Reforma tributaria del Gobierno: Nos oponemos a más impuesto para el pueblo

En tal sentido, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), dejamos constancia por esta vía de nuestras primeras impresiones al respecto, aunque entregaremos a las señoras diputadas y a los señores diputados, más adelante, consideraciones más puntuales y específicas al respecto.

Antes de entrar en detalle queremos reconocer la cortesía del señor Ministro de Hacienda, el doctor Fernando Herrero Acosta, quien en dos oportunidades nos ha considerado para exponernos, en términos generales, las intenciones gubernamentales sobre esta reforma tributaria.

Primero: Antes de cualquier consideración sobre eventuales subidas impositivas o establecimiento de nuevos tributos, debe partirse de la circunstancia de que el crecimiento de la desigualdad es el problema número uno del país en los actuales momentos. Las autorizadas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), así como el reporte del 2010 emitido por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), de las Naciones Unidas (ONU), no dejan lugar a dudas al respecto. También es contundente el señalamiento del más reciente informa del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible; y, para que no quedara la más mínima duda, ahí está el informe último del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Costa Rica no solamente no reduce la pobreza, sino que ésta crece; aumenta el número de familias en situación de vulnerabilidad de pobreza; y, crece, sin freno, la desigualdad. Estamos involucionando en materia de integración e inclusión social.

Segundo: Si consideramos que casi la mitad de la población económicamente activa del país en estos momentos, genera sus ingresos producto de su trabajo en el mercado informal y el cuentapropismo; si consideramos que una de cada tres personas trabajadoras asalariadas en empleo formal en el sector Privado, gana por debajo del mínimo de ley o en la línea de éste; si consideramos que el actual nivel de esos salarios mínimos es insuficiente y empobrecedor; si consideramos, también, que la gran mayoría del personal al servicio del sector Público ha vivido una política salarial restrictiva durante los últimos gobiernos; y si consideramos que la política pública ha dejado a su suerte, estratégicamente hablando, a las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo que éstas constituyen casi el 90 % del parque productivo nacional; entonces aquí hay que ser contundentes e indicar que la pretensión de subir el impuesto de ventas, del 13 al 15 %, representa una agresión económica descomunal, aceleradora de ese pernicioso proceso de crecimiento de la desigualdad y, por tanto, de obligado rechazo ad portas ante las necesidades y realidades económicas actuales de la familias de la clase trabajadora.

Tercero: Es por el lado de la acumulación de riqueza que deberían considerarse ciertos cambios tributarios, como por ejemplo, sobre las ganancias de capital, sobre generación de intereses a partir de montos relevantes, sobre los ingresos de costarricenses en el extranjero. Nosotros somos del criterio de que el país ocupa una profunda transformación tributaria estructural y a como vemos el proyecto del gobierno, no pareciera que va en tal dirección.

Cuarto: Es más que urgente una declaratoria de emergencia nacional (para emplear el concepto metafóricamente hablando), de la recaudación tributaria. La Contraloría General de la República ha formulado, de manera reiterada, señalamientos estratégicos para el fortalecimiento de la gestión de cobro de impuestos y para atenuar la escandalosa evasión en todas sus formas, tanto la tolerada y admitida por razones de corrupción; como aquella que se da por las debilidades de gestión. Es más, en próximos días solicitaremos el apoyo oficial de las universidades públicas, a través del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), con miras a determinar, puntillosamente, cada uno de los pasos que se deberían seguir en estos aspectos de combate a la evasión tributaria, a la luz de los oportunos señalamientos del ente contralor. Demasiados millones, miles de millones, están esperando por ser controlados por las autoridades tributarias y bien se puede generar una gigantesca ofensiva al respecto. Hemos llegado a niveles de tanta irresponsabilidad en esta materia, que la Policía Fiscal del país, ni siquiera llega a las ochenta personas y no todas pueden ejercer a la vez por las circunstancias inherentes a una actividad laboral (vacaciones, incapacidades, licencias).

Quinto: Importantísimo es que se genere un proceso de consulta con el especializado personal tributario y aduanero, abrumadoramente honesto, el cual tiene extraordinaria experiencia acumulada como para generar propuestas correctivas, de fondo, en el combate a todas las formas de evasión, teniendo claro cómo idear el desenmascaramiento de la amplia gama de triquiñuelas que se implementan para eludir la responsabilidad tributaria que obliga la convivencia democrática en paz social. Contamos en el Ministerio de Hacienda con dirigencia sindical de alto profesionalismo, aquilatada honradez y alta conciencia social, deseosa de dar su aporte en tal sentido.

Sexto: Rechazamos caer en el histerismo neoliberal sobre la reducción fundamentalista del déficit fiscal. Una sociedad puede manejar ciertos niveles de déficit combinando una serie de variables de política fiscal y económica con sesgo redistributivo y con real justicia tributaria. Igualmente, hay que empezar a denunciar los chantajes a que países como los nuestros son sometidos por las calificadoras de riesgo-país convencionales, las cuales quedaron muy desacreditadas ante las realidades dejadas por la crisis financiera e inmobiliaria internacional de 2008 y 2009. Debemos empezar a considerar las posibilidades que nos ofrece el IRPA: Índice de Riesgo País Alternativo, dado a conocer este año, con el que nos irá mejor ante los desafíos de la inversión extranjera.

Sétimo: Queremos alertar contra los falsos defensores del pueblo trabajador que en el parlamento trabajan a favor del gran capital y que en el caso de transformaciones impositivas por el lado de las grandes rentas, asumirán falsas posiciones a favor de “los y las de abajo”. Ya los hemos de ver pegando el grito al cielo, manipulando ante la opinión pública las necesidades y congojas económicas de las clases populares, para de tal forma encubrir su real defensa de los intereses de los grandes grupos económicos que, de una manera u otra, están representando en el parlamento. Estas personas fariseas deben ser denunciadas fuertemente a la hora en que salgan contra la necesidad de justicia tributaria por el lado del gran capital y de las grandes rentas.

Octavo: Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales de todas las corrientes, así como a otras entidades de la sociedad civil que representan a los diversos grupos de la clase trabajadora en toda su amplia concepción, para que aunemos esfuerzos y recursos en pro de una profunda transformación tributaria estructural que nos permita atajar el crecimiento de la desigualdad y pasar a nuevos escenarios redistributivos en pro del bien común y de la inclusión social. Esta unidad de voluntades, de sentimientos por la justicia social y la solidaridad, debe incluir estrategias organizativas para la movilización en aras de hacer más potente nuestro clamor de que es “la gente de arriba” la que ahora debe asumir responsabilidades tributarias plenas.

San José, lunes 20 de diciembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

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