Como lo hemos venido señalando y en referencia a otros ámbitos sensibles de la política pública destinada a la promoción del bien común y de la inclusión social en la acongojante situación nacional del crecimiento de la desigualdad (el problema número 1 de nuestra realidad nacional actual); la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue estando asechada por poderosas fuerzas del poder económico dominante, ese que pese a las elecciones sigue teniendo el control del real poder político-hegemónico en el país. La primera privatización abierta y sin tapujos de los EBAIS entregados al consorcio empresarial-mercantil Unibe, no deja la menor duda de la envergadura de la amenaza contra institucionalidad pública de la Caja.
En la misma línea, la privatización del principal régimen de pensiones de Costa Rica, Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja, tiene un lugar preferencial dentro de la agenda inmediata de ese gran poder.
Con diversa información en nuestras manos hemos venido constatando que la intencionalidad estratégica en el caso del IVM-CCSS es “convencernos”, especialmente a la clase trabajadora que cotiza para el mismo, de que éste está “quebrado”. Si esto resultara “técnicamente” demostrable, entonces será muy fácil de introducirle reformas de corte privatizador.
En tal sentido nos ha llamado poderosamente la atención la carta que ha firmado el señor M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe del Área Actuarial, de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social; oficio DAE-121-2014, fechado 13 de febrero de 2014, bajo el siguiente asunto: “Sobre la eventual contratación del oferente Eduardo Melinsky, para realizar la valuación actuarial externa del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la CCSS”.
Don Cristian Torres Jiménez se dirigió a la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la Caja; así como los jerarcas de la misma, licenciados José Luis Quesada Martínez, Gerente de Pensiones; Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero; Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico; y, Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno; para indicarles que “surgieron serias dudas acerca de uno de los oferentes, concretamente, del Dr. Eduardo Melinsky. Lo anterior luego de revisar y analizar el estudio actuarial que el Sr. Melinsky realizara del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. En un primer momento, las dudas fueron compartidas por la misma Supen, lo cual generó un primer criterio consensuado, de donde se desprendía que existían riesgos de contratar al oferente Eduardo Melinsky”.
Más adelante en la nota en mención leemos: “…, es mi deber externar y hacer de su conocimiento, sobre la existencia de un riesgo de que no se alcance el objetivo general de la licitación internacional que dio lugar a todo este proceso, cual era de contar con una valuación actuarial independiente del más alto nivel y de calidad, instrumento sobre el cual trabajó tanto la Caja como la Supen, de forma conjunta. La contratación del oferente Eduardo Melinsky, pareciera más bien un contratar por contratar, y no contratar porque resulte la mejor opción”.
En esto de la licitación internacional para saber cuál es la realidad del mayor sistema de pensiones del país, el IVM-CCSS, resalta el pleito entre la Caja y la Supen que se dio en el camino hacia la selección de la firma consultora del señor Eduardo Melinsky. Al principio, tanto la Caja como la Supen indicaron que contratarle a él para tal estudio era un “riesgo”; sin embargo, al final la Supen se desdijo pero la Dirección Actuarial de la Caja mantiene la tesis del “riesgo”. ¿Qué pasó?
En el ambiente latinoamericano donde se tratan temas de la Seguridad Social, a la firma del señor Melinsky se le vincula con organismos que internacionalmente promueven la privatización de la Seguridad Social; y, ahora en el caso costarricense, la Dirección Actuarial de la Caja duda de la objetividad con que tal firma realizó el estudio actuarial del fondo de pensiones del Poder Judicial a cual se le diagnosticó un estado “catastrófico”, partiendo de las proyecciones financieras del estudio que al mismo le practicó el señor Melinsky.
Para el jerarca de la Caja que firma la carta que venimos comentando, el estudio que hizo este señor sobre el fondo de pensiones del Poder Judicial “resulta totalmente irrazonable y genera serias distorsiones, tanto en los momentos críticos, como en el nivel en el cual, se supone, debe estar la prima de cotización para que el sistema sea sostenible”.
¿Qué está pasando? Lo primero que debería hacerse es parar esa licitación internacional y dejar el asunto en manos del nuevo gobierno, sea cual sea. Para nadie es un secreto que la Superintendencia de Pensiones (Supen), “se la tiene jurada” al sistema de pensiones IVM-CCSS y hace tiempo está en una especie de “santa cruzada” para desacreditarlo cada vez que puede, intentando sembrar una desconfianza sobre su sostenibilidad financiera futura, en el corto y en el mediano plazo.
Tanto ha avanzado la Supen en su afán privatizador del sistema de pensiones IVM-CCSS que ha forzado que se gasten varios millones de dólares para esa licitación internacional a fin de que se lleve a cabo esa “valuación actuarial externa del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la CCSS”.
Si la ideología del señor Melinsky es similar a la de la Supen y si ésta lo que quiere es que alguien “objetivo” le certifique de la “inminente quiebra” del sistema de pensiones IVM-CCSS; pues, entonces, nada resultaría más apropiado que sea la firma del señor Melinsky la que haga esa “valuación actuarial externa”; pese a que, como se ha indicado, existen serias dudas de la transparencia con que se hizo la valuación actuarial del fondo de Pensiones del Poder Judicial; tanto así como para que la propia Dirección Actuarial de la Caja le indique a sus máximas jerarquías que contratar a la firma del señor Melinsky es un “riesgo”.
Nosotros pensamos que ante la duda razonable que expresa el señor MSc. Cristian Torres Jiménez, en su calidad del Jefe del Área Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, no debe la actual Junta Directiva de la misma contratar al señor Melinsky. No se debe ceder a las presiones de la Supen cuyas intenciones de que se privatice el sistema de pensiones IVM-CCSS, pasan por desacreditarlo completamente ante la opinión pública del país y, en especial, ante la clase trabajadora cotizante del mismo. No se debe ceder a las presiones de la Supen, uno de los bastiones de la hegemonía política imperante en nuestro país, la del capital financiero-bancario de corte neoliberal. Con respeto pero con vehemencia y desde esta columna, solicitamos a la Junta Directiva de la Caja y a la Presidencia Ejecutiva de la misma, amplias explicaciones a la ciudadanía trabajadora cotizante del IVM-CCSS.
