La denuncia que sale hoy en La Nación acerca de la contratación efectuada por la cartera ministerial de Justicia y Paz de un consultor para “diseñar el plan piloto que implementaría los brazaletes electrónicos”, nos lleva a llamar, fuertemente, la atención a la Casa Presidencial en el sentido de que es sumamente urgente una auscultación política profunda de los asuntos que se están dando en el seno de la unidad ejecutora de los 132 millones de dólares que al país prestó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la construcción de delegaciones policiales y centros cívicos para la paz, así como para las unidades productivas y brazaletes de monitoreo extramuros para personas privadas de libertad. Además, de 1 millón de dólares para partidas de “transparencia”.
Este consultor estaría hoy laborando para el Ministerio de Hacienda y, por ejemplo, sería más que necesario tener claro, cómo habría llegado a esta entidad, qué está haciendo y qué salario está devengando. Además, entre otros aspectos, es preciso establecer si declaró los miles de dólares recibidos para efectos de impuesto sobre la renta. Igual de importante es conocer cuáles atestados le acreditaron para ejecutar tal consultoría, qué valoró el despacho ministerial al respecto; quién le recomendó para ello, así como su papel en la pasada campaña electoral.
Desde julio del año pasado 2014, la ANEP expresó sus primeras preocupaciones al respecto, en oficio NO. S.G. 13-17-0576-14, dirigido a la Licda. Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz; quien, a su vez, respondió a la ANEP en su nota MJP-351-08-2014, fechada 5 de agosto de 2014.
En la carta de la ANEP le recordábamos al Presidente Solís, el apartado No. 4 de su documento “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e instituciones autónomas”: “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”. (El subrayado es nuestro).
Lo que se ha informado de la consultoría otorgada al señor Carlos Navarro Piedra pareciera reñir con varios conceptos del indicado compromiso ético presidencial, razón de más para que el mandatario Solís intervenga como se lo estamos pidiendo.
Desde entonces la ANEP ha estado recibiendo diversas informaciones que expresan preocupaciones de que no todo anda bien en las operaciones técnico-administrativas inherentes a la ejecución de dicho préstamo.
Por ejemplo, presuntamente una firma privada de nombre “MAVACON”, integrante a su vez de un consorcio empresarial contratado para la construcción de unas tres delegaciones y un centro cívico, estaría afrontando serios problemas de liquidez y tendría problemas para honrar sus compromisos laborales y aunque ganó la licitación del caso, parece estar en riesgo de caer en incumplimiento de contrato.
Adicionalmente, tenemos entendido que esta firma empresarial habría también sido beneficiada con una contratación directa para construir instalaciones penitenciarias, por un monto total de 1.700 millones de colones; de los cuales una buena cantidad le serían “adelantados” para que, a su vez pudiera honrar compromisos empresariales con las firmas socias de esas construcciones.
De constatarse con certeza que este tipo de situaciones podrían estarse presentando, junto a otras de controversia análoga y/o similar que podrían estarse gestando; el país podría sufrir un gran descrédito, toda vez que este préstamo es el primero en su género otorgado por dicho ente financiero.
Además, es urgente la constatación de los atrasos que ya se vienen presentando y que estarían generando para el país altos intereses porque se estaría presentando un nuevo episodio de la “lentitud” de gestión ejecutiva de estos empréstitos, muy característica de la política pública nacional cuando debe hacer este tipo de ejecuciones préstamos del exterior.
Por tanto, incluso ante las controversias entre el personal profesional costarricense y el extranjero contrato por el BID sobre las potestades de éste para incidir en la operación cotidiana de las tareas de la unidad ejecutora, reiteramos que el propio Presidente de la República debe meter mano en este asunto con la urgencia debida.
Toda esta circunstancia, entre otras consideraciones, motivaron a la ANEP para que con ocasión de la negociación con este Gobierno para el pago en sede administrativa de las deudas por disponibilidad contraídas por el Estado con los y con las integrantes de la Policía Penitenciaria (compromiso que reconocemos se viene honrando); se introdujera en los acuerdos al respecto del pasado 13 de noviembre de 2014, la cláusula 7: “El Viceministro de Trabajo gestionará ante el Ministerio de la Presidencia la solicitud de convocatoria a una mesa de diálogo sobre la situación del Sistema Penitenciario Nacional”.
Esta convocatoria, esta mesa y este diálogo sobre lo que la ANEP viene conceptuando desde el gobierno anterior como LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL se torna extremadamente urgente, potenciado el caso ahora mucho más con esto del préstamos del BID.
