Por Jaime Ordóñez (abogado) y Montserrat Botey (economista)
Detrás del interés de venta del Banco de Costa Rica se esconden números oscuros, que deberían encender todas las alarmas. Parece que alguien quiere comprar ese banco a precio de regalo, con grave daño para el país. Veamos los números duros de la SUGEF y de otras entidades oficiales:
REGALAR EL BANCO POR EL 20% DE SU PRECIO. El gobierno dice que quiere venderlo en 1.750 millones de dólares. Pero, contablemente, el BCR vale exactamente 685% más. Según contabilidad oficial del BCR (avalada por la propia SUGEF, año 2021) el Banco tiene un capital de 7.627.000 millones de colones que son casi 11,500 millones de dólares al tipo de cambio del Banco Central. De esa suma, cerca de 6,300 millones de dólares corresponde a su cartera bancaria como acreedor y el restante de 4, 859 millones de dólares en otros activos.
Es decir, pretenden vender el BCR en menos del 20% del valor de sus activos. Es un banco cuyo valor no debería ser menos del 80% o 90% de esos activos (jamás la ínfima suma de 1.750 millones).
¿Porqué? Según la propia SUGEF, el BCR tiene una efectividad bancaria de casi el 97% (supera a muchos bancos privados) con una morosidad de apenas un 3,1% en toda su gestión. Es decir, es un banco altamente exitoso. Por otro lado, pretenden meter dentro del paquete de venta (y por el mismo precio) un conglomerado de entidades altamente rentables: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y BCR Corredora de Seguros. Adicionalmente, es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Vender todo eso por 1,750 millones es regalarlo a destajo. Literalmente, un robo contra el Estado de Costa Rica.
UN BANCO ALTAMENTE RENTABLE PARA EL PAÍS. Ahora bien, ¿tiene sentido vender un banco altamente efectivo para el país para pagar intereses de deuda, que es lo que haríamos? Desde luego que no. Es un pésimo negocio. Ninguna soda o restaurante vende una de sus principales cocinas o refrigeradoras para pagar deuda. Jamás. Nunca se vende un activo que genera ganancias para pagar un pasivo. Eso lo sabe cualquier pulpero. Es el ABC de los negocios.
El BCR es la segunda entidad financiera más relevante del país y su propietario es el Estado costarricense. La entidad tiene operaciones desde 1877 y cuando se fundó el Banco de la Unión y, en 1890, pasó a tener su nombre actual. Cuando se fundó, entre sus funciones iniciales estuvo emitir el dinero del país, y fue una de las primeras entidades bancarias en dar financiamiento al gobierno.
Además de tener una ganancia neta anual de 80 millones de dólares (según Informe SUGEF, 2021) el BCR le genera al país (previo a esa ganancia) una serie de beneficios importantes de carácter parafiscal. Estos buenos resultados se ven reflejados en las contribuciones parafiscales que ha realizado en los últimos cuatro años: ₡64.184 millones dirigidas a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, Comisión Nacional de Emergencias, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo). En caso de vender el BCR todos esos beneficios sociales desaparecerían y esa ganancia, incluidos los 80 millones de dólares netos finales que genera al año.
ES FALSO QUE REDUCIRA LA DEUDA. De nuevo, veamos los números duros: Para el cierre del año pasado, la deuda total de Costa Rica era de 38.500 millones de dólares (datos oficiales de la OCDE y el Banco Mundial) que corresponden a un 68.34% como porcentaje del PIB.
1.750 millones de dólares es menos del 5% de esa deuda de 38.500 millones. No servirá para ninguna reducción real del principal de los empréstitos. Literalmente, se esfumarán en 6 o 12 meses, apenas en el pago de intereses. Sería como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. En un año o dos, nos quedaríamos sin BCR y con la deuda igual, o creciendo.
Estaríamos cometiendo el mismo error de otros países de América Latina (Brasil, Argentina, Chile, México, etc.) que, durante los años 80 y 90, vendieron sus activos y no lograron reducir sus obligaciones. Los dineros desaparecieron en pocos meses en el pago de intereses del servicio, sin tener un impacto estructural alguno. El propio FMI (bajo el liderazgo de su actual Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva ) reconoció hace poco el fracaso de muchas de las políticas del antiguo Consenso de Washington, el cual sólo dejó privatizaciones a muy bajo precio, que enriquecieron a capitales de la región sin aportar una solución duradera a largo plazo.
La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural. Por un lado, generar reducción de gasto burocrático ineficiente en forma eficaz, es cierto, pero, además, una reforma tributaria moderna y justa. Cobrar impuestos (no a la mayoría de empresarios y ciudadanos que ya pagan muchos tributos) sino, a la gran cantidad de evasores, y a los muchos sectores y grupos que están metidos en odiosos y privilegiados sistemas de exención y exoneración. El propio Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó, desde el año 2018, que la evasión de impuestos en CR era casi el 5.4% del PIB anual y que los sectores exonerados dejaban de pagar casi un 3% anual del PIB adicional. Ambas sumas son más del 8% del PIB anual. Con eso bastaría para eliminar nuestra deuda es menos de 10 años.
Regalar el Banco en 1.750 millones de dólares no ayudará realmente en nada. Sólo servirá para que algún sector financiero infle más sus bolsillos a costa de una institución que genera mucho beneficio al país.
EL B.N., el B.C.R. Y EL MUNDO RURAL. – Finalmente, estaríamos regalando y malbaratando uno de los dos bancos públicos que ejerce una función esencial para el mundo rural y campesino: sólo el BN y el BCR ejercen esa labor.
¿Ha visto usted banca privada en las zonas más rurales y alejadas de CR? ¿En Guatuso? ¿En la Suiza de Turrialba? No. Por una sencilla razón: no es rentable para la banca privada. La gestión bancaria que no es de plástico o tarjetas de crédito, es decir, la gestión del ahorro común en cuentas de ahorro y crédito es la base de nuestro mundo rural. Eso sólo lo hace la banca estatal, pues no genera mucha ganancia, pero tiene un beneficio social extendido y amplio.
Por eso, sólo el BN y el BCR atienden a nuestro mundo rural y campesino. El acceso al mercado bancario de las poblaciones más vulnerables debe ser una prioridad democrática. Además, ¿Qué hacemos con los 3.987 empleados que actualmente tiene el BCR en sus 128 oficinas en todo el país? ¿Echarlos a la calle? Muchos de ellos no podrían seguir trabajando en sus localidades actuales (generalmente, adonde viven) pues el sector privado bancario no tiene, como predominante, ese giro de cuentas de ahorro y crédito.
Ojalá nuestra Asamblea Legislativa no secunde este proyecto que busca, literalmente, regalar por tres centavos un activo de alto interés para el país como el BCR sin que vaya a significar una solución estructural para nuestra economía ni para nuestra deuda pública. –
–Jaime Ordóñez es abogado (UCR, The George Washington University, U de Madrid)
–Montserrat Botey es economista (Science Po, Paris; Universidad Buconi, Italia, Universidad de Burdeos).
