Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
_________________________________________________________
Desde los sectores dominantes en relación incestuosa con el neoliberalismo fracasado, insisten, por un lado, en el “plan escudo” (los hermanos Arias Sánchez); y, por otro, en la “flexibilidad laboral” (el gran empresariado de cúpula).
La verdad es que es el mismo lado, pretendiendo impulsar medidas que en nada variarán el status quo que han venido implantando en los últimos años: más concentración de la riqueza, más pobreza y más desigualdad, más asistencialismo clientelista electoral y más corrupción.
Próximamente se darán a conocer a la opinión pública una serie de propuestas para enfrentar la crisis, generadas desde los sectores sociales y laborales. Desde nuestro propio lado de la acera y con el aporte de una intelectualidad comprometida con la justicia social, se ha realizado un fuerte análisis que culminará con un anuncio público en tal sentido: la crisis se puede enfrentar sin sacrificar a los que nada de responsabilidad ni culpa tienen por la misma: la clase trabajadora en el amplio sentido de su concepto.
Lamentablemente, carecemos de un gobierno de la gente. Lo que tenemos es un clan de negocios haciendo plata a lo loco con la cosa pública. La ética y la transparencia, como está ampliamente demostrado, es cosa de mentirillas. Hay una especie de asalto organizado a la institucionalidad para llevar jugosas ganancias, con ropaje legal, a los bolsillos de los consorcios empresariales allegados a la estructura política gobernante.
Sin embargo, abogamos por un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, con base en los conceptos del Trabajo Decente, a tenor de los conceptos expresados en la declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe rechazar el trámite parlamentario del proyecto empresarial para volarse el Código de Trabajo, instaurando la famosa “flexibilidad laboral”. No es esta una época propicia para revertir derechos y/o para involucionar en materia de legislación social.
Es inadmisible dejar en total indefensión a la parte obrera ante una propuesta de reducirle el salario o modificarle su jornada. La parte laboral, como corresponde a una verdadera democracia, debe ser reconocida en cuanto tal en el seno de la empresa. El poder que da la ubicación patronal cuando se habla de relaciones laborales, tiene que tener el necesario contrapeso que constituye la libertad de organización de la parte obrera.
Por otra parte, la crisis es una oportunidad para el relanzamiento de las potencialidades del mercado interno; para instaurar una política pública que premie y ayude al empresariado que no despide gente; que acuda con diversos programas al rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas; que amplíe el poder de compra del salario para la reactivación de la demanda y del aparato productivo. La crisis es una oportunidad para revisar los injustos mecanismos redistributivos y para pedirle a los golosos del capital, mayor aporte inversor para mantener la paz social. Por ejemplo, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), debe dejar de ser una “república independiente” y debe exigírsele políticas orientadas a la promoción del bien común, dejando de ser la gerencia financiera del reducido grupo de poder que lo controla.
Al acercarse el Primero de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, debemos ratificar la importancia estratégica de la movilización obrera y social para defendernos y para hacer valer nuestras propuestas. Aunque la crisis no es nuestra culpa, culpa de la clase trabajadora, desde su seno salen propuestas serias para enfrentarla.
