Sin darme ninguna oportunidad previa de decir algo en mi favor, se reproduce en este medio el artículo titulado _“Estaríamos Frente a un caso de tráfico de influencias entre la Ministra Laura Chinchilla Miranda y el Magistrado Luis Paulino Mora Mora, en el cual más que inquietudes y dudas, se me acusa y sentencia por hechos de los que me interesa defenderme comenzando por responder a la pregunta planteada en el título con un rotundo no.No ha existido en este expediente que se menciona ningún tráfico de influencias entre la señora Ministra y mi persona, por la sencilla razón de que yo no participé en ninguna fase de dicho asunto.
Tal y como lo he explicado en mis informes de labores y rendiciones de cuentas que están accesibles a quien quiera verlas en la página web del Poder Judicial, desde que asumí la Presidencia de la Corte hace casi diez años, me acogí a la potestad establecida en la ley de nombrar un Magistrado suplente para repartirme con él la carga de trabajo correspondiente a mi posición de Magistrado de la Sala Constitucional. Desde esa fecha, es público y evidente que yo me encargo del estudio y decisión de las acciones de inconstitucionalidad y algunos hábeas corpus, mientras que el Magistrado Suplente de mi oficina se encarga de los recursos de amparo y la mayoría de los habeas corpus.
Pues bien, este caso no ha sido la excepción ya que como consta en la certificación que adjunto, no tuve en absoluto ninguna participación en su tramitación y menos aún en su resolución. Salvo la referencia casual leída en los periódicos, no he tenido contacto alguno con el tema específico y por ello mismo no tengo ningún criterio jurídico formado sobre la cuestión. En ese sentido, me cabe el orgullo de que nunca me he inmiscuido en la forma en que los colegas Magistrados ejecutan su trabajo, precisamente porque soy muy celoso de mi independencia como juez y no tolero intromisiones ni presiones. Yo no le cambio a nadie favores por sentencias.
Como no tuve participación alguna en el expediente, no puedo dar razón de porqué el caso se decidió de una forma y no de otra; y por supuesto, dado que no he visto el expediente tampoco puedo explicar lo que significa el supuesto “papelito” encontrado en el expediente, pero sí puedo dejar claro varias cosas sobre él: primero, que no es mío ni es mi letra; segundo, que el Magistrado Suplente en la actualidad es el Licenciado Jorge Araya García y además que –como se aprecia en la constancia que adjunto- en mi oficina labora una abogada asistente 3 cuyo es nombre Laura Arroyo Castro, quien se encarga junto con otras personas desde hace ya varios años, de preparar proyectos de resolución de recursos de amparo y a quien correspondió la preparación del proyecto en este caso.
Por mis convicciones, a mí no me estorba que me pidan cuentas de mis actuaciones, ya que en cuanto funcionario público estoy obligado a darlas. Pero lo que no me parece correcto es que se me atribuyan actos cuya inexistencia es y era fácilmente verificable con solo acceder a la secretaría de la Sala o incluso al sitio web en donde se maneja toda la información relacionada con los expedientes de la Sala. Creo que cualquier lector objetivo coincidirá conmigo en que es difícil de creer que haya sido tan difícil para el articulista y la ANEP corroborar si de verdad yo fui el instructor y participé en el expediente, en vez de dejarse llevar por el enojo de perder un caso ante la Sala.
Aún más, se me hace realmente injusto que se diga que yo redacté la sentencia en atención a un tráfico de influencias, si era tan fácil comprobar lo contrario con solo ver en sitio de la Sala en Internet, el acta de votación correspondiente a ese día y que es pública, para comprobar que yo no había estado en esa sesión de votación y por ende no había votado el expediente ni menos aún redactado la sentencia y que quien había participado en el caso por mi oficina era el Magistrado Suplente Jorge Araya García.
Espero que con esta explicación quede claro mi no actuación en el caso que preocupa a la ANEP, pero si así no lo fuera, les insto a realizar la denuncia del caso ante la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada del régimen disciplinario de nosotros los Magistrados, para que dándome oportunidad de defensa pueda responder a la falsa imputación que se me hace, no se con que intensión, pero si produciendo en quien ha leído el tendencioso artículo una fundada duda sobre mi actuación como Magistrado.
* Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
