La actual Asamblea Legislativa tiene la delicada responsabilidad de realizar un proceso radicalmente distinto para seleccionar a las personas que ocuparán los dos máximos cargos vacantes de la Defensoría de los Habitantes de la República, luego del vergonzoso incidente que generó la salida abrupta de la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewicz y que es ya de amplio conocimiento público.
A decir verdad, siempre hemos pensado que este tipo de nombramientos, si bien debe seguir siendo potestad definitiva del parlamento, éste debería intervenir una vez que las agrupaciones de la sociedad civil organizada con interés en el asunto y con previa inscripción regulada, seleccionaran un terna que se le entrega al Poder Legislativo para que éste no se saque de la manga un nombre sorpresivo a último momento, producto de componentes políticas en las sombras y con gran burla para quienes de buena fe, creyendo en la “cuadratura del círculo”, llevaron sus curriculums a la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa.
Y también, debería la ley contemplar que se convoque a algunas de las más relevantes agrupaciones de la sociedad civil para que en el proceso de nombramiento, estén en las audiencias de comisión y puedan formular preguntas a quienes se hayan postulado. Por ejemplo, entidades sindicales destacadas, gremios productivos de diversa naturaleza, agrupaciones de Derechos Humanos, entidades de juventud y estudiantiles, legítimas agrupaciones de mujeres, entre otras.
Además, la limitación de que un ciudadano no tenga título universitario debería eliminarse, pues hay costarricenses de enorme capacidad y de gran entereza moral y estatura ética que no pasaron por una universidad pero que sí darían la talla al frente de la Defensoría de los Habitantes de la República.
Esta podría ser la base de una reforma a la ley de la Defensoría de forma tal que se reduciría al mínimo la contaminación politiquera en la elección de sus máximos jerarcas, pues parece que ésta ha sido la tónica hasta ahora, dado que hay “transacciones” entre partidos y “por debajo de la mesa”, para que determinada persona llegue a ocupar tan relevante cargo.
En esta ocasión, no debería considerarse personas que tengan sociedades empresariales de cualquier tipo; no deberían valorarse nombres que pertenezcan o que hayan estado vinculados al actual sistema de partidos políticos; debería elegirse a ciudadanos o a ciudadanas que puedan demostrar, fehacientemente, estar al día con sus responsabilidades tributarias, con sus responsabilidades para con la Seguridad Social; y que, incluso, demuestren que si en sus respectivos hogares tienen contratada a una trabajadora doméstica, tengan tal relación obrero-patronal en regla.
No sabemos si se habrá tomado en cuenta en los anteriores nombramientos, pero los y las aspirantes deberían presentar un plan de acción y deberían indicar, sin ambages, cuál es su concepto, conocimiento y filosofía en materia de Derechos Humanos, de todos los Derechos Humanos; dado que los discursos huecos al respecto, haciendo “gárgaras intelectuales” con este tema, invisibilizan varios de ellos, como el de la Libertad Sindical.
Pensamos que se debe partir de cero, es decir, que los nombres que dejó en la mesa la que tuvo que irse “por la puerta de atrás”, no deben considerarse. Finalmente, apelamos a una de las frases más famosas del comediante mexicano, don Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho: “¡Oh!, ¿Y ahora, quién podrá defendernos?…
