La desafortunada decisión del señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, de pretender “quedarle bien” al gran empresariado del capital neoliberal y su vocería mediática por excelencia, regulando vía decreto ejecutivo el ejercicio del derecho constitucional de la huelga en los servicios públicos esenciales, ¡se caerá!, tanto en la vía legal-constitucional como a través, de ser necesario, mediante el ejercicio cívico de la Democracia de la Calle.
La coalición sindical PATRIA JUSTA, desde el mismo momento en que se supo de la emisión del ilegal Decreto Ejecutivo No. 38767-MP-MTSS-MJP, este jueves 18 de diciembre de 2014, se ha puesto en total alerta y analizará en los días siguientes la serie de acciones que se puedan impulsar, en varios escenarios, ante lo que consideramos una extralimitación jurídica, plena de inconsistencias y hasta de contenidos ridículos, de tan pésima decisión ejecutiva.
La mejor regulación posible del derecho constitucional de la huelga en los servicios públicos esenciales, es la que quedó establecida en la Reforma Procesal Laboral (RPL), hoy Ley de la República No. 9076. Punto.
El indicado decreto ejecutivo pretende ir más allá de la propia ley del Código de Trabajo en la materia; además, lleva al extremo de la irracionalidad las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando plantea que solamente debe haber regulaciones tratándose de servicios públicos esenciales que tienen que ver con la vida, la salud y la seguridad de las personas; garantizándose una prestación mínima de los mismos en caso de huelga.
Por eso es que afirmamos que tal decreto se caerá, tanto por la vía de lo jurídico-constitucional como por las de hecho; o, por una vinculación de ambas.
La presente comunicación de prensa es un primer esfuerzo, serio y responsable, de posicionar nuestro criterio sindical al respecto; de cara a las miles de personas trabajadoras asalariadas representadas por la coalición sindical PATRIA JUSTA, como ante la propia ciudadanía.
La pretensión presidencial de “quedar bien con Dios y con el diablo”, nada positivo ha de traer a la paz social. Una cosa muy distinta es apostar por el Diálogo Social con Negociación Efectiva y Verificación de Cumplimiento de Acuerdos (así, todo en mayúscula); y otra es gobernar, al margen de la legalidad (especialmente la que ha quedado establecida en la materia, como lo es la ley No. 9076, la RPL), solamente para complacer espurios intereses corporativo-empresariales de inmenso poder pero que no han sido legitimados electoralmente.
