1. Acceso a mercados, desarrollo y fomento de política pública
Nuestras organizaciones creen en un sistema de desarrollo que sea incluyente tanto en el ámbito social como en el ámbito productivo, de forma tal que se fomente la producción y se promueva la redistribución de la riqueza de forma equitativa y solidaria.
La consideración de tales principios se torna vital a propósito de la negociación del TLC con Estados Unidos, más aún vistos los resultados desiguales derivados del enfoque que hasta el momento ha orientado nuestra inserción en el mercado global, incluso en el propio sector exportador de nuestra economía. En efecto, si bien es cierto que las exportaciones han crecido(1) y se han diversificado(2) , también lo es que el volumen de exportación se concentra en un grupo de 30 empresas y solo 48 (de más de 3500 productos) representan el 82%. Pero las consecuencias negativas de aquel enfoque se han traducido, también, en el debilitamiento de los sectores productivos nacionales. En su conjunto, la experiencia demuestra que, hasta el momento, el enfoque orientador que ha dominado la inserción de nuestra economía a mercados bilaterales, regionales, extraregion les y globales, ha carecido, en lo fundamental, de una estrategia nacional consensuada dirigida a ese propósito.
En esa perspectiva, es cierto que la consolidación permanente de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe son importantes, pero son claramente insuficientes. Por esa razón, y al igual que los Estados Unidos han considerado la capacidad de asegurar los alimentos para su población como un asunto de seguridad nacional y en función de ello establecen políticas internas y externas(3), creemos imprescindible que nuestro país se oriente a fomentar e incrementar el nivel competitivo tanto de la producción dirigida a la exportación, como de aquella dirigida al consumo interno, incluyendo la oportunidad de que pueda insertarse en la cadena de valor exportadora. Esto requiere el diseño y ejecución de políticas públicas y un fortalecimiento institucional que responda a las necesidades y posibilidades del sector productivo en su conjunto y no solo a parte de él.
En ese contexto, y ya que la sociedad costarricense ha vivido el impacto negativo de reducir nuestra inserción al mercado global a una mera negociación comercial, las organizaciones que en forma conjunta presentamos esta posición exigimos que el Poder Ejecutivo comprenda, por un lado, la necesidad de generar y ejecutar políticas públicas dirigidas a fortalecer e incrementar la competitividad de los sectores productivos nacionales, en particular aquellos de la economía social y, en segundo término, de la seriedad e importancia estratégica que tiene esta cuestión para las organizaciones aquí firmantes.
2. Acceso a mercados y productos sensibles
No todos los sectores productivos se encuentran preparados para asumir los retos e impactos que implicaría la firma del Tratado de Libre Comercio. En primer lugar, por la existencia de políticas públicas en Estados Unidos favorables a sus propios sectores productivos (ayudas internas, barreras no arancelarias, subsidios, entre otras) que condiciona, negativamente, el nivel competitivo nacional. En segundo lugar, como consecuencia de la ausencia de políticas públicas internas, que condena a un bajo grado de desarrollo competitivo a nuestros sectores productivos.
Debido a esos factores, la integración comecial con los Estados Unidos no puede hacerse sin tomar en cuenta la existencia de “sectores o productos sensibles” que, por diversas razones, requieren de un tratamiento especial.
Estos sectores no han rechazado su incorporación a la economía mundial pero han fijado los parámetros en que esa integración debe hacerse. Es criterio de estas organizaciones que esas posiciones deben ser asumidas por el Gobierno de la República y los equipos técnicos de negociación de nuestro país.
En el caso de nuestro país, esa lista incluye, al menos:
| font color=”#000000” face=“Arial” size=”-1”>Producto |
Medidas Propuestas |
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Respeto a lo solicitado por el sector caficultor que tiene que ver fundamentalmente con el respeto a las normas de origen |
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Respeto a lo solicitado por la Cámara de Porcicultores que se esquematiza de la siguiente forma:
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Respeto a lo solicitado por los avicultores que se esquematiza de la siguiente forma:
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Respeto a lo solicitado por Coopeagropal |
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Respeto a lo solicitado por la Liga |
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Respeto a lo solicitado por la Cámara |
3. Materia aduanera
El objetivo de Costa Rica en materia aduanera debería ser lograr una importante cooperación técnica y económica en aras de lograr que nuestras aduanas puedan mejorar sus procedimientos y mecanismos de control para evitar el contrabando, la subfacturación, la triangulación y que puedan verificar el origen de los productos a fin de que se respeten las normas pactadas en la negociación.
