Al hablar de Administración Central del Estado nos referimos a cada empleado público y a cada empleada pública de los diferentes ministerios y sus respectivos programas, integrantes todos del Poder Ejecutivo; de todo ese tipo de entes adscritos a los mismos, incluidos aquellos que tienen personería jurídica instrumental; de los poderes Judicial y Legislativo (incluidos en este la Contraloría y la Defensoría).
También hablamos de todo aquel personal que recibe su salario mensual vía transferencias de fondos desde el Ministerio de Hacienda hacia sus respectivas instituciones con autonomía constitucional, como las universidades públicas; e incluso en las municipalidades del país que tienen personal pagado mediando leyes que dependen de los recursos enviados desde la indicada cartera ministerial.
¿De cuántas personas trabajadoras asalariadas estatales estamos hablando? Tal vez, unas 150 mil. Aproximadamente, la mitad (o un poco más), del total de la fuerza laboral del país conceptuada como empleo público.
En momentos en los cuales es inminente que el actual Gobierno emita un nuevo decreto salarial para establecer, de manera unilateral, el monto del reajuste por costo de vida correspondiente al segundo semestre de este año 2017 y para todo este indicado personal estatal (más el que no está dentro de lo que venimos denominando como la Administración Central del Estado); reajuste que será de 0,75 % para el sector profesional y de un 1,01 % para el no profesional, es preciso puntualizar varias reflexiones que de seguido le compartimos.
Si Costa Rica no transforma de manera radical su estructura tributaria, esta cruda realidad que ya se está viviendo de un congelamiento salarial de facto en todo el sector público del país (más allá de la propia fuerza laboral de la Administración Central del Estado), no solamente se consolidará e involucionará hacia el no reconocimiento de la inflación oficial; sino que, más grave aún, tenderá a la rebaja salarial pura y dura. Pero, ¡a algo más grave… todavía!
Note usted que, ya para este segundo semestre de 2017, el personal profesional de la Administración Central del Estado ni siquiera recibirá el 1,01 % que se registra como la variación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pues se les aplicará menos que ese escuálido porcentaje: el 0,75 %.
Es decir, el camino de la ruta del congelamiento salarial nos conduce a la del no reconocimiento de la inflación salarial oficial (ya de por sí “sospechosamente” baja); sino que, con esta circunstancia, de consolidarse lamentablemente el congelamiento, se nos pone en las puertas de dos más negativos todavía escenarios posibles, de corto plazo, en cuanto a este personal de la Administración Central del Estado: la rebaja salarial, por un lado; por otro, la dramática circunstancia de la reducción de puestos… ¡los despidos! ¡Sí! ¡Los despidos!
Considerando nuestras propias limitaciones de conocimiento especializado en estas complejas materias fiscales-impositivas, hace tiempo llegamos a la conclusión, reiteradamente planteadas de manera terca en estos escritos y por otras vías, en cuanto a que, si nuestro país no procede a impulsar una Transformación Tributaria Estructural, a las familias trabajadoras asalariadas del Estado les espera un futuro bastante peligroso y doloroso.
Esta Transformación Tributaria Estructural es complejísima y multifacética. Además, para que se dé, requiere de una gran fuerza político-social que está por construirse y cuyo primer paso deberá ser la unidad sindical en la acción que, lamentablemente, en estos momentos parece imposible por la división cruda que expresa el sindicalismo tico.
Pese a tal complejidad de esa Transformación Tributaria Estructural, consideremos este dato.
El costo total de la planilla de la Administración Central del Estado según el presupuesto “general” de la República para el pasado año 2016, fue de 2,4 billones de colones, algo así como unos 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB).
Pues fíjese usted que esta cifra de 8 puntos PIB, es igual, casi idéntica, a la suma de todos los dineros que el fisco deja de percibir, anualmente, por todas las formas de evasión, de elusión, de robo de impuestos que con ropaje legal o sin él, se produce en nuestro país.
Aquí está uno de los fundamentales retos que debemos acometer desde los sectores populares: apoyar todas aquellas propuestas administrativo-jurídicas y legislativas para el combate más frontal al robo de impuestos en todas sus manifestaciones; procediendo a avalar cambios de fondo en materia de, por ejemplo, nuevas reglas sobre el cobro y la aplicación del impuesto sobre la renta procurando un gran objetivo:
Que dejen de pagar más los que, proporcionalmente hablando, tienen menos; y que los que tienen más paguen proporcionalmente a lo que acumulan sumándoseles todas sus rentas (renta global o universal), cerrándoles todos los portillos para evadir y/o eludir sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.
Las matrices mediáticas dominantes no permiten que la ciudadanía en su conjunto pueda comprender este tipo de circunstancias y lo que se le impone a la gente en su inconsciente colectivo es que el déficit fiscal es culpa de los salarios de quienes laboran para el sector público (en este caso, para la Administración Central del Estado); y que es culpa de este personal el hecho de que el Gobierno se endeude todos los días para pagar los salarios de la gente que labora en él.
Como podrá haberse notado, la lucha por la Transformación Tributaria Estructural es tremendamente dura y más difícil será si cada una de esas personas trabajadoras asalariadas de la Administración Central del Estado, junto a sus respectivas familias, no interioriza la relevancia de aportar e involucrarse en la misma, más allá de si está agremiada-sindicalizada o no lo está.
Otras clases trabajadoras del sector público y estatales de otros países que llegaron a este punto, cuando reaccionaron, ya no había nada que hacer. En Costa Rica estamos a tiempo…
