Estado con la Caja.
Aumentar la edad de pensiones y/o el monto de la cotización obrera resulta una provocación innecesaria en momentos en que en la Caja se generan las condiciones para un interesante debate tendiente a superar la crisis a que fue llevada por quienes ven en la enfermedad un lucrativo negocio.
Debe tenerse en cuenta uno de los compromisos que asumió la administración institucional con ocasión de la reforma del 2005: informar con regularidad sobre el avance de la misma a los actores sociales suscribientes y otros. Lamentablemente eso no sucedió nunca y parece una información verdaderamente alarmante que se reconozca que se está echando mano a las reservas del sistema para el pago a los pensionados.
No se vale subir a los trabajadores las primas, la edad o las cuotas para garantizar la sostenibilidad del régimen, debido a que con ello se sigue cargando sobre las espaldas de quienes sostienen el sistema y se deja impune a quienes no pagan evaden, engañan y se aprovechan del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte; y, mucho menos, cuando los culpables de la crisis financiera de la Caja siguen en la impunidad y hasta “premiados”.
Bien haría la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), doctora Ileana Balmaceda Arias en convocar a los actores sociales a debatir con datos actuariales claros sobre la mesa que reflejen la situación del régimen de pensiones. La unilateralidad, el autoritarismo y los legalismos de puro formulismo en este delicado caso, tener consecuencias insospechadas en un país que está cansado de imposiciones.
