Nuestro sindicato ANEP-HACIENDA desde hace mucho tiempo se ha manifestado y ha sido sumamente críticos del ciclo del pago de alquileres por parte del Ministerio de Hacienda, el cual ha resultado totalmente perverso, sangrante y derrochador de los fondos públicos, haciéndose más notorio, cuando a finales del anterior gobierno se firmaron algunos contratos “ a toda prisa “, dejándolos formalizados y sin poder de decisión para las nuevas autoridades que asumieron funciones. Ante la magnitud de este problema, actualmente se discute la disyuntiva de si comprar el Edificio del Centro Corporativo El Tobogán o construir en terrenos propios.
Por la actitud de denuncia y de protesta que hemos mantenido a través de los años, nos satisface enormemente que se vea una luz en el camino, que se reconozca la gravedad de esta situación y que se ponga el tema sobre la mesa, por lo que reconocemos y aplaudimos cualquier esfuerzo que se realice, en la búsqueda de oportunidades y alternativas que acaben con la dimensión que ha alcanzado el rubro del pago de alquileres y que el Ministerio de Hacienda deje de ocupar el deshonroso puesto de ser el inquilino más caro de todo el sector público. Consideramos que se debe terminar con este círculo vicioso que favorece a empresarios privados que han financiado campañas políticas y que luego ven como su inversión se multiplica con creces, convirtiéndose en un negocio redondo, el cual es costeado con los impuestos que pagan los sacrificados ciudadanos costarricenses. Estos egresos exorbitantes que se cancelan por alquileres deben reducirse al máximo y así el Ministerio de Hacienda dar el ejemplo y no permitir que sea utilizado en este pernicioso esquema financiero, por medio del cual inversionistas millonarios de la talla de Donald Formal, los Raventós ( incluido su pariente Antonio Álvarez Desanti ), los Fischel, Hogares de Costa Rica, Inversiones Mirá etc, aumentan cada vez más sus ya de por sí infladas cuentas bancarias, causando a cambio de esta situación más empobrecimiento y desigualdad en nuestro país.
En cuanto al argumento de construir, este cuento lo venimos oyendo desde hace casi una década, durante la Administración Arias Sánchez, cuando fueron Ministros de Hacienda, don Guillermo Zúñiga y la Sra. Jenny Phillips, siendo su Director Administrativo y Financiero el Sr. Fabricio Chavarría, cuando se hablaba de la Ciudad Hacendaria, la cual nunca se hizo y por el contrario los alquileres se extendieron a diferentes puntos del casco central y disparándose aún más este gasto con la creación de la Dirección Regional Centro que dividió la Administración Tributaria en Este y Oeste, además de contar dicha Dirección con una planilla élite sumamente cara, donde se han duplicado funciones y cuyos resultados en el desarrollo de programas y recaudación de impuestos no han llegado a cumplir con las expectativas planteadas con su instauración.
Además es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda no tiene la experiencia gerencial ni ejecutora para llevar a cabo y supervisar en forma eficiente un proyecto de tal volumen, nos remitimos a la débil inspección y control que se han ejercido, en cuanto a los requerimientos exigidos sobre la garantía de las obras y la calidad de los materiales utilizados en las remodelaciones y reparaciones que se han hecho en las Aduanas fronterizas, las cuales han resultado en su gran mayoría en trabajos superficiales, tipo parche, que no solucionan los problemas y que provocan el desperdicio de sumas cuantiosas de recursos públicos. Precisamente en relación a este tema, no podemos dejar de mencionar, cuando en la Administración de la Sra. Laura Chinchilla y por medio de un convenio suscrito entre el Instituto de Desarrollo Agrario ( IDA ), ahora denominado INDER y el Ministerio de Hacienda, cuando ejercían como Presidente Ejecutivo del IDA el Sr. Rolando González ( actual diputado de Liberación Nacional ) y el Sr. Fernando Herrero como Ministro de Hacienda, se acordó que en Cholomar en la frontera sur del país, por el reconocimiento de las “mejoras“ efectuadas en las instalaciones de un reconocido Almacén Fiscal, se pagara la suma, nada despreciable, de aproximadamente 600 millones de colones, con el ánimo de que esa infraestructura fuera utilizada por la Aduana de Paso Canoas, que al final se reducen en una bodega y varias oficinas que se construyeron, por lo que consideramos que con ese monto tan elevado de inversión, se hubiera podido edificar una aduana nueva, moderna y acorde con los requerimientos del comercio internacional. Sin embargo, ante esta transacción confusa, dudosa y sospechosa, la Contraloría General de la República, tan preocupada por nuestra ” Licencia de Antigüedad “ y que se manifestara recientemente por la compra del edificio del Tobogán, no se pronunció ni emitió criterio alguno.
En relación con la adquisición del inmueble del Tobogán, nuestra organización sindical considera que es una alternativa para acabar con el flagelo de los alquileres, por lo que solicitamos una copia del proyecto de la compra, con el fin de aclarar algunas dudas que tenemos, como por ejemplo el gravamen que pesa sobre dicha propiedad. Consideramos que las autoridades ministeriales deben establecer claramente que esta es la mejor opción que se presenta actualmente en el mercado inmobiliario y que todo el proceso de la compra esté respaldado en óptimos criterios técnicos, que resulten enteramente transparentes y objetivos, además, que no se quede ningún tipo de comisión en el camino. Finalmente si la compra se materializa y si justificadamente hay que comprar Mobiliario y Equipo , que este activo se compre sin extravagancias ni lujos, que se haga estrictamente apegado a las necesidades institucionales y en este mismo sentido se deben orientar las remodelaciones que con carácter estricto y muy necesario se tengan que hacer, debemos recordar que no vamos a acondicionar ni a poner bonitas nuestras oficinas particulares, sino que se trata de oficinas estatales, financiadas con el erario público.
