La Universidad de Costa Rica ha elaborado una propuesta para el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad y la regulación de las telecomunicaciones.
Así lo dio a conocer el miércoles de esta semana en conferencia de prensa la Dra. Yamileth González, rectora de la institución.
Después de estudiar, deliberar y hacer planteamientos que se recogen en documentos que se remontan a 2000, cuando fue creada por la Rectoría de la universidad la Comisión Especial sobre Telecomunicaciones, en esta oportunidad el alma máter tomó la iniciativa de formular dos proyectos de ley tendientes a_ “establecer los lineamientos y contenidos del marco regulatorio y operativo del sector de telecomunicaciones en Costa Rica”_.
En momentos en que el Poder Ejecutivo anuncia que enviará a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas legales, entre las cuales figuran las relativas al ICE, y que estas procuran una apertura de esa entidad que va más allá de lo negociado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la propuesta de la UCR resulta no solo oportuna sino necesaria a fin de contrastar lo que parecen ser visiones diferentes sobre las telecomunicaciones.
La propuesta conceptual de la universidad, presentada de manera detallada y con argumentación sólida, busca conciliar las demandas tecnológicas de competitividad con las garantías de protección de un servicio público universal.
A su vez, señala un conjunto de principios rectores que deben sustentar la legislación a fin de propiciar “el desarrollo económico y social del país en un marco de igualdad de oportunidades de acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento”.
Entre esos principios rectores destacan: * universalidad del derecho a la comunicación y a la información, (b)* solidaridad, asociada a la creación de un fondo para financiar los servicios de acceso universal, (c) competitividad de precios y suficiencia financiera, (d) reinversión en el sistema nacional de telecomunicaciones, (e) regulación de los servicios brindados por todos los proveedores en cuanto a calidad, precio y cobertura, etc.
Un aspecto doctrinario que se enfatiza en la exposición universitaria es el que señala que las telecomunicaciones, dada su importancia actual y futura para la vida social, no pueden ser tratadas, ni jurídica ni económicamente, como una mercancía más, sujetas únicamente a los mecanismos de la oferta y la demanda. Constituyen un servicio público y es responsabilidad ineludible del Estado definir las políticas que deben regir el sector.
En temas específicos, se propone modificar el Decreto Ley 449, que dio nacimiento al ICE, a fin otorgarle nuevamente a la institución instrumentos que le permitan agilidad y flexibilidad en el desempeño de sus funciones sin renunciar al control y la transparencia en la administración, contratación y gerencia.
En cuanto al marco regulatorio del sector de telecomunicaciones, se hace una distinción precisa respecto a tres funciones que deben estar claramente establecidas: rectoría, regulación y gestión. También se hacen formulaciones puntuales y se resalta la necesidad de una administración más racional y eficiente del espectro radioeléctrico.
Enhorabuena por este aporte de la UCR, que seguramente servirá para alimentar un debate de gran trascendencia para el presente y futuro del país.
7/21/2006
