Sindicatos de los cuerpos policiales del país anunciaron este martes en conferencia de prensa la rotunda oposición a los proyectos de ley que atentan contra el empleo público y que se encuentran en la Asamblea Legislativa, especialmente el proyecto de Ley N° 19.923 “Racionalizar el Gasto Público”.
Para los trabajadores de los cuerpos policiales, el proyecto contempla dos artículos (12 y 14) que vendrían a precarizar aún más el salario que reciben. Además, a esto se unen los recortes presupuestarios que perjudican la seguridad ciudadana en todos los ámbitos.
Por ejemplo, el artículo 12 del régimen de disponibilidad estipula que: “el porcentaje de personal de la institución sujeto al régimen de disponibilidad no podrá ser superior al 20% del total de funcionarios de la institución”.
Mientras que el artículo 14 establece que: “El incentivo por excelencia en el desempeño se reconocerá a aquellos servidores que hayan recibido la máxima calificación, como resultado de la evaluación del desempeño según la escala definida, en los niveles de evaluación (…)”.
El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía explicó que, aunque la intención de los legisladores es aplicarlo solo a trabajadores de nuevo ingreso, esto provocaría desigualdad entre trabajadores con las mismas funciones, por lo que es inviable en un país de derecho.
“En el caso de un oficial de la Fuerza Pública con escala básica (agente1) este proyecto afectaría el salario mensual. Por ejemplo, dejaría de percibir ¢75.000 mensuales de disponibilidad y ¢6.500 en anualidades aproximadamente. Para nadie es un secreto que los cuerpos policiales son los más mal pagamos del Poder Ejecutivo y nadie ha hecho nada por eso. El salario promedio de un policía con los pluses incluyendo la disponibilidad ronda los ¢500.000 mensuales”, dijo Anchía.
Los cuerpos policiales sindicalizados, entre ellos la Policía Municipal de San José, Guardaparques, Policía Profesional de Migración, Policía Aeroportuaria, Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, Policía Penitenciaria y Fuerza Pública crearon una alianza para que los proyectos que atentan contra en empleo público no sean aprobados.
Ricardo Carpio, representante de la Seccional ANEP-Policía Municipal de San José indicó que una de las observaciones es que con la propuesta pretenden violentar la autonomía de las municipalidades.
“Quieren involucrarse y hacer que las municipalidades pierdan autonomía no solo administrativa sino también financiera, ya que nos afectaría en términos de disponibilidad, dedicación exclusiva, entre otros rubros”, agregó Carpio.
Roberto Molina, del sindicato de Guardaparques detalló que desde la creación de la Ley de los Parques Nacionales en la década de 1970 han trabajado sin que se les reconozca la disponibilidad, el riesgo policial, ni las horas extras.
“Un guardaparques trabaja jornadas hasta de 18 horas diarias, no nos reconocen ni horas extra y ya no aguantamos. Los más de 300 guardaparques ya tomamos una decisión y si tenemos que cerrar los parques nacionales lo vamos hacer”, recalcó.
Los funcionarios de los cuerpos policiales resaltaron que han pasado de reunión tras reunión con las distintas autoridades para que se dignifique el trabajo policial, sin embargo, a la fecha siguen sin recibir una respuesta.
