La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPM), se oponen rotundamente a que oficiales de Migración y Extranjería, destacados en diferentes puestos de control migratorio, realicen el cobro de multas a personas extranjeras que salgan del país y hayan permanecido en suelo nacional más del tiempo establecido.
Ante esta situación la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración envió una nota dirigida a la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz Quesada, para que den marcha atrás con dicha directriz que empezaría a regir a partir del 15 de abril del año en curso.
Según Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, existen muchos riesgos para el cobro de las multas pues los y las oficiales se estarían convirtiendo en “cajeros bancarios, siendo esto muy peligroso”, ya que la multa equivale a $100 por cada mes irregular en el país.
“Existen oficinas donde no hay sedes bancarias para realizar los depósitos y no hay cajas de seguridad donde resguardar el dinero recaudado. Se da así un gran riesgo para que dicho dinero se pierda ya sea por asalto u otra forma. El personal no está capacitado para realizar dicho cobro y se le estarían variando las funciones”, explicó el Presidente de la Seccional.
Ordoñez indicó que existen ejemplos de cobros similares asignados a cuerpos policiales en el pasado, los cuales no han dado resultado y se ha prestado para situaciones irregulares.
“Si vemos la historia tenemos que en la Fuerza Pública, se comenzó a “perder” el dinero cuando eran los propios policías los que cobraban las pensiones alimentarias, y por ese motivo es que ahora los interesados deben depositar al banco dicho pago. De la misma manera sucedía cuando se pagaban los derechos de salida con timbres fiscales, éstos eran escaneados y falsificados. Las multas por infracciones a la ley de tránsito se tienen que pagar en los bancos estatales, también”, manifestó Mora.
Otro de los puntos en que enfatiza Mora, es que la normativa actual no indica en ningún apartado que sean los oficiales de la Policía Profesional de Migración los que realicen este tipo de cobro.
“Consideramos que el Gobierno debe buscar un mecanismo seguro donde el oficial no tenga que tocar dinero en efectivo por dicho cobro y así prevenir cualquier situación anómala y/o de infortunio que se pueda presentar; solamente verificar que el pago se haya efectuado en los lugares autorizados”, finalizó el Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.
