Preparan el “Combo No. 2”

María Florez Estrada
Redactora Semanario Universidad

Cuando la administración Arias alcanza sus primeros 100 días y encuentra que la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), junto con la conversión de los servicios de telecomunicaciones y electricidad en actividades mercantiles, es más lenta y trabajosa de lo que pensaba, ha optado por un cambio de estrategia: fusionar las leyes de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de apertura del sector.

Si bien la versión final de este nuevo proyecto todavía no fue presentada a las autoridades superiores de esta entidad, sí le fue anunciado en la primera semana de agosto, según una fuente bien informada, quien también aseguró que las organizaciones sindicales del Instituto se encuentran_ “detrás del palo”_ sobre lo que está ocurriendo.

“SE MANTIENEN LAS AMARRAS”

Según la fuente (cuya identidad pidió mantener en reserva) la posición del Gobierno cambió en la primera semana de agosto, luego de negociaciones con el Banco Central y la Junta Directiva del ICE, a partir de los cuales venía afinando su propuesta original.

“Anunciaron que unirán fortalecimiento con liberalización, pues no se quieren correr el riesgo de aprobar, primero, el fortalecimiento del ICE, y que luego no se apruebe el proyecto de apertura o el TLC”, dijo.
En resumen, agregó, “se trata de una segunda versión del combo, en la que se incorpora el marco para la competencia, bajo la rectoría de un Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)”.

“El anuncio oficial al ICE ya se hizo. Solo se están negociando pequeñas modificaciones a la propuesta de reforma”, continuó.

“Este nuevo proyecto abrirá el mercado, con TLC o sin él. Pero, lo más grave es que se mantiene la exigencia de tener que pasar por autorizaciones para el financiamiento de las grandes obras del ICE, a pesar de que se señala su autonomía de endeudamiento para las cosas pequeñas. Se mantienen las restricciones, más las apelaciones y el refrendo de las licitaciones públicas, en competencia. Como resultado, el ICE terminaría desapareciendo”, enfatizó.

Lo anterior queda en evidencia principalmente en el artículo 10 de la propuesta del Ejecutivo, referido al endeudamiento de la entidad, y que la fuente proporcionó.

Allí se establecen regulaciones diferenciadas para el endeudamiento que pueda hacer el ICE en grandes proyectos, según los servicios de la institución estén sujetos o no a competencia.

Así, en caso de estar en un régimen de apertura, se plantea que “el ICE y sus empresas podrán adquirir y ejecutar pasivos reales y contingentes sin requerir de la autorización previa del Poder Ejecutivo, Banco Central de Costa Rica o de cualquier otro ente u órgano externo a la institución.”
Pero, en caso de no haber competencia, solo “podrán adquirir y ejecutar pasivos reales y contingentes sin requerir de la autorización previa del Poder Ejecutivo, Banco Central de Costa Rica o de cualquier otro ente u órgano externo a la institución, con un límite anual de crecimiento en el índice de endeudamiento de un 20%.”

Además, con competencia o sin ella, “el nivel de apalancamiento (se refiere al límite del compromiso por este endeudamiento) máximo del ICE y sus empresas será del 60 %, respectivamente”. En este caso, la dirección del ICE plantea precisar que el apalancamiento sea sobre sus “activos”.

Sin embargo, una tercera opción, que barajan el Ejecutivo y el Banco Central, es que, en cualquier caso no importa si hay apertura o no, el ICE deba seguir las siguientes reglas: “Para el financiamiento de su capital de trabajo, de sus inversiones, el ICE podrá incrementar su pasivo total hasta por un monto anual equivalente a: multiplicar el saldo de su pasivo total al 31 de diciembre del año anterior, denominado en dólares de los Estados Unidos de América, por el factor resultante de sumar tres (CINCO) puntos porcentuales al promedio de la tasa de crecimiento real del producto interno bruto de Costa Rica, de los últimos tres años.”

El inciso agrega que “en el caso de que el ICE requiera incrementar su financiamiento en montos mayores a los contemplados en el inciso anterior, deberá someter sus requerimientos de financiamiento adicional a la autorización del Poder Ejecutivo, el cual, para su decisión, solicitará un dictamen al Consejo de Empresas del Estado en Energía y Telecomunicaciones.”

A su vez, para elaborar su dictamen, este Consejo deberá considerar: “i.- Las condiciones de oferta y demanda de los servicios para financiar por medio del endeudamiento adicional. ii.- El impacto en la capacidad competitiva de la economía. iii.- El acceso a estos servicios de los habitantes en condiciones de universalidad y solidaridad. iv.- La opinión del Banco Central de Costa Rica sobre la capacidad de endeudamiento total del país y el efecto del nuevo financiamiento en la balanza de pagos. v.La opinión del Ministerio de Hacienda respecto del impacto del financiamiento sobre la situación global de las finanzas públicas. vi. La opinión del Ministerio de Planificación Nacional sobre los requerimientos de inversión de otros sectores económicos y sociales y las prioridades del desarrollo nacional.”

