Santo Domingo, 13 feb (PL) Nuevas exigencias de Estados Unidos a República Dominicana para lograr más concesiones antes de la entrada en vigor de un Tratado de Libre Comercio (TLC) regional, provocaron hoy expresiones de rechazo del Gobierno.
El secretario de Industria y Comercio (SEIC), Francisco Javier García, advirtió que el Estado dominicano no está obligado a aceptar requisitos adicionales para aplicar el TLC firmado con de Estados Unidos y Centroamérica.
La entrada en vigencia del DR-CAFTA, como se conoce el acuerdo por sus siglas en inglóés, ha venido sufriendo postergaciones desde el pasado año. En cuanto la parte dominicana accede a una demanda, surge otra.
El gobierno de Estados Unidos, denunció García, ha presentado a las autoridades dominicanas nuevos requisitos “no incluidos en el texto aprobado, y eso no podemos aceptarlo”.
“Todo lo que Estados Unidos requería como requisito para la entrada en vigencia del DR-CAFTA, el país ya lo cumplió”, recalcó el funcionario.
Las nuevas presiones provienen ahora de la transnacional Texaco-Chevron a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en esta capital, en busca de monopolizar el transporte de combustible con sus camiones.
Con ese propósito la compañía estadounidense canceló 45 contratos a empresas transportistas nacionales, en el interés de controlar una actividad cuyos ingresos anuales ascienden a tres mil millones de pesos (90,9 millones de dólares).
Un “intercambio de información” con las autoridades comerciales estadounidenses a principio de año hizo a las autoridades dominicanas abrigar esperanzas sobre la entrada en vigencia del tratado el 15 de enero pasado.
El 7 de enero ya se habían cumplido las últimas exigencias estadounidenses al eliminar el impuesto selectivo a los automóviles y autorizar la importación de vehículos de más de cinco toneladas y hasta 15 años de antigüedad.
Mas el país no fue certificado para entrar y empezaron a solicitar nuevas informaciones sobre una resolución gubernamental de diciembre pasado para intervenir y regular cancelaciones de contratos del transporte de combustibles, entre distribuidoras y transportistas.
Con esa resolución, las autoridades dominicanas fijaron su posición en torno a la decisión unilateral de Texaco-Chevron, de acuerdo con su llamado Proceso Global de Optimización del Transporte, para intentar controlar la distribución de combustibles en el país.
Fuente: Prensa Latina
