– Esta reorganización fue promovida por Juan Manuel Quesada, Expresidente Ejecutivo, Alejandra Mora, Gerente General y María José Castillo, Subgerente
La Seccional de ANEP en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), denuncia públicamente las severas inconsistencias técnicas, omisiones críticas, ausencia de participación y falta de transparencia en la propuesta de “Reorganización Institucional Parcial” contenida en el Estudio Técnico de julio 2025, elaborado por el Consorcio Aguas de Escazú.
Esta propuesta, lejos de resolver los problemas estructurales de la institución, pone en riesgo el servicio público, precariza el empleo institucional, carece de rigor técnico y fue elaborada sin una consulta legítima, técnica, ni jurídica, con el personal institucional, ni con las partes interesadas externas, como las ASADAS, sindicatos y usuarios del servicio.
Principales irregularidades y faltantes de la propuesta
1. Sobre el análisis funcional y la duplicidad de funciones
- El documento afirma haber evidenciado duplicidad de funciones mediante “análisis funcional”, sin embargo, la fuente principal es una encuesta anónima aplicada en 2023, no un estudio técnico riguroso. No se adjunta ninguna matriz técnica que precise cuáles funciones están duplicadas ni evidencia empírica.
- No se usaron estudios de cargas de trabajo, flujos de procesos reales, ni instrumentos metodológicos de evaluación funcional. Tampoco se indica cuánto tiempo dedicó la consultora a este diagnóstico ni si se empleó personal de planta del AyA para validarlo.
2. Impacto grave en el recurso humano
- Se proponen fusiones, eliminaciones y reconfiguraciones de unidades, sin indicar cómo se implementarán sin despidos ni reducción de plazas. Esto es técnicamente imposible.
- Se sugiere la reasignación y traslado de plazas, cambios de perfiles, sin contemplar el pago de indemnizaciones, ni mecanismos de protección para los trabajadores afectados.
- No se presenta un plan de capacitación, ni adaptación de los perfiles actuales de puestos al nuevo modelo propuesto.
- Se ignora el impacto psicosocial del cambio y no se acompaña de estudios de clima organizacional ni de cargas de trabajo.
3. Estructura organizacional propuesta vs. realidad institucional
- Se habla de reorganización “parcial” pero se modifica toda la estructura institucional.
- La estructura planteada no es consistente con el nuevo mapa de procesos, lo que puede generar mayor fragmentación y afectar la eficiencia institucional y la ejecución de proyectos.
- Se confunde y revuelve la función rectora del AyA con la función operativa y delegada, lo cual implica una distorsión del modelo de gobernanza institucional.
4. Ausencia total de estudios financieros, legales y de riesgo
- No se presenta flujo de caja proyectado, ni análisis de costo-beneficio de la reorganización.
- No se cuantifican los costos de inversión en tecnología, capacitación, ni cambios en sistemas.
- No se aporta análisis jurídico de la Dirección Jurídica del AyA que vincule la propuesta con el marco legal y reglamentos vigentes.
- No se indica cómo se cubrirán los costos de implementación ni cuál será el impacto en la tarifa final al usuario.
- No se presenta análisis de riesgos, ni plan de acción preventivo ante impactos negativos operativos, técnicos o legales.
5. Grave falta de consulta y legitimidad
- El único insumo participativo citado es una encuesta anónima y autodirigida, sin control técnico ni representatividad estadística.
- No se adjuntan actas, minutas, acuerdos, ni sesiones de trabajo con direcciones ni sindicatos.
- El estudio no incluyó a las más de 1000 ASADAS del país, a pesar de que muchas operan bajo delegación del AyA.
- No queda claro cómo se seleccionó la consultoría contratada, ni se explican los criterios de contratación.
6. Riesgo de precarización laboral y tercerización encubierta
- El documento habla expresamente (p. 40) de tercerizar procesos no críticos, lo cual puede ser la antesala de privatizaciones parciales, debilitando el carácter público del servicio.
- No se aclara qué procesos se consideran “no críticos” ni cómo se define el criterio.
- El planteamiento favorece la concentración del poder en la Gerencia General, disminuyendo la autonomía técnica y desconcentrada.
7. Inconsistencias internas y errores
- El documento presenta errores graves: por ejemplo, en la página 33, hay inconsistencias en la distribución del personal entre áreas sustantivas y administrativas.
- La propuesta no indica cómo se van a coordinar los procesos clave del ciclo de inversión, lo que podría entorpecer aún más la ejecución de obras.
- La formulación de proyectos sigue dispersa entre varios actores, y el paso del diseño a la ejecución dependerá aún más de la coordinación vertical de la Gerencia General, creando cuellos de botella.
- No se indica cómo se definió el personal requerido por unidad.
8. Sin cronograma, sin fases, sin ejecución
- El estudio no presenta un cronograma de implementación, ni fases, ni responsables.
- No hay plan de acción, ni distribución de recursos humanos, tecnológicos y físicos para la ejecución de la nueva estructura.
- No se muestran resultados esperados, metas cuantificables ni mejoras concretas al servicio.
EXIGIMOS:
- La suspensión inmediata de la reorganización hasta que exista una revisión independiente, técnica y validada del estudio presentado.
- La apertura de una mesa de trabajo con sindicatos y funcionarios técnicos para rediseñar la propuesta con participación vinculante.
- La rendición de cuentas del proceso de contratación del Consorcio Aguas de Escazú.
- El respaldo jurídico integral a cualquier modificación estructural, conforme a la Ley Marco de Empleo Público y la normativa del AyA.
- La garantía de derechos laborales, no despidos, no tercerización y respeto al régimen de empleo público.
Este documento no es un estudio técnico, sino una declaración política disfrazada de modernización. No presenta pruebas, ni respaldo legal ni financiero. Se elaboró sin consultar a quienes sostienen la operación del AyA: su personal técnico, administrativo y de campo.
La ANEP no avalará una reforma institucional impuesta desde arriba, sin participación, sin datos confiables y sin respeto por los derechos humanos laborales y sociales.
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO. SU GESTIÓN DEBE MANTENERSE PÚBLICA, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.
