Ante los últimos eventos que involucran la muerte de compañeros de la Fuerza Pública, reiteramos el llamado que hemos venido haciendo para que se atienda de manera integral e interinstitucional, el problema del incremento en la inseguridad ciudadana y en la violencia que nos carcome como sociedad.
Una vez más hacemos hincapié en la necesidad de revisar y adecuar los protocolos de actuación en situaciones delictivas. Podemos ver como la situación en donde se da la muerte de uno de nuestros compañeros en Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, es muy similar al evento recién sucedido en Sarapiquí, en donde también perdió la vida un compañero de la Fuerza Pública.
Según hemos podido conocer, la alerta se da por medio del sistema de emergencia 9-11 en la misma se informó de la sustracción de un cabezal e inclusive se indicó la ubicación del mismo, para ese momento se manejaba la información. ¿Por qué se envía una móvil con dos oficiales a cubrir el incidente? La experiencia dicta que es posible presumir que se trataba de un asunto de alto riesgo.
En los últimos meses, sumamos cinco bajas de oficiales en cumplimiento del deber (incluyendo a los dos compañeros pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial, mismos que fueron acribillados a balazos por personas vinculadas al crimen organizado en Cañada Sur), aunque a estos últimos el MSP no los considere como héroes que ofrendaron la vida al momento de actuar por su instinto policial.
Estos lamentables eventos, tienen que motivar las acciones que desde hace tiempo se debieron haber tomado. Es imperativo dotar de mayor protección jurídica la actuación de los cuerpos policiales, es necesario fortalecer y ampliar la cobertura de las pólizas que se suscriben para las personas trabajadoras de la Fuerza Pública y demás cuerpos policiales, si bien la vida humana es invaluable, es necesario evitar la doble tragedia que viven las familias de nuestros policías, a la hora de hacer efectiva la póliza de vida de su pariente caído en cumplimiento del deber.
La función policial es considerada insalubre y de alto riesgo por especialistas en medicina del trabajo y de Salud Ocupacional, así las cosas, deberían nuestros cuerpos policiales estar dotados de mayor protección. Las probabilidades de tener un accidente laboral en la función policial son altísimas, sin embargo, al momento de que uno de nuestros oficiales es parte de una intervención en la cual termina con una incapacidad, no solamente sufre por la lesión acaecida, sino también por la reducción salarial que se deriva de la incapacidad.
Pero ahí no termina el calvario, puede ser que luego de la lesión sufrida en cumplimiento del deber, se emita una recomendación del Departamento de Salud Ocupacional, que indique que ese funcionario ya no es idóneo para desempeñar funciones policiales y como resultado de ello, se le notifique la perdida de algunos incentivos salariales. A nadie le parece importar que la supuesta pérdida de idoneidad sea resultado de una valiente acción en donde el funcionario pudo inclusive perder la vida.
La policía merece y requiere de mejores pólizas, estas deben incluir casos en que el policía intervenga en razón de sus funciones, aun estando libre, es momento de contar con mayor certeza jurídica para la actuación policial, es necesario que las autoridades dejen el doble discurso, se es policía las 24 horas los 365 días de año para efectos de aplicar una sanción, pero, ¡no sucede igual para reconocer los riesgos del trabajo!
Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional de ANEP
Presidente Seccional ANEP-Fuerza Pública
mainoranchia@anep.or.cr
