Después de una intensa y fuerte oposición por parte de los empresarios y sus aliados políticos en la Asamblea Legislativa y en algunos medios de comunicación, por fin la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), aceptó la creación del registro de accionistas, pero eso sí con algunas condiciones. A dichos empresarios que promueven la adhesión a los Tratados de Libre Comercio y a Organismos Internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no les gusta para nada la idea de que Tributación tenga acceso de una forma fácil y expedita al citado registro y con lo cual pueda conocer quiénes son los accionistas que se benefician con las utilidades generadas por sus empresas. Y cuestionaban vehemente los argumentos expuestos por las autoridades hacendarias, en cuanto a la necesidad de esa base de accionistas y que la OCDE la requiriera dentro de sus políticas económicas de evaluación a los países aspirantes a pertenecer a dicho organismo.
Fue tal la gritería e histeria empresarial que tuvo que venir el propio Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, a regañarlos y llamarles la atención por pretender que el país juegue en las grandes ligas, pero continuando con prácticas tributarias regresivas e infestadas de sospechas de toda índole. Por lo que Gurría de una manera clara y contundente manifestó lo siguiente: “El Estado debe tener en sus manos la información sobre los accionistas de las empresas y para dónde van los dividendos. En una democracia como esta es muy difícil de entender cómo, quién y por qué se pueden oponer a que el Estado tenga esa información”. Esta situación es totalmente aparte y en nada se relaciona con las personas trabajadoras de este país, que no somos accionistas ni tenemos sociedades anónimas, pues dependemos de nuestro salario y que si pagamos impuestos, tanto el de renta, cuando nos lo rebajan mensualmente de la planilla como el de ventas cuando lo pagamos en las compras que hacemos en el comercio nacional. Por el contrario sabemos de la maraña de sociedades que se crean con el fin de esconder ingresos de dudosa procedencia como el narcotráfico, terrorismo, blanqueo de capitales, dádivas etc.
Manifestamos al principio que la UCCAEP, aceptó la creación del registro de accionistas, pero bajo ciertas condiciones, por lo que las autoridades hacendarias y del Ejecutivo, deben explicar transparentemente al país, cuáles fueron esas condiciones y que si dentro de estas condiciones se encuentra que la administración y el manejo de la base de accionistas lo va a realizar la UCCAEP, lo cual sería contraproducente y poco efectivo en la lucha contra la evasión fiscal, pues sería como poner al ratón a cuidar el queso.
Además a cuánto ascendería para el erario público la prestación de dicho “servicio tributario” por parte de UCCAEP, brindado en forma “desinteresada, patriótica y por el bien del país”.
Queremos que se explique claramente a la población hacendaria y a la ciudadanía en general a cambio de qué fue que cedió la UCCAEP para que se creara el registro de accionistas. Además que se indique cuáles son los negocios que mantiene con el Estado costarricense, Ronald Jiménez, Presidente de UCCAEP, pues según el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, en su rabieta política por el cambio de posición de la Cámara Empresarial, adujo que dicho cambio obedece a los intereses económicos originados por los contratos de las empresas de Jiménez con varias instituciones del Gobierno.
ANEP-HACIENDA EN LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, PERO QUE ÉSTA SE REALICE CON DIGNIDAD Y SIN COMPROMISOS HUMILLANTES
