¡Ni modo! Estos temas macroeconómicos, fiscales-tributarios, de la “alta economía”, especialmente cuando llevan una carga ideológica contraria al bien común y a la inclusión social, son tan delicados, de tanto cuidado al involucrar a toda la población que a pesar de nuestra ignorancia y desconocimiento no queda más remedio que ocuparnos de ellos; especialmente si se tienen responsabilidades de representación obrera y social, y uno sigue creyendo en las posibilidades de una sociedad de inclusión social plena en la cual quepamos todos y todas, pese a que todo indica que este mundo de la globalización neoliberal nos lleva al despeñadero.
Afortunadamente son muchas las personas que con preocupaciones de este tipo y ubicadas en diferentes escenarios aportan para una comprensión común de la naturaleza de los desafíos hacia la defensa social.
Esto resulta muy valioso para quienes como uno, neófitos y recién llegados a estas complejas cuestiones que tienen que ver con la manera de cómo se distribuye la riqueza en una sociedad, tengamos posibilidades de dar una voz, un criterio, una alerta, un llamado, de forma tal que nunca se nos increpe o se nos acuse de estar mirando para otro lado cuando situaciones tan graves se fraguan contra la gente, contra el mayor número, contra el pueblo trabajador principalmente.
Dicho esto, pareciera que como si ya no fuera poco todo lo que hemos venido enfrentando con relación a estos temas macroeconómicos, fiscales-tributarios, dizque de la “alta economía” (por ejemplo, el Expediente Legislativo 19.506, el del ataque al empleo público); lucha que hemos venido dando basados en nuestra perspectiva y en nuestros planteamientos de un sindicalismo sociopolítico, de un sindicalismo ciudadano; ahora nos cae en nuestra agenda de lucha el Expediente Legislativo No. 19.952, denominado “Ley de responsabilidad fiscal de la República”, pero que podemos nombrar simplemente como “Regla Fiscal” para efectos del manejo cotidiano que implica su abordaje.
Don José Ramírez Aguilar, diputado de la República, nos dio los primeros elementos de contenido de “Regla Fiscal” y considerando la seriedad de su desempeño parlamentario y la rigurosidad del profesionalismo técnico de su equipo asesor, la verdad es que ya estamos alarmados por lo que abarca esta iniciativa de ley, pensando en que habrá más deterioro de las posibilidades cada vez más lejanas en materia de reversión del crecimiento de la desigualdad y de un debilitamiento de un deseable potenciamiento de nuevas oportunidades de inclusión social.
Nos indica el citado legislador que este proyecto de “Regla Fiscal” es nocivo.
Concretamente su mensaje tiene esta alarma: “Queremos alertar a la población costarricense acerca de un proyecto que se está tramitando en la Comisión de Asuntos Hacendarios llamado ‘Regla Fiscal’.
Este proyecto busca que en la medida que la deuda del país aumente, el presupuesto del Estado disminuya automáticamente ocasionando así limitantes en la inversión de escuelas, de Cen-Cinai, no podríamos invertir en servicios de salud”.
Continúa indicando este primer llamado de atención que nos formula el diputado don José Ramírez Aguilar, lo siguiente: “Más grave aún es que según algunas instancias internacionales, para el 2019 la deuda del país si no se toman medidas va llegar al 60%, si llegamos al 2019 y se aprueba este proyecto estaríamos obligados congelar salarios, congelar pensiones, el país no podría asumir deudas, tampoco podría subsidiar, es decir si en el 2019 hay un problema en el sector agrícola por ejemplo, el país no podría hacer nada por ayudar a este sector mediante los subsidios que se le dan al sector cafetalero cuando hay problemas con las cosechas por causas como la roya”.
A juzgar por el mensaje de alerta que nos lanza el diputado mencionado, la cosa es mucho más seria de lo que podríamos pensar, inicialmente, al tener un conocimiento primario del proyecto de “Regla Fiscal”.
¡Pongámosle cuidado a este señalamiento!: “Por otra parte las instituciones descentralizadas como el ICE y como la CCSS se verían obligadas a tener un presupuesto igual al del Estado, es decir, si el Estado tiene un presupuesto bajo, estas instituciones tendrían que también bajar el presupuesto sin importar las afectaciones y necesidades que se dejarían de cubrir, tendríamos consecuencias muy serias que pondrían derivar en la desestabilización del país”.
Concluye el ya citado parlamentario con una apelación a la conciencia crítica de la sociedad, incluido los sindicatos: “Por eso, al día de hoy este proyecto debe ser votado de manera negativa. Necesitamos la unión de todos los sectores y de toda la población para impedir que avance este mega combo llamado ‘’Regla Fiscal’’.
“En guerra avisada, no muere soldado”… “Cuando el río suena, piedras trae”. Nada mejor que estos dos refranes populares para que empecemos a ocuparnos y a preocuparnos, en serio, por este asunto del Proyecto 19.952, “Regla Fiscal”.
Varias cosas se nos vienen a la cabeza al momento de escribir este comentario sobre este tema de “Regla Fiscal”.
PRIMERO: Cada vez nos convencemos más de que nuestra sociedad ocupa de una auditoría ciudadana de la deuda, la deuda pública, tanto la contraída con entidades nacionales (públicas y privadas) como con organismos internacionales. Si se estima que para el año 2019, la deuda va a llegar al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ¿cómo nos hemos de preparar como país para ello? Lanzarse por el precipicio social del “austericidio” y del “suicidio” de la inversión pública no es conveniente para nadie, ni siquiera para los abanderados del fundamentalismo fiscalista.
SEGUNDO: Siempre hemos tenido inquietud de que la cosa presupuestaria del Estado, concebida integralmente, no puede seguirse restringiendo a que en la Asamblea Legislativa solamente se conozca sobre el 40 % del total de la misma; 40 % al cual se le denomina erróneamente como presupuesto “general de la República” para un determinado ejercicio fiscal. El otro 60 % no pasa por el parlamento, solamente por la Contraloría General de la República (CGR).
Es obvio que con el tipo de parlamentos que tenemos actualmente se pueda concluir en un “¡qué dicha”! que la Asamblea Legislativa no se mete con ese 60%; y más todavía que ahora ese mal llamado presupuesto “general de la República” se puede aprobar de facto, con el ya legitimado mecanismo de ruptura de quórum como acaba de suceder con el del 2017. No obstante, un abordaje nacional de carácter integral del problema de la deuda no puede dejar de considerar una situación como la que estamos planteando.
TERCERO: Debemos volver sobre el tema del carácter del sistema tributario costarricense. Si para algunos entendidos hasta 32 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB) andan dando “vueltas por la calle” en estos momentos, resulta de un orden fundamental considerar las necesarias transformaciones tributarias estructurales (y hasta revolucionarias) para imponerlas cuanto antes si ese escenario catastrofista de 60% puntos PIB de deuda al que llegaremos en el 2019 abre las puertas de un impensado cataclismo social.
Pareciera que es sumamente urgente considerar esto de la “Regla Fiscal” con perspectiva (como apuntamos arriba), de sindicalismo sociopolítico y de sindicalismo ciudadano. Además, parece necesario analizar lo que piensan “del otro lado”: El documento “Reglas fiscales: análisis de una propuesta para Costa Rica” de la Academia de Centroamérica” debe estar en nuestro marco documental en toda esta cuestión.