Finalmente, “las decisiones del Consejo de Empresas del Estado en Energía y Telecomunicaciones serán adoptadas por mayoría calificada y el dictamen deberá ser motivado y razonado de conformidad con lo establecido según la Ley General de la Administración Pública. Las disposiciones contempladas en este artículo serán aplicables a CNFL, RACSA, CRICSA y demás subsidiarias con que cuente el ICE.”

UNIVERSIDAD intentó obtener la opinión del presidente Ejecutivo de la entidad, Jorge Gutiérrez Gutiérrez, sobre esta información, pero al cierre de edición, el lunes 14, no se había obtenido respuesta.

SITUACIÓN “MUY DELICADA”

Por su parte, consultado sobre el tema el ingeniero Ricardo Segura, fiscal de la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC), del ICE, consideró que “el reemplazo del proyecto de ley de fortalecimiento con uno de reforma del sector de telecomunicaciones, que involucra la apertura, plantea una situación muy delicada, similar a la que antecedió a la lucha contra el “combo del ICE”. En aquella ocasión, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez avanzó en esa misma dirección, es decir, se dejó de lado el fortalecimiento del ICE y se aventuró en el pantano del “combo energético” aperturista. Ya conocemos el resultado de esa decisión. Con estas agendas complementarias previas al TLC, que involucran el desmantelamiento del ICE y de otras instituciones, el gobierno va hacia un terreno “movedizo y pantanoso.”

El también miembro de la Comisión Política del Frente Interno de Trabajadores (FIT), de esa institución, consideró que “la inversión es clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la energía, especialmente en esta última, que es de gran cuantía para llevar adelante el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica. En esto, al ICE lo han debilitado sistemáticamente y no se vislumbra una intención política para mejorar esa situación.”

El dirigente sindical recordó que las decisiones de los gobiernos anteriores en cuanto al ICE “han sido para golpearlo de una u otra manera.”

Entre ellas, citó la concesión concedida a Millicom en la anterior administración Arias, que luego fue declarada inconstitucional; la Ley 7200 para la generación eléctrica privada, en la administraciones Arias y Calderón Fournier; la propuesta para la venta de activos del Estado y privatización del ICE, de Roberto Dobles y René Castro; la Ley 7508 para ampliar la generación en competencia, en la administración Figueres Olsen; el “combo” del ICE en la administración Rodríguez Echeverría; las propuestas de recorte de la inversión, en la administración Pacheco de la Espriella.

“Con esos antecedentes y en un gobierno de corte derechista como el de Óscar Arias no se puede esperar otro propósito que un ataque frontal a la institucionalidad costarricense. Por eso, es razonable que no quieran que el ICE invierta nada. Lo que les interesa es debilitarlo. Si la situación es seria ahora, en el caso de una apertura, el ICE paulatinamente se iría debilitando hasta convertirlo en un cascarón inservible”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que “los sindicatos del ICE, agrupados en el FIT, no están de ninguna manera “viendo para los cipreses”. Estamos conscientes de la responsabilidad política de nuestras decisiones. Estamos claros de que el país está enfrascado en una contradicción político social de gran envergadura. El Frente Interno del ICE, inició ya un proceso de trabajo para enfrentar este “big combo” aperturista, con el que se quiere poner en subasta al ICE.”

Segura también opinó que el ambiente se está caldeando.
“El TLC no es la contradicción en sí misma, es un acelerante de esa contradicción social, que avanza incontenible. La concentración de la riqueza es cada vez mayor y los mecanismos de distribución de riqueza están haciendo agua por todos lados. Todos sabemos que los salarios no alcanzan, es decir, que hay problemas. Estos y otros factores de alguna manera, indistintamente del TLC, están calentando el ambiente y todos los pasos que está dando el gobierno se orientan hacia una confrontación social. Ellos quieren avanzar en la contrarreforma y destruir el Estado Social. Que sigan por ese camino. Nosotros les vamos a oponer una feroz resistencia”, pronosticó.

“ES CONTRADICTORIO”

Por su parte, el experto en telecomunicaciones, Gerardo Fumero, llamó la atención sobre el hecho de que “a solo dos semanas de que el Consejo Directivo aprobara el Proyecto de Ley de Fortalecimiento del ICE, a pedido del Poder Ejecutivo, para que entrara con su aval a la corriente legislativa, el Gobierno envió un nuevo proyecto, que incluye aspectos que no deben estar en una Ley del ICE, sino en una Ley Marco de Telecomunicaciones.”

Sobre esto, añadió: “La primera idea que salta a la mente es que el Gobierno, desesperado por aprovechar el impulso de la nueva administración y antes de que sufra el tradicional desgaste y empeore su credibilidad, dispara con escopeta. Improvisación y ocurrencias, parecen ser el pan de cada día.”