De igual manera el país debería buscar mecanismos que permitan resolver de manera ágil las barreras al comercio injustificadas que puedan surgir de los procedimientos aduaneros en los Estados Unidos y buscar la cooperación para que a nivel regional pueda avanzarse en el proceso de integración, profesionalización y estandarización de procedimientos de las aduanas centroamericanas.
En materia de reglas de origen, deberán buscarse normas claras, sencillas en cuanto a su administración, que permitan la acumulación regional y que contemplen las importantes asimetrías que hay entre los países de la región y los Estados Unidos.
Es fundamental además crear mecanismos de cooperación para la profesionalización y estandarización del servicio aduanero, automatización de los sistemas de información, programas de capacitación para el control de riesgo y evitar el fraude fiscal, así como para mejorar la verificación de origen y el rol de una aduana moderna en materia de administración de comercio.
4. Medidas sanitarias y fitosanitarias y Barreras Técnicas al Comercio
Se debe asegurar al productor que las normas del mercado estadounidense en materia de inocuidad de alimentos, medidas fito y zoosanitarias, no se constituyan en una barrera técnica al comercio. De igual manera, dado que los reglamentos técnicos aprobadas por los Estados Unidos y el requerimiento por la mayoría de sus empresas del cumplimiento de las normas ISO, para comprar bienes y servicios a proveedores extranjeros, representa una de las principales dificultades que muchos de nuestros sectores tienen para exportar, se requerirá de un gran apoyo técnico y económico que permita adecuar en muchos casos los procesos productivos.
Debe hacerse un importante esfuerzo en la identificación de las barreras al comercio injustificadas, prevalecientes en los Estados Unidos, promoviendo el compromiso de ese país para su eliminación y aceptar el diseño de mecanismos de solución de controversias rápidos y eficientes que permitan levantar los obstáculos al comercio que se generen de esas medidas.
De conformidad con el capítulo de cooperación se deben garantizar programas de intercambio de información y experiencias respondiendo a las necesidades de cada país, de consultas técnicas plurilaterales, de apoyo y capacitación y de preparación de la producción, con el fin de crear canales de comunicación y procedimientos transparentes en el TLC.
5. Derechos de propiedad intelectual
En el marco de la OMC se estableció una regulación sobre la protección a los derechos de propiedad intelectual, planteada especialmente por los países desarrollados.
Nuestro país aceptó dicha regulación y reformó prácticamente toda su legislación en materia de propiedad intelectual a fin de estar acorde con esa normativa. Al igual que los Estados Unidos han manifestado que el tema de los subsidios lo discutirán exclusivamente en el foro de la OMC, estamos convencidos de que la negociación del TLC no debe implicar ningún compromiso adicional a lo que ya se ha establecido en materia de propiedad intelectual en la OMC.
El país deberá ver con especial recelo cualquier pretensión de aumentar los niveles de protección a los derechos de propiedad intelectual en materia de patentes, información no divulgada así como en el tema de los derechos de obtentor y los derechos sobre organismos genéticamente modificados, dado que no solo los niveles de protección alcanzados en la OMC han sido ya de un gran sacrificio para nuestro país, sino por los graves perjuicios que mayores niveles de protección pueden causar para los intereses de los productores y consumidores. Al importarse más de US$100 millones en agroquímicos por año en Costa Rica, los agroquímicos son uno de los rubros de importación nacional más importantes después del petróleo. La eliminación de la competencia de agroquímicos genéricos del mercado implicaría un incremento de varias veces el costo actual de agroquímicos en el mercado nacional. Más allá de los esfuerzos por promover iniciativas como la agricultura orgánica, tal situación eliminaría la competitividad agrícola nacional y deterioraría la balanza comercial drásticamente.
De igual forma, no se puede conceder ninguna ampliación de los derechos de propiedad intelectual para extender la protección a plantas, animales y nuevos usos, ya que per se éstas exclusiones son legales bajo las normas vigentes del ADPIC de la OMC.Asimismo el país debe oponerse a cualquier iniciativa que pretenda extender la duración de las patentes o del monopolio de un producto más allá de los veinte años de vigencia de la patente. De igual forma, no debe concederse ninguna protección retroactiva o transitoria de patentes, tema sobre el que no existe obligación alguna bajo las normas del ADPIC de la OMC. -Es decir, la negociación del TLC en materia de propiedad intelectual no debe implicar ningún compromiso de modificación de lo que ya establece la legislación nacional, y bajo ningún motivo debe implicar compromisos más amplios que los que el país ya ha suscrito en el ámbito de la OMC.
