En primera instancia manifestamos nuestro respaldo para toda aquella actividad judicial que venga a garantizar la probidad en la función pública. Es necesario que indistintamente del ámbito de que se trate, las cosas se realicen en apego de la legalidad y con el más alto sentido de transparencia y espíritu de servicio.
Luego es importante decir, que esta situación no debe empañar la imagen de una inmensa mayoría de funcionarios (hombres y mujeres) que trabajan a diario con una altísima cuota de vocación, mística y compromiso con la Seguridad Ciudadana.
Apoyamos se mantenga una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública, en aras de depurar la institución y fortalecerla en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico. Esa depuración debe involucrar a todos los niveles, debe eliminarse algunas malas prácticas de antaño y que se han perpetuado en el tiempo.
El Ministerio de Seguridad Pública, debe cambiar el modelo de atención, debe mejorar la comunicación, establecer nuevas políticas y estrategias de prevención, debe preocuparse por la aparición de nuevos liderazgos.
El salario no define el que una persona sea honesta, pero es innegable la necesidad de mejorar el salario de los policías, los más mal pagados del gobierno central. Sin embargo, por mucho de los más honestos, por cuanto tenemos certeza de que la inmensa mayoría de oficiales de la Fuerza Pública, son personas honradas.
Finalmente, sobre la situación jurídica de los funcionarios sospechosos de actos delictivos, solamente esperamos les sean respetados sus derechos procesales, de conformidad con nuestro Estado de derecho. En caso de que sean hallados culpables, deberán asumir las consecuencias de sus actos.
