Muy probablemente al publicarse este artículo en la edición de hoy de La Prensa Libre, miércoles 17 de setiembre de 2014, se ha reanudado, desde ayer, martes 16, la huelga del personal trabajador de la Municipalidad de Tibás. Prácticamente, el 100 % de este colectivo laboral ha estado participando en esta huelga. Debemos felicitarles, reconocerles su valentía y, por sobre todo, la defensa de su propia dignidad.
Esta huelga en la Municipalidad de Tibás expresa, con toda claridad, la enorme dificultad de la gestión político-ejecutiva de los municipios de Costa Rica, dada la competencia de poderes en su seno.
Es decir, estamos frente al dilema de determinar cuál instancia institucional debe tener la principal responsabilidad en la toma de decisiones político-administrativas y operativo-ejecutivas: Ó la alcaldía, ó el concejo.
Esta dualidad de poderes en las municipalidades se vuelve más patética cuando la irracionalidad se impone a la lógica administrativa pese a que ésta está cubierta de legalidad. Lo que ha venido ocurriendo en la Municipalidad de Tibás es “paradigmático”. La situación llegó a un ridículo insuperable.
La pugna estalla por el aumento salarial que por costo de vida debe aplicarse su personal, valedero para el segundo semestre del año en curso. 4.14 % es la variación oficial en la inflación pero en la Municipalidad de Tibás, la alcaldía, la comisión del concejo (dos regidores), las representaciones laborales legítimas, acordaron en el seno de la institucionalidad correspondiente (la Junta de Relaciones Laborales), que ese ajuste por costo de vida fuera 4% general. Además, se trata de una decisión tutelada por la normativa laboral vigente, la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), cuya validez fue certificada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de manera contundente.
No obstante, de las siete personas propietarias regidoras del Concejo de Tibás, 4 decidieron que esto era así; y, por tanto, decidieron que en vez de ese 4 , lo que se debe aumentar es un 3. La crisis llegó y la huelga estalló.
Con este ejemplo y con un recuento de experiencias recientes en una buena parte de las municipalidades del país, tenemos evidencia contundente de que la dualidad de poder alcaldía vs. concejo, ha venido provocando serios trastornos: parálisis institucional, deterioro de las relaciones interpersonales, trabajadores sometidos a una “guerra de fuego cruzado”, paros, huelgas, persecuciones, amenazas, acusaciones penales, procesos judiciales, etc.; y, como los mayores perdedores de dicha pugna dual: la gente de la comunidad.
Sin duda alguna se impone alguna reforma legal al Código Municipal. Muchos líderes y liderezas laborales-sindicales están conscientes de ello. Y, en términos generales, hay conciencia en la comunidad municipalista de que esto hay que resolverlo. Ó se le da todo el poder suficiente a la alcaldía para la gestión ejecutiva, operativa y administrativa de la cotidianeidad; ó seguimos “condenando” a que los concejos sigan decidiendo hasta el nombre de la marca del papel higiénico que se debe comprar, cuando su rol debería ser más estratégico. Por ejemplo, para el impulso del desarrollo local con equidad.
En tal marco de contradicción y de lucha de poder, alcaldía vs. concejo, será un atentado contra la ciudadanía, contra la comunidad, contra los mismos servicios públicos, pensar en ampliar y profundizar los procesos de descentralización para potenciar más el poder de los gobiernos locales que son los municipios.
Nosotros creemos que el gobierno más cercano a la gente es el de carácter municipal; pero, si el sistema político sigue tolerando esta guerra de poderes, alcaldías vs. concejos, las municipalidades del país irán en retroceso. Algo hay que hacer al respecto.