Para ilustrar su punto, Fumero agregó que “la visita del señor Presidente al Vaticano para solicitar que los señores obispos de Costa Rica desistan de sus posiciones críticas respecto al TLC, y luego a Chile, requiriendo ayuda para sustituir nuestro modelo solidario por el de libre mercado chileno, conforman un panorama lamentable, pues revelan la incapacidad del Gobierno para convencer al pueblo de las reformas y la imposición del principio maquiavélico de que el fin justifica los medios.”

Además, en su opinión, el plan de la administración Arias de mercantilizar las telecomunicaciones es contradictorio con su declarado propósito de apoyar la educación como un pilar del desarrollo nacional.

“Si en algo ha hecho énfasis este Gobierno es en fortalecer la educación, sustrato para cualquier proceso de desarrollo. Es una verdad de perogrullo que las telecomunicaciones son, a su vez, un elemento estratégico para alcanzar un nivel de educación que impulse el desarrollo. No por casualidad nuestro país es líder en Latinoamérica en ambos campos. Sin embargo, de nuevo, el Gobierno, haciendo gala de su incongruencia, mientras habla de fortalecer la educación, limita la capacidad el ICE para endeudarse y, por tanto, para invertir, obstaculizando el desarrollo en telecomunicaciones, en energía eléctrica y por ende en educación”, dijo.

Y agregó que el argumento de que la inversión privada complementaría la inversión pública, no es válido, pues “a aquella solo le interesa su rentabilidad, jamás llevar servicios sino a los grandes centros urbanos ya cubiertos, por lo que lo único que se podría esperar en este caso, es que los privados desplacen al ICE de esos mercados, para convertirlo en un IMAS, en un INCOFER o en un CNP más.”

COMPROMISOS ATRASADOS

Si bien la administración Arias promovió, durante la pasada campaña electoral, la capacidad del también Premio Nobel de la Paz, de llevar al país en la dirección de un comercio de bienes, servicios y capitales sin restricciones por causas de interés nacional, mediante la aprobación legislativa del TLC y la consiguiente creación de un mercado de las telecomunicaciones, en la práctica la mar parece estar más brava de lo que calculó el capitán.

Según estipula el punto “II. Modernización del ICE”, del Anexo 13 del TLC, titulado “Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Servicios de Telecomunicaciones”, el país “promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE, a través de su modernización apropiada, a más tardar el 31 de diciembre de 2004.” (La Gaceta NO 225, Proyecto No. 16047, TLC, Tomo I, pg. 13-14, 2005)

Además, según el punto “IV. Principios regulatorios“ de ese mismo Anexo, Costa Rica se comprometió a tener en vigor un marco para regular los servicios de telecomunicaciones (Ley Marco de Telecomunicaciones), “a partir del 1 de enero de 2006.” (Ídem Pg. 13-15)

Como se recordará, la polémica suscitada por el cambio que se pretende introducir en cuanto a este servicio público llevó, en el 2000, al mayor levantamiento cívico ciudadano, que se prolongó durante un mes, en todo el territorio nacional.

Esto ocurrió luego de que la Asamblea Legislativa aprobara, en primer debate, el proyecto de ley respectivo, que precisamente fusionaba en una las tres leyes que se discután independientemente por eso fue popularmente bautizado como “el combo del ICE” , y que en una lógica temporal privilegiaban el fortalecimiento del ICE antes de una posible apertura.

A tal resistencia ciudadana siguió un fallo de la Sala IV, que objetó el proyecto por errores de procedimiento; pero en vista de la gran tensión social, en lugar de retomarlo, la entonces administración Rodríguez optó por dejarlo en el archivo.

Más recientemente, el pasado 19 de julio, y después de cinco años de trabajo, la UCR dio a conocer su posición frente a este tema, cuando su rectora, Yamileth González, presentó la alternativa “Propuesta de marco conceptual y jurídico para el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)”, la cual tiene como prioridad fortalecer las funciones del ICE y limita la apertura a servicios de valor agregado como las redes privadas, buscapersonas, troncalizados y/o información y difusión. (Ver UNIVERSIDAD 1676).

Otros aspectos de esta propuesta son: los servicios estratégicos (telefonía móvil e Internet) quedan reservados al ICE, el cual podrá desarrollarlos en alianzas con municipalidades, cooperativas y empresas privadas; el ICE se mantiene como operador único y no solo dominante; el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendrá la rectoría de estos servicios, en vez del MINAET; la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ejercerá la supervisión, en vez de una Superintendencia de Telecomunicaciones; la Presidencia Ejecutiva del ICE desaparecerá; se mantienen los subsidios a la telefonía básica y se incluyen nuevos subsidios para Internet, a través del Fondo de Servicio Universal; ARESEP asume el control de radio; y la capacidad de endeudamiento del ICE pasará del 23% al 60% del valor de sus activos.

Fuente: Semanario Universidad

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