El próximo miércoles 23 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Expediente N ° 00-201797-485-PE (61-01-04), ubicado en Guápiles, se reinicia el juicio político contra el compañero Orlando Barrantes, dirigente sindical y comunal.
Para el compañero Barrantes se piden penas de cárcel de hasta 60 años, pues según la Fiscal del Ministerio Público es responsable de la retención de cuatro oficiales durante la huelga de la zona atlántica en diciembre del año 2000.
La defensa del compañero Barrantes asegura que en este proceso están ausentes las más elementales normas jurídicas y de justicia, tales como:
• Existe una completa nulidad en la actuación del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio Pública
• Hay una nulidad absoluta por violación al debido proceso
• Además, también existe una nulidad absoluta de todo lo actuado por violación al principio de intimación así como utilización de prueba espuria.
Además, está fehacientemente demostrado que el compañero Orlando Barrantes no se encontraba en el lugar de los hechos al ocurrir estos.
¿PORQUÉ ENTONCES SE LLEVA A JUICIO A ORLANDO BARRANTES?
Por su forma de pensar, porque es un permanente defensor de los pobres de Costa Rica, porque denuncia las injusticias sociales, porque organiza a las personas para que defiendan sus derechos. Además, Orlando Barrantes es un férreo opositor al TLC y se quiere enviar un mensaje a todos los que se oponen a este tratado intentando enviarlo a la cárcel, estando cada vez más cerca el debate del TLC en el plenario legislativo.
Estamos frente a un juicio político. Y como tal lo denunciamos en Costa Rica y ante el mundo. El próximo martes 22 de agosto, una numerosa delegación de organizaciones sociales de México y un diputado nacional de ese país, se presentarán ante la embajada costarricense para manifestar su preocupación por este caso y solicitarán la anulación de todo el proceso judicial. Igual actividad se realizó en la embajada costarricense en España.
Solicitamos a los costarricenses permanecer atentos al resultado de este juicio, por la relevancia que tiene ante un nuevo gobierno que se empeña en aprobar el TLC y en aplicar un plan fiscal que no es tal, sino un nuevo paquete tributario. No es enviando a la cárcel a las personas que manifiestan sus opiniones como se solucionan los problemas del país, sino proponiendo medidas efectivas que repartan mejor la riqueza, y buscando el diálogo y el consenso.
Gerardo Valverde Picado
Coordinador de Campaña
863-1556
