Ante el problema social de la drogadicción, lo primero para esperar un resultado positivo es no considerar la droga como la quintaesencia del mal, pues esa actitud alimenta la política represiva que ha fracaso rotundamente.
Poco a poco se abren camino opiniones como las contenidas en el Manifiesto por una nueva política sobre la droga, firmado en Málaga el 2 de diciembre de 1989, (sí, hace 27 años) por sesenta magistrados, fiscales de audiencia y catedráticos de derecho de España. Dicho Manifiesto contiene una serie de apreciaciones que el pueblo costarricense merece conocer. Por eso las reproducimos a continuación:
1. Ante todo, no se han logrado las metas supuestamente perseguidas: Erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y consumo de drogas. Pese a la frecuencia de los decomisos se acepta de modo generalizado que el porcentaje de droga interceptada es mínimo respecto al cada vez mayor que se pone a disposición de los consumidores. Tal aumento de la oferta está en consonancia con el continuado incremento de la demanda por parte de los consumidores.
2. Simultáneamente, la droga se ha convertido en un producto muy caro, dados los elevados márgenes comerciales que retribuyen losa riesgos de traficar con un producto tan perseguido. Esto ha originado, en primer lugar, la aparición de poderosos organizaciones de traficantes con un poder económico sin parangón en toda la historia de la criminalidad y que en sus niveles medios y superiores eluden fácilmente la persecución penal. En segundo lugar, causa o agrava la marginación social de una buena parte de los consumidores que no poseen los medios económicos necesarios para adquirir la droga, lo que les induce a realizar actividades asociales o a caer e la delincuencia.
3. Consecuencia de lo anterior es que los recursos del sistema judicial penal se ven desbordados por la criminalidad vinculada al tráfico de drogas. Del mismo modo, el aumento de la población reclusa a que esta criminalidad está dando lugar empeora notablemente las condiciones de habitabilidad de las prisiones, dificulta aun más la aplicación de las leyes penitenciarias y refuerza las mafias carcelarias conectadas al suministro de drogas a los internos.
4. Las negativas repercusiones sobre la población en general son evidentes pues sufre el inusitado aumento de la delincuencia dirigida a procurarse dinero para adquirir droga. Ella es así mismo la que padece medidas indiscriminadas de control de esa delincuencia, que irrespetan los principios de un Estado de Derecho, como las redadas masivas o los reconocimientos anales y vaginales.
5. El Estado de Derecho está siendo conmovido igualmente desde otros puntos de vista: El poderío económico de los traficantes de medio y alto nivel les permite corromper instituciones esenciales de las democracias, desde los órganos de persecución penal hasta las más altas instancias representativas, por no citar las instituciones financieras.
