Los partidos políticos del “Cementazo” (Liberación, Unidad en sus dos vertientes, PAC y Libertario), con el apoyo del ya casi extinto Gobierno, están tramitando, a rajatabla y contra viento y marea, dos perversas iniciativas parlamentarias, un proyecto de ley y uno de reforma constitucional, que prácticamente le ponen candado al Estado (al menos, el Estado central); violentando gravemente el sistema republicano generado a partir de la fundación de la Segunda República, en 1949.
Con el impulso malsano de esa especie de “socialcristianismo neoliberal”, el candidato de la Unidad, don Rodolfo Piza Rocafort, le exige al Gobierno actual tramitar (y este accedió), una regla mortal (regla fiscal) que se quiere imponer para, supuestamente, atajar de raíz el crecimiento del déficit fiscal en los próximos años; imponiendo recortes brutales y criminales a los presupuestos públicos venideros, como los que tramita el Parlamento para financiar servicios públicos educativos, policiales, judiciales, ministeriales y otros.
Por su parte, ni lerdo ni perezoso, el neoliberal candidato liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti (en lo que podemos interpretar como la colocación de la lápida definitiva a lo que otrora fuera el socialdemócrata Partido Liberación Nacional PLN), se unió al señor Piza Rocafort; y ambos le condicionan al Gobierno votarle a favor su peculiar paquete de impuestos si este les da a ellos esa regla fiscal, regla mortal para una serie de servicios públicos realmente esenciales como los de la seguridad ciudadana.
Los diputados oficialistas se apuntan también, entregando sus postulados progresistas a la visión neoliberal de ajuste fiscal tipo “shock” fondomonetarista, que es lo que en el fondo significa esa regla fiscal. Y, por supuesto, los rescoldos libertarios están también en la danza.
La monstruosidad pretendida con estas dos iniciativas es que, en los cuatro años siguientes, el déficit fiscal se recorte en tractos, a como dé lugar; a razón de casi un punto porcentual anual de Producto Interno Bruto (PIB), es decir, casi 300 mil millones de colones eliminados de sopetón, de manera irresponsable; aunque esta palabra irresponsable se queda corta para calificar semejante barbaridad.
La monstruosidad pretendida es comúnmente conocida como regla fiscal en esos círculos neoliberales de esos cuatro partidos políticos, los del “Cementazo”.
Esta regla fiscal, regla mortal, se contiene, por una parte, en el proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente legislativo No. 20.580; por otra, en el proyecto de ley de reforma constitucional a los artículos 176 y 184 de la actual carta magna, dizque para garantizar “la estabilidad económica y presupuestaria” del país (expediente legislativo No. 20.179).
¡Tramposos! ¡Sí! Le están haciendo trampa al electorado que pretenden captar con sus promesas de política social en sus respectivos programas de gobierno. Esa regla fiscal, más bien esa regla mortal, no dejaría títere con cabeza en política social alguna (ni de otra clase); porque recortar casi 300 mil millones de colones en cada uno de los cuatro años por venir es imposible.
¡Tramposos! Especialmente Liberación y Unidad. Ambos son responsables no solamente de haber endeudado al país a tales niveles que la deuda pública es prácticamente impagable, por una parte. Por otra, por haber impedido, en sus sucesivos Gobiernos, que se tramitaran reformas tributarias progresivas, con lo cual ese endeudamiento gigante que nos está estrangulando hoy, a lo mejor, hubiese sido inmensamente menor.
Este asunto fiscal es tan grave que no puede resolverse en las sombras, en la penumbra del pacto politiquero, en la opacidad de la componenda al estilo combo ICE.
Una verdadera reforma fiscal, de carácter estructural y con visión de mediano y largo plazo pasa, necesariamente, por la comprensión cabal que, por una parte, no es justo más medidas de regresividad tributaria. Por ejemplo, aumentar el impuesto de ventas y/o transformarlo en impuesto al valor agregado, mediando una tímida reforma al de renta que no aportará nada a la progresividad tributaria. Esto es inaceptable.
Por otra parte, una verdadera reforma fiscal debe comprender el análisis sumamente responsable acerca de la serie de servicios públicos debilitados a lo largo de los últimos gobiernos porque han sido sometidos a recortes irresponsables, irreflexivos e irracionales, como los sufridos por la seguridad ciudadana.
Urge, por ejemplo, más inversión pública en esta materia. Las circunstancias son contundentes: el crimen organizado y la guerra narco por control territorial están desbordándonos como Estado.
Por su parte, los empresarios industriales están pegando el grito al cielo porque los asaltos a sus camiones repartidores les están generando pérdidas superiores a los 30 mil millones de colones anuales.
Nos preguntamos, entonces, ¿con ese tipo de regla fiscal a qué grado de extremismo de precariedad presupuestaria llevarían a los servicios públicos de seguridad ciudadana, como los de Fuerza Pública, con los brutales recortes que esa regla mortal presupone?
Finalmente, una verdadera reforma fiscal debe determinar los nuevos tributos imprescindibles que se necesita establecer por el lado de la progresividad tributaria; en análisis paralelo con los problemas de evasión, elusión, exenciones, exoneraciones, peajes-tasas para el dinero sucio, paraísos fiscales, entre otros aspectos.
La política suicida, social y económicamente hablando, del recortismo presupuestario-fiscalista de corte extremista, ni es socialdemócrata, ni es socialcristiana, ni es progresista. Es neoliberal y punto. Esta regla fiscal, verdadera regla mortal, no debe ser aprobada.
*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
