Ese presupuesto fue obtenido por iniciativa propia de las autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mediante gestiones directas en la Asamblea Legislativa, con ocasión del trámite, a finales del año pasado, del proyecto de Presupuesto de la República para 2004.
El INEC estaba esperanzado en obtener para 2004, un presupuesto total de 1016 millones de colones (incluyendo lo necesario para realizar la mencionada encuesta). Sin embargo, sufrió un recorte en la tramitación del citado presupuesto, ejecutado por el Ministerio de Hacienda; lo cual le obligó a gestionar por sí mismo, ante el parlamento costarricense, los fondos suficientes para llevar a cabo la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del presente año.
Ahora, sorprendentemente, es el propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), quien estaría obstruyendo la realización de esa encuesta; pues, para satisfacer el enojo del Ministerio de Hacienda ante la no aprobación pronta del denominado Plan Fiscal, accedió al nuevo recorte presupuestario ordenado por este último ministerio y, precisamente, por la suma de 65 millones de colones.
El chantaje del Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, para que le aprueben el nuevo paquete tributario, está llegando a extremos sencillamente ridículos. 65 millones de colones constituye una pequeñísima cantidad de dinero dentro de las voluminosas cifras inmersas en el asunto presupuestario, fiscal y tributario; dejando sin financiamiento un programa como la Encuesta de Hogares que produce valiosa información sobre la situación socioeconómica nacional.
Sin embargo, esa cantidad es estratégicamente vital para realizar la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del presente año y no hay justificación alguna (ni moral, ni jurídica, ni política y mucho menos ética), para impedir que se realice.
Con toda nuestra fuerza, exigimos muy vehementemente, al Gobierno de la República que exprese la voluntad política requerida para corregir lo que sería uno de los más graves errores en materia económica y social para este año; sea, impedir que se lleve a cabo tal encuesta.
Por otra parte, exigimos a las máximas autoridades políticas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), dar el respaldo necesario al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para que reciba los fondos originalmente previstos por la Asamblea Legislativa, para la ejecución de la mencionada encuesta.
Condenamos, enérgicamente, al Ministerio de Hacienda, por ordenar recortes presupuestarios absurdos y ridículos pero nefastos y contraproducentes, que afectan de manera sensible, políticas públicas de indudable interés ciudadano; como son la medición de las variaciones en la condición socioeconómica de las familias costarricenses, especialmente aquellas pertenecientes a la clase trabajadora.
No quisiéramos pensar en la existencia de alguna perversa y oculta intencionalidad política, por parte de los mayores mandos reales del Gobierno de la República, buscando impedir que la realización de tal encuesta, muestre la inobjetable realidad del bolsillo popular: una indetenible e injusta cadena de alzas que están golpeando, duramente, la ya de por sí bastante afectada estabilidad socioeconómica de las familias de la clase trabajadora.
San José, 12 de abril de 2004.
