- Los “padres y madres de la Patria” se olvidaron de la gran mayoría ya que ni una sola ley fue aprobada para la reactivación económica, ni para atajar el crecimiento de la desigualdad, ni para empezar a corregir la gravedad de la injusticia tributaria
Al concluir el primer año del período parlamentario constitucional 2018-2022, la actual Asamblea Legislativa deja una enorme e injusta deuda con las miles de personas ciudadanas que con sus votos les llevaron a ocupar sus respectivas curules diputadiles; deuda que podemos resumir en los siguientes tres ámbitos:
Ni una sola ley para empezar a corregir la gravedad de la perversidad de la injusta estructura tributaria costarricense, la cual hace que quienes ganan menos tengan que pagar más, proporcionalmente hablando.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la espantosa realidad de los 8.5 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se dejan los ladrones de impuestos en todas las formas, algunas inimaginables, en materia de evasión y de elusión fiscales, con cobertura legal o sin ella.
Ni una sola ley para empezar a cambiar la no menos espantosa realidad de un abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones fiscales que representa, en la actualidad, 6 puntos PIB.
Esos 14.5 puntos PIB significa la gigantesca cifra anual de 5 billones 75 mil millones de colones (¢5.075.000.000.000). Cada mes, las arcas públicas dejan de percibir unos 423 mil millones de colones (¢423.000.000.000); o, lo que es lo mismo, 14 mil cien millones de colones diarios. Más dramático aún: 587 millones 500 colones (¢587.500.000), ¡cada hora!
“No hay razón política, no hay razón ética, no hay razón moral para que esto permanezca intocado por la Asamblea Legislativa; a no ser, como suponemos, que los poderosísimos intereses de los meganegocios que se reproducen con tales cifras, tengan fuertes representantes parlamentarios, como se colige indudablemente”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador del Colectivo Sindical Patria Justa.
Para la ANEP, es inconcebible que no haya ni una sola ley para la reactivación económica en un país que tiene a casi 100 mil jóvenes sin trabajo y un índice oficial de desempleo por encima del 12 % (pero que es mucho mayor); en un país cuyas mayorías presentan altísimos niveles de endeudamiento; con salarios ya en proceso abierto de precarización y cuya fuerza de trabajo, en un 50 %, está en la informalidad y al margen de la Seguridad Social…
“No hay ni una sola ley para desacelerar el creciente, sistemático y sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad, como lo sería la regulación del abusivo cobro de intereses en tarjetas de crédito y, en general, de los intereses de usura, por ejemplo. O, la regulación efectiva del precio de los medicamentos para bajarlos sensiblemente. O, para establecer una regulación financiera diferenciada para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuya afiliación es ciento por ciento de personas trabajadoras asalariadas sufriendo por esos intereses de usura, expoliadores de los ingresos familiares, cada vez más en caída libre”, agregó Vargas.
No se ha presentado ni una sola iniciativa para establecer una canasta básica realmente nutritiva, de acceso universal para las familias pobres, de ingresos bajos y medios, altamente endeudadas; una canasta básica que represente una inversión para prevención en salud y, por ende, economía nacional en materia de atención hospitalaria en un futuro, que es la medicina más cara.
Por el contrario, luego de la injusta aprobación-imposición, mediando trucos reglamentarios, le impusieron al pueblo la mal llamada ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, detestada ampliamente por la ciudadanía como ha quedado constando ya; y cuyo rechazo es más intenso y extendido hoy en día, cuando se avecina el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para agravar la situación de las mayorías populares, se disponen a aprobar un nuevo préstamo por $6 mil millones, solamente para favorecer los egos de una administración gubernativa más preocupada por quedarle bien al mercado financiero y a sus gestores de la banca; llevando a niveles realmente catastróficos un endeudamiento público y un más grave pago de intereses obscenos, que las clases populares no pueden soportar más seguir pagando.
Definitivamente, una Asamblea Legislativa totalmente aislada del sentir popular, ajena a las más básicas necesidades de la gente, aumentando el descrédito del sistema político y dando campo abierto a que siga la corrupción en todas sus manifestaciones.
