En un hecho sin precedentes, y continuando con la cadena de dudosos procedimientos en el tema de la concesión de los muelles del INCOP, el ente regulador pretendía aumentar las tarifas de los muelles de Caldera en 21.93%, en una audiencia en la cual se marginaba la participación de la comunidad puntarenense.
El aumento tarifario, propuesto por un “equipo técnico” de la ARESEP, pretendía ser aprobado ayer y entraría en vigencia 30 día después.
El exagerado y arbitrario aumento lo cobrarían, el nuevo concesionario del Instituto de Puertos del Pacífico, INCOP, el colombiano Domingo Chinea y empresarios costarricenses aliados, que inician funciones el próximo viernes 11 de agosto, cuando otra institución pública pase a manos privadas, y además extranjeras.
La tarifas actuales se mantendrán, aún cuando cuentan con menos personal, hasta tanto no se realice la nueva Audiencia en Puntarenas, según Resolución de la Sala IV.
Paúl Zúñiga, presidente del INCOP hasta el momento, dijo que el hecho de que la audiencia se realice en Puntarenas, como lo expresa la Sala IV, no es trascendental ni los afecta, y agregó que “continuamos como se programó, haremos un acto solemne en el muelle en el cual contaremos, posiblemente, con la presencia del Presidente de la República, Oscar Arias, y al que también hemos invitado al Presidente colombiano Alvaro Uribe y miembros del Gabinete”.
ARESEP a la espera
No contento con la Resolución de la Sala IV que suspendió la audiencia, Fernando Herrero, Regulador General, dijo que solicitará una “aclaración” para ver si esta audiencia se suspende ya que según su criterio, “esta llegó tarde”.
Única oposición
La suspensión de la Audiencia de ARESEP, a favor del aumento tarifario a los nuevos concesionarios de Caldera, fue presentada por la ANEP ante la Sala IV.
Jonatan Canales Hernández, junto a Paula Calderón Devandas, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, estuvieron presentes en la audiencia montada en San José. En la misma exigieron que tanto los personeros del INCOP como los nuevos concesionarios respondieran a las objeciones presentadas, sin embargo, esa posibilidad fue tajantemente rechazada por personeros de la ARESEP.
“La Audiencia debe realizarse en Puntarenas, es justo que todas las partes tengan derecho a estar presentes y exponer sus posiciones, la lejanía de San José le niega ese derecho al pueblo puntarenense a expresar su oposición”, dijo Canales Hernández, quien agregó que “los cálculos de tarifas se han hecho apegada a los intereses de una de las partes interesadas sin ninguna razón técnicamente fundamentada porque mantienen los mismos costos como si tuvieran que pagar por las Convenciones Colectivas del personal y administrativos actuales, 65%.”
Además añadió que, tanto a importadores como exportadores, les subirá los costos por cuanto los nuevos concesionarios mantendrán o subirán tarifas por servicios que ya no prestarán.
“En menos de 20 años, por lo que concedieron Caldera, recuperarán la inversión dado que han despedido a más de 1.000 trabajadores, los que representan el 65% de los costos actuales de operación”, señalo Jonatan Canales, quien concluyó diciendo que “esta Audiencia debió de haber sido anulada, ya que hasta hace pocos días las hojas de fijación tarifaria no las tenían completas y no fue sino hasta el 20 de julio que terminaron de entregarlas, y todos sabemos que se requiere de 30 días para analizarlas como lo dice la Ley”.
