Respeto a la inminente privatización de los puestos de acceso y seguridad en las terminales aeroportuarias del país, la Seccional ANEP-Servicio de Vigilancia Aérea, firme y rotundamente, externa su oposición.
Como se ha hecho saber al Ministerio de Seguridad Pública, mediante oficio CO-UDO-FP-06-387-2017 y a la Dirección General de Aviación Civil, a través de nota con consecutivo número CO-UDO-FP-07-475-2017, los integrantes de la seccional sindical ANEP-SVA, recogen el sentimiento de los funcionarios y manifiestan su preocupación. Más allá de las posibles repercusiones a nivel laboral para los oficiales, la clara oposición a esta nociva ocurrencia, se reviste de intereses vinculados a la seguridad ciudadana y el prestigio de Costa Rica. Los argumentos específicos son los siguientes:
1) La normativa que regula la actividad aeronáutica costarricense, específicamente el RAC 17, establece que los puestos deben tener supervisores con capacidad de arresto. Un funcionario que trabaje para una empresa de seguridad privada no se reviste con el poder de estado, requerido para llevar a cabo la figura de arresto o aprehensión, al menos no de manera directa
2) Sin que nuestras afirmaciones sean peyorativas, tenemos que ser claros en que un efectivo pagado por una seguridad privada no cuenta con la misma experiencia, experticia y capacitación que un oficial del Ministerio de Seguridad Pública, más aún cuando se trata de temas específicos, como el que atiende Vigilancia Aérea, cuerpo especializado en la seguridad aeroportuaria. Esto genera una disminución en la calidad del servicio brindado.
3) Para captar personas buscadas por la justicia, que sean sujetas de una alerta de inteligencia a nivel nacional o internacional o, en su defecto, sospechosos de conformar bandas de crimen organizado, se requiere de una coordinación institucional tanto nacional como internacional. Las empresas de seguridad privada no poseen esos recursos, y, por obvias razones, no es posible otorgarles tal posición.
4) Finalmente, y a nuestra consideración el motivo de más peso: una empresa de seguridad privada, al igual que los demás negocios de carácter privado son creados con fines de lucro y acomodan sus actividades, acorde al tiempo y dinero “del mejor postor”. Ante tal situación es sencillo deducir que una seguridad privada es una organización mucho más propensa a ser absorbida por la corrupción. Ofrecimientos económicos de estructuras delictivas pueden fácilmente comprar la empresa misma, o a sus funcionarios, convirtiendo a este ente en un sujeto pasivo y/o participativo de actos propulsados por el crimen nacional e internacional.
Finalmente cabe destacar que consideramos decepcionante la posición adoptada por el Ministerio de Seguridad Pública, quien “se lava las manos” diciendo que las competencias son de otra instancia, lo mínimo que se espera de una institución dedicada a la seguridad ciudadana es que se exprese en contra de una clara vulneración a la seguridad. Aviación civil, no ha contestado…
