En horas de la tarde de este día aciago para la Democracia costarricense, lunes 16 de julio de 2018, sus hasta ahora colegas magistrados integrantes de Corte Plena cambiaron la sanción que a don Carlos le habían impuesto pocas horas antes, de suspenderle ahora de su cargo sin salario, por dos meses, en vez de la amonestación escrita que ya le habían aplicado inicialmente, por su papel en la causa del cementazo cuando él era integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
Profundas interrogantes quedan que jamás serán disipadas. ¿Hubo “compadre hablado” entre algunos de los señores magistrados y el ahora expresidente de la Corte? Es decir, ¿se le habría recomendado a él, por parte de sus colegas, que resultaba mejor su renuncia de manera inmediatísima, a primera hora de este lunes 16, porque pocas horas después, por la tarde de este mismo día, la sanción inicial que le impusieron, de amonestación escrita, le sería cambiada por dos meses de suspensión?
¿Se le habría indicado a don Carlos que mejor garantizara sus prestaciones o su propia pensión millonaria, y que renunciara con toda celeridad, dado que una suspensión por dos meses y sin salario, le podría arriesgar a ser destituido por el parlamento, quedándose sin el santo y sin la limosna, es decir, sin pensión y sin prestaciones?
Pero, además, cabe formularse la interrogante si la salida abrupta de don Carlos de su cargo, es por algunas razones de fondo que tienen que ver con las profundidades del caso del cementazo, pues mucha ciudadanía sigue creyendo (en cuenta nosotros), que no todo salió a la luz; y que, tal vez, el ahora expresidente de la Corte sabía demasiado. ¡Qué va!… ¡El señor presidente de la Corte salió por la puerta de atrás!
Lo real es que la credibilidad ciudadana en su más alto estamento del sistema judicial se ha venido a pique.
Cuando en su propio seno, funcionarios judiciales de niveles medio y bajo, según la estructura de dicho sistema, pierden su cargo de manera inmisericorde, por faltas de menos envergadura y lo contrastamos con lo que aconteció en estas horas en el seno de la Corte Plena, estamos en presencia de una circunstancia que podría pulverizar a la Democracia misma, o al menos, provocarle una grave lesión de la cual tardaría mucho tiempo en recuperarse.
Toda esta especie de trama de opereta política, escenificada en pocas horas de un solo día, en el seno de la máxima instancia judicial del país, muestra la enfermedad de un sistema político que viene, peligrosamente, alejándose del sentir ciudadano, de las mayorías cívicas, del pueblo trabajador.
Si a esta especie de “compadre hablado” que pudo haber sido lo que se dio en el seno de la Corte Plena del pasado lunes 16 de julio, usted le agrega la especie de estafa electoral ocurrida en las pasadas elecciones presidenciales; usted no puede más que concluir validez del desarrollo de un perverso estado de indefensión ciudadana, a la cual no le está quedando ninguna instancia de la institucionalidad republicana que le merezca suficiente confianza y credibilidad.
Si a estas circunstancias, le adicionamos el entramado de corrupción que presupone el calamitoso estado de las finanzas públicas al punto de que se castiga al pueblo con más impuestos (combo fiscal), para que la robadera de los mismos siga en su desenfrenada locura, no queda más espacio que la autodefensa cívica expresada en ese legítimo mecanismo de oxigenación sistémica que es la Democracia de la Calle.
En lo inmediato, emerge con incuestionable potencia la legitimada demanda cívica que los otros tres magistrados sancionados con los dos meses de suspensión renuncien a sus cargos: don Jesús Ramírez, doña Doris Arias y doña María Elena Gómez. La continuidad de su presencia en esos altos cargos es un serio incremento en el descrédito del Poder Judicial.
Debe variarse el sistema de elección de los magistrados, aunque es algo sumamente difícil pues implica cambios constitucionales. Pero bien haría el actual parlamento en, al menos, impedir que los y las postulantes anden por los pasillos de la Asamblea Legislativa, autopromoviéndose, buscando votos diputadiles y ofertando qué sabe uno qué cosas con tal de quedar electos.
En materia de fallos constitucionales, algo debe hacerse para impedir el zigzagueo del cambio de los mismos; especialmente cuando tales cambios son para complacer la gritería de ciertos poderes mediáticos, creándose perversas injusticias y severas discriminaciones y crueles daños sociales.
Es más, la ciudadanía que va a verse afectada por esos fallos constitucionales debe saber si los mismos fueron redactados por el propio magistrado constitucional (pagado con salarios públicos de entre 8 y 10 millones de colones); o fue un segundo de a bordo quien lo elaboró para dar paso a la improvisación por encima de la probidad de la experiencia y del sabio conocimiento jurídico acumulado.
A 48 horas de los insondables acontecimientos intramuros de Corte Plena del pasado lunes 16 de julio de 2018, día aciago de la Democracia costarricense, la sensación de indefensión ciudadana con respecto a su institucionalidad política se ha fortalecido, lamentablemente.
