El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por intermedio de su excandidato presidencial don Rodolfo Piza Rocafort, insiste en imponer al parlamento saliente, la aprobación del expediente legislativo No. 20.179, comúnmente denominado como regla fiscal y cuyo verdadero título es “Reforma de los artículos 176 y 184, y adición de un transitorio a la Constitución Política, para la estabilidad económica y presupuestaria”; iniciativa de ley avalada, esencialmente, por el partido Liberación Nacional (PLN) y por parte del Partido Acción Ciudadana (PAC). El saliente gobierno está de acuerdo en viabilizar su tramitación legislativa en estos momentos.
Esta regla fiscal es la versión actualizada de la vieja idea neoliberal del Expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría que, con mucho ímpetu, pero gran fracaso, impulsó durante su gestión gubernativa de 1998-2002, pues no logró su aprobación. Hoy, con votos diputadiles del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), el “sueño” del citado exmandatario, se haría realidad. ¿Quién lo diría?…
Como suele suceder en los últimos tiempos, los proyectos de ley tienen un determinado nombre, pero su contenido es todo lo contrario. Esto está pasando con el de regla fiscal.
La estabilidad económica y presupuestaria” que dice perseguir significará todo lo contrario: una profunda inestabilidad social por los despidos masivos que implícitamente presupone; así como por el recorte presupuestario abusivo, irreflexivo e irracional en una serie de programas sociales dirigidos para poblaciones vulnerables.
Para agravar esta situación, el saliente gobierno está dispuesto a doblegarse a las exigencias del PUSC del señor Piza, a cambio de que éste ordene a los diputados actuales de su partido, dar sus votos para que se apruebe al incremento en el impuesto de ventas del 13 al 15 %, al transformarse éste en impuesto al valor agregado (IVA); aspiración que las autoridades ejecutivas salientes, más el propio PLN, tienen ya como denominador común para enfrentar, según una visión político-ideológica contraria al bien común, el grave problema del déficit fiscal; medida ésta (la de aumentar el impuesto sobre las ventas) que, por supuesto, el propio PUSC apoya y la fracción parlamentaria del PAC también.
La magnitud del déficit fiscal (7.1 % del PIB al terminar el presente año 2018); la extraordinariamente altísima deuda pública del país (llegando al 60 % del PIB); más la gravedad creciente del injusto sistema tributario (siguen pagando más lo que proporcionalmente hablando tienen menos); implica que la única forma, la única posibilidad, la única vía para que la regla fiscal del señor Piza, del PLN, del Gobierno y de parte del PAC, “funcionara” sería ésta:
Por un lado, se aplicaría un brutal recorte presupuestario en una serie de programas sociales que, en principio, están destinados a aliviar o a paliar el dolor de la pobreza, de la miseria y de exclusión; como los CEN-CINAI, los fondos para Asignaciones Familiares (Fodesaf), Salud preventiva en su amplio concepto, comedores escolares y otros; amén de golpear de manera inenarrable los distintos servicios policiales, de financiamiento de infraestructura, pensiones y otros. ¿Por qué lo decimos?
Porque la plata para esos programas es la única que queda del presupuesto central del Estado, dado que casi el 95 % del mismo es intocable: pago de los intereses de la deuda pública, salarios, pensiones con cargo al presupuesto, transferencias a universidades y otros.
Sin embargo, esto que parece intocable (excepto el pago de los intereses de la deuda), no lo será: habrá que despedir unos 20 mil empleados públicos, por cada punto porcentual de PIB que ordenaría recortar la regla fiscal, hasta alcanzar los 3 puntos PIB de recorte brutal; es decir, unos 60 mil empleados públicos en la calle, ¡en cinco años!
¿Por qué nos atrevemos a afirmar esto? Los 3 puntos de PIB de recorte abrupto e inmisericorde equivalen a 1.050 mil millones de colones y como se pretende hacer efectivo este brutal recorte en 5 años, anualmente el recorte sería de 210 mil millones de colones. (Hoy día cada punto PIB equivale a unos 350 mil millones de colones).
La brutalidad de este recorte de empleo y presupuestario, significa una verdadera “terapia de shock”, extendiendo sus perversos efectos negativos a toda la economía, reduciendo drásticamente su dinamismo; generando más desempleo y precarizándola más intensamente, especialmente en el sector privado y en los que queden en el sector público.
Esta “terapia de shock”, este ajuste fiscal de choque generará confrontación, dolor, inestabilidad y agravamiento de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión.
Por el contrario, la gravedad del déficit fiscal demanda prudencia y diálogo político-social, pues hay otras alternativas para no sacrificar a los que menos responsabilidad tienen por la gravedad del actual déficit fiscal.
Por tanto, con toda vehemencia, tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, rechazamos, de manera contundente y radical, el perverso expediente legislativo No. 20.179; y hacemos un público llamado en dos sentidos:
Apelamos a la más amplia unidad sindical, social y cívica para enfrentar este descomunal ataque a la estabilidad social y económica del país, con fuertes repercusiones para toda la clase trabajadora, pública y privada.
Insistimos, nuevamente, en que la gravedad del problema del déficit fiscal solamente puede ser enfrentado mediante un gran diálogo político-social, mediando una gran prudencia.
