Esta ley, al consolidarse, tendrá varios efectos negativos de profunda repercusión social. Veamos dos de ellos.
Por un lado, el ingreso masivo de capital privado a los servicios públicos municipales encarecerá éstos, dada la lógica de ganancia que implica privatizar tales servicios. La gente en las comunidades, especialmente de los sectores populares y medios, tendrá que pagar una mayor cantidad de impuestos municipales para hacer “rentable” la inserción de capital privado en la actividad municipal.
Por otro lado, esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales ha de provocar despidos, reducción de derechos laborales y sociales, bajas salariales, eliminación de las convenciones colectivas de trabajo, existentes y/o futuras, de las municipalidades. Además se dará una profunda represión de toda forma de organización sindical, como suele suceder en la empresa privada.
Ahora se explica con absoluta claridad las verdaderas intenciones de otra ley, también aprobada recientemente y que también tiene que ver con el régimen municipal, la “Ley General de Transferencia de Competencia a las Municipalidades”. Con esta ley se dará un impresionante flujo de recursos financieros para los municipios desde el Presupuesto Nacional-Gobierno Central (del orden del 10 %). Entonces, tan enorme cantidad de plata será para favorecer las rentas de los negocios empresariales que vendrán con la privatización de servicios públicos municipales que se autorizan al margen de esta otra ley, la “Ley para privatizar los servicios públicos municipales mediante sociedades mercantiles”.
Igual de relevante serán los espacios que se abren para todo tipo de tráfico de influencias y de abierta corrupción, desde los sectores jerárquicos político-gerenciales de las alcaldías y concejos municipales; pues la impresionante y astronómica cantidad de recursos que les dará el Gobierno, desatará las más insospechadas apetencias de enriquecimiento fácil con los servicios municipales convertidos en negocios privados.
Denunciamos que ni la ANEP ni otros gremios municipales fuimos consultados y/o convocados para dar nuestra opinión durante todo el artero y oscuro proceso de tramitación parlamentaria de la ley privatizadora de los servicios públicos municipales. Estamos seguros de que, tampoco, fue tomado el parecer de organizaciones ciudadanas, comunales, vecinales, cívicas y/o patrióticas.
Esta ley privatizadora de los servicios públicos municipales plantea dos alternativas ante su realidad. “Llorar sobre la leche derramada” es una, quedándonos en la crítica y/o en la autocrítica por carencias preventivas en cuanto a quienes, obligadamente, nos correspondía un eficiente monitoreo de las movidas, por lo general oscuras, que se dan en un parlamento neoliberal como el saliente (con las honrosas excepciones que tienen nombre y apellidos); un parlamento dócil, complaciente, funcional al sistema de la hegemonía del capital.
La otra alternativa. La realmente democrática. La lucha que hay que dar por parte de importantes grupos laborales municipales, a favor de la comunidad y por la defensa de las conquistas y derechos sociolaborales del personal de los municipios de Costa Rica y sus respectivas familias.
Nos matriculamos en esta segunda alternativa. Por eso hacemos un vehemente llamado para que empecemos este jueves 29 de abril, uniéndonos a la manifestación que se está convocando en contra de la ley del “Salario Único”, proyecto “gemelo” del municipal. Ambos son hijos del TLC con los Estados Unidos y los TLC’s que están en seguidilla: Singapur, China y la Unión Europea (UE). Igualmente, un segundo momento de lucha en ambas situaciones, será este sábado Primero de Mayo. No hay de otra. Con la democracia de la calle hay que enfrentar la “dictadura en democracia”.
Además, hay que desarrollar una ofensiva de denuncia, de esclarecimiento, de concientización hacia las comunidades, para involucrarlas en esta enorme lucha que ya se está perfilando; habida cuenta de que con la ley privatizadora de los servicios municipales, la gente tendrá que pagar más impuestos municipales.
Para el viernes 14 de mayo, se dará, en San José, una gran reunión nacional de representantes laborales y gremiales de los 81 municipios del país y de representaciones comunales de diverso orden.
Estamos absolutamente claros de que se ocupará de una gigantesca fuerza laboral en movilización, así como de un gran apoyo comunal-ciudadano para combatir la ley de privatización municipal. Es la única forma de evitar el desenfreno del negocio privado con la actividad municipal.
No hay duda de que ya estamos, como sociedad y como país, en tiempos de TLC’s. La ley de privatización municipal es parte del marco político-ideológico de la hegemonía del capital. Llamamos hegemonía del capital a la insaciable voracidad por acumular plata, que caracteriza a pequeños pero poderosos grupos de empresarios, los cuales buscan apropiarse de todos los servicios públicos que el país ha tenido para promover el bien común, para transformarlos en fuentes de enriquecimiento privado. Ahora le tocó el turno a los servicios públicos municipales.
