Mientras que la cárcel privada de Pococí nos costaría casi 10 mil millones de colones, ¡al año!; con tan sólo 1.383 millones, el Patronato de Construcciones del Ministerio de Justicia y Gracia, financiará la construcción de esos 1.200 nuevos campos; precisamente, la misma cantidad de espacios de reclusión que tendría el penal privado que tanto cuestionamiento público ha generado.
El plan de desarrollo carcelario de Adaptación Social para el período 2003-2004, que dio a conocer la titular de dicha cartera ministerial, Lic. Patricia Vega Herrera, confirma que al Sistema Penitenciario Nacional tiene la capacidad para la contención de los diversos tipos de privados de libertad, aún los más peligrosos.
Sería un crimen para el país destinar los multimillonarios recursos para el negocio privado de la cárcel, a sabiendas de que tales dineros serían aprovechados de mejor manera, en sacar a gran cantidad de programas sociales de la deplorable condición financiera en que muchos de ellas se encuentran.
Esta situación cobra mucha mayor razón ahora que el propio Gobierno de la República, por intermedio del anuncio de la Ministra de Justicia y Gracia, reconoce, tácitamente, que no es necesario que los y las costarricenses, hagamos ricos a un consorcio extranjero con el negocio carcelario.
La honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene en sus manos la decisión final sobre el cuestionado proceso licitatorio de la cárcel privada de Pococí, debe considerar este nuevo elemento: la institucionalidad pública tiene suficiente capacidad aumentar la infraestructura carcelaria y a muchísimo menor costo para las ya de por sí deterioradas finanzas públicas.
San José, 11 de marzo del 2003.
