Todo está indicando que la alianza de los partidos Liberación, Unidad, Libertario y los cristiano-evangélicos, que “asaltaron” el Directorio legislativo para el período constitucional 2016-2017, “huele a lirio”.
Parece que estaría resquebrajándose y no podía ser de otra forma dada la estupidez política que representó que se unieran con base en esa especie de ornitorrinco jurídico que es el expediente legislativo No. 19.923, mal llamado “Ley para racionalizar el gasto público”, pero que, realmente, es una iniciativa para aniquilar el sector público (tipo shock a lo Grecia).
Nada más contundente que lo que afirma la distinguida señora diputada, jefa de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), pues según consigna un periódico nacional, en su edición de este domingo 22 de mayo, se lee lo siguiente:
“La jefa verdiblanca dijo que se llevó una sorpresa cuando, ya firmado el acuerdo opositor, leyó los proyectos y se encontró con que eran un rejuntado de iniciativas que, en algunos casos, habían sido presentadas por el PLN y ya se habían avanzado mucho”.
Aparte de preguntarnos cuáles son esas esas “iniciativas que, en algunos casos, habían sido presentadas por el PLN y ya se habían avanzado mucho”, y que nosotros no conocemos; la indicada diputada está admitiendo la gran estupidez política que cometieron ese 1 de mayo fracciones parlamentarias como la que ella está jefeando; pues no se puede creer en que la misma haya sido “embarcada”, al firmar algo que, como ella lo cataloga, es un “rejuntado” (ornitorrinco jurídico), sino que representó un disparador de la agitación social del sindicalismo al punto de que, en sus diversas corrientes y fracciones, la tesis de Huelga General indefinida es consenso obrero.
Bien hace el también liberacionista diputado Ronny Monge Fallas, que en la misma nota de prensa que hemos citado aquí se deja decir lo siguiente: “No es que los empleados públicos sean los responsables del déficit fiscal. Mucho más tienen que ver los evasores, los elusores y la clase política en cómo ha gastado el dinero”.
Es más, si el mencionado periódico, fiel padrino ideológico de ese ornitorrinco jurídico que es el expediente legislativo No. 19.943, tituló este domingo anterior que “Grietas en el PLN y el PUSC amenazan unión de opositores”, la estupidez política en que incurrieron tales partidos con su “asalto” al directorio legislativo el pasado 1 de mayo, está más que confirmada y sentenciada a descarrillarse.
¡Pero!, lo que pasa es que en la Asamblea Legislativa cualquier cosa puede suceder, en el momento menos esperado, producto de las alianzas más insospechadas y de esos pactos cotidianos, en lo pequeño y en lo grande, que se suelen dar en los pasillos parlamentarios.
Así que esa estupidez política que no fue “embarcada”, merece ser derrotada de manera contundente vía la mayor movilización laboral posible y, ojalá, lo más unitariamente factible; pero, a la vez, con una sólida argumentación desde el lado laboral, pues hay muchísimos elementos e información al respecto, de forma tal que se pueda lograr la mayor comprensión ciudadana posible, la cual no es posible obtener vía la consigna hueca, el panfletarismo y la defensa de un gremialismo corporativista que podría ser hasta suicida para terceros directamente involucrados, aludidos y potencialmente afectados, aunque víctimas de manipulaciones perversas.
Es por eso que a este plano, el de la argumentación, le hemos dado gran importancia para el desarrollo y para el accionar de la corriente sindical que ocupa todo nuestro diario quehacer, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), inserta en el Colectivo Sindical Patria Justa; y ahora en sociedad, para la presente coyuntura, como Convergencia Sindical, con el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), junto con los agrupamientos obrero-sociales, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Aclaramos que la mención a estos grupos sindicales en este artículo es, exclusivamente, con fines de información para quienes nos dan el grandísimo honor de leerlos, nada más. Los contenidos del artículo son de exclusiva responsabilidad de este servidor firmante del mismo.
Pues bien, en esto del campo de la argumentación, más allá del panfleto, acaba de ser lanzada una investigación de gran rigurosidad científico-social y alto profesionalismo, que debemos leer todos cuantos estamos de este lado de la acera.
Es más, deben leerla, respetuosamente lo planteamos (o por lo menos, que pongan a sus personas asesoras a hacerlo), los diputados y las diputadas que escenificaron la estupidez político-parlamentaria del 1 de mayo, especialmente los que ahora argumentan, falazmente, eso de la “embarcada”, como la distinguida legisladora Clarke Clarke.
Estamos hablando del libro “Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas”, publicado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi); investigación que nos cae como anillo al dedo para la actual coyuntura sociopolítica que en nuestro país está en desarrollo y al rojo vivo.
Si del lado del capital más hegemónico se admite que la tal alianza parlamentaria de oposición se agrieta; si ya desde su propio seno se está aceptando la estupidez política (no “embarcada”) del 1 de mayo en ese “engendro del mal”, ornitorrinco jurídico, que es el expediente legislativo 19.923; si la tesis de huelga general (indefinida), dado el ataque artero al empleo público es compartida por todas las corrientes sindicales; si ya se sigue abriendo paso la conclusión de que el déficit fiscal no se debe a los salarios de quienes laboran para el Estado (planteamiento original nuestro hoy “universalmente” aceptado en el sindicalismo criollo, y más allá de él); entonces lo que corresponde es enfrentar conclusiones como estas a partir del importante estudio del Icefi.
Leamos:
“La consecuencia de no resolver de manera adecuada y permanente los desequilibrios fiscales de las últimas décadas ha sido la acumulación de deuda pública interna y el crecimiento de la partida de gasto por intereses.
Esto debe sumarse a los beneficios fiscales que existen para las rentas financieras. De esa cuenta, la política fiscal se ha convertido más bien en un mecanismo de redistribución inversa de la riqueza, trasladando recursos del agregado de la sociedad al grupo de tenedores de la deuda, contribuyendo además con la pérdida de equidad horizontal y vertical del sistema tributario.
El pago de intereses de la deuda, que sobrepasó en su momento el 4 % del PIB y fue una cuarta parte de los gastos públicos, se convirtió en una limitación para el crecimiento del gasto social y la inversión pública”. Nuestra convicción de que el déficit fiscal no es por responsabilidad de los salarios públicos se baña de hormigón con esta investigación del Icefi. Es que la procesión va por otro lado.