Cualquier regulación adicional sobre propiedad intelectual debe generarse nacionalmente y no como producto de una negociación comercial internacional.
Por ejemplo, nacionalmente Costa Rica debe avanzar en la aprobación de procedimientos que promuevan un registro ágil y transparente de agroquímicos genéricos al vencimiento de las patentes mediante la eliminación de las barreras impuestas a la entrada de genéricos al mercado, por el requisito de que un genérico tenga que re-generar la información de registro y la aplicación del concepto de información no divulgada, con el fin de facilitar el registro expedito de estos productos. Se debe exigir que se permita que los agroquímicos y farmacéuticos genéricos tengan acceso libre a la información de registro generada para el producto originalmente patentado y puedan basar su registro en esta misma información.
Finalmente, en lo que respecta a la protección de patentes, las empresas que deseen beneficiarse en Costa Rica de la exclusividad temporal de mercado que concede una patente, deben solicitar la aprobación de la respectiva patente en cada país de la región centroamericana dentro del plazo de un año a partir de la fecha de la primera solicitud de la patente a nivel mundial. De no presentar su solicitud de patente bajo el plazo definido, la empresa deberá perder toda opción de patentar su producto o innovación en los países centroamericanos y no tendrá derecho de excluir a otros productos similares del mercado, aún cuando cuenten con patentes en otros países fuera de la región.
6. Medidas de Salvaguardia, derechos antidumping y derechos compensatorios.
Se debe establecer medidas de salvaguardia que permitan una revocación temporal de las preferencias arancelarias en el caso de incrementos de la importación de la otra Parte, que sea la causa sustancial de un daño serio o amenaza de daño a la producción nacional. De igual forma será necesario que nuestro país eztablezca mecanismos muy claros, oportunos y eficaces en esta materia.
Dichas reglas deberían permitir el establecimiento de medidas de salvaguardia, no solo basadas en los presupuestos establecidos por el artículo XIX del GATT sino salvaguardias especiales en el caso de los productos agrícolas. Consideramos que los plazos de duración de estas medidas, deben ser amplios, que debe permitirse sus prórrogas cuando se cumplan con las condiciones definidas en el acuerdo y que debería permitirse su aplicación aún cuando el arancel de un producto llegue a alcanzar el nivel cero.
La posición del representante comercial de los Estados Unidos de comprometerse ante el Congreso de los Estados Unidos en que como producto de esta negociación no realizará cambios en la legislación norteamericana sobre imposición de derechos antidumping y derechos compensatorios, debe llevar a Costa Rica a que en el proceso de negociación se establezcan normas muy claras y transparentes, que aunque no impliquen la modificación de las normas norteamericanas, vengan a facilitar y establecer reglas eficaces que permitan a los productores y a los Gobiernos de ambas Partes, saber que podrán aplicar las medidas del caso, para contrarrestar los efectos de las importaciones subsidiadas y con dumping de la otra Parte.
Costa Rica debería además buscar el apoyo técnico y económico de los Estados Unidos para fortalecer su Oficina de Prácticas de Comercio Desleal y Medidas de Salvaguardia, profesionalizarla y que venga realmente a respaldar de manera diligente la producción nacional. Dado que probablemente los Estados Unidos no restringirá su nivel de subsidios como producto de esta negociación, uno de los pocos instrumentos- además de pedir la exclusión de productos subsidiados o cuyos principales insumos están subsidiados- que le quedará al país para compensar ese nivel de subsidios será la aplicación de derechos compensatorios cuando las importaciones afecten nuestra rama de producción nacional, de ahí la importancia de una buena negociación en este tema.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
La sociedad costarricense ha madurado, conoce el impacto de los tratados de libre comercio porque los han vivido en carne propia. La trascendencia de esta negociación en el futuro de los costarricenses obliga que la posición que lleve el gobierno en esta negociación sea producto de una verdadera concertación nacional con la sociedad civil, los sectores productivos y la Asamblea Legislativa y a que no se firme definitivamente este Tratado hasta no contar con dicha concertación y acuerdo con base en el texto negociado.
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1) 1975:$475 millones-2002:$5.257
2) 1975-Tradicionales 70%/No Tradicionales:30%; 2002- Tradicionales: 13%/No Tradicionales: 86.9%
3) Para un ejemplo de las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de las áreas rurales, puede encontrarse www.conacoop.org/noticias/apoyogobusagr.pdf
