Podríamos afirmar que estamos en medio de una discusión sobre la cuestión fiscal-tributaria nunca antes dada en el país. Al menos, por los contenidos de la agenda que al respecto a puesto en la mesa el propio gobierno del presidente Luis Guillermo Solís Rivera; y, por otra parte, lo que ha colocado para el debate los sectores político-partidistas afines a la ideología del capital, especialmente el de corte neoliberal, mediando algunas figuras parlamentarias que actúan como peonada política de este.
Ahora que recibió primer debate el proyecto contra el fraude fiscal, totalmente insuficiente según nuestro criterio para atacar, con contundente eficiencia la magnitud del robo de impuestos en nuestro país, de unos 8,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), aunque representa un avance en la dirección correcta; el paso siguiente en el debate parlamentario debe ser acerca de la naturaleza profundamente regresiva del sistema tributario costarricense, poniendo en concreto sobre la mesa la cuestión del impuesto sobre la renta.
El tema de los pluses salariales como remuneraciones adicionales al salario base en el empleo público, ha sido utilizado por los sectores que hemos mencionado en el párrafo primero de este comentario, como una cortina de humo para impedir que emerja con potencia un debate sumamente necesario y crucial para la sociedad costarricense de hoy y la del futuro inmediato y mediato: es el debate sobre la cuantía de impuesto de renta a pagar según capacidad de ingreso y de acumulación.
Este debate no puede ser más que para transparentar las extraordinarias ganancias, la acumulación excesiva de capital, el apabullante proceso concentrador de la riqueza y, por ende, la práctica entronización de la desigualdad en nuestras relaciones sociales, generado todo ello a partir de la apertura comercial impuesta por la globalización neoliberal y su más “sofisticada” expresión, los TLC de igual corte ideológico; precisamente ahora que otros TLC, los de segunda generación e igualmente neoliberales, se ven venir en contra de nuestro país, como el TISA.
Por otra parte, será una gran cortina de humo para ocultar la necesidad de tal debate, poner a tramitar ya la propuesta gubernamental de transformar el actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo del 13 al 15%, aunque fuera un aumento gradual en tres años.
Como sabemos, este impuesto es el más injusto de todos, pues se aplica inmisericordemente, sin contemplar la capacidad de ingreso de las personas y de las familias; además, es el principal instrumento para la propaganda ideológica de voces político-demagógicas al servicio del robo de impuestos y hasta del dinero sucio del narcotráfico, para manipular a los sectores populares y que estos no reparen en la necesidad del debate tributario de fondo: el de la renta.
Mal hace el actual Gobierno cediendo a esa especie de chantaje político, poniendo en el tapete y al mismo tiempo de la discusión político-parlamentaria, pluses salariales del empleo público, IVA y renta.
En el marco de toda esta discusión, pensamos que las autoridades gubernativas actuales, especialmente las de corte hacendario, deben tener a mano un valioso estudio acera de estos temas tributarios relacionados con el bienestar de nuestras sociedades centroamericanas y, especialmente la costarricense. Igualmente, las diputaciones honestas y sus correspondientes asesorías profesionales, ya sea que concuerden o no estén de acuerdo con el pensamiento sindical nuestro, deben tener como cabecera el siguiente estudio.
En todo caso, a lo mejor y con seguridad ya lo conocen, pero nos pareció necesario mencionarlo por el momento que estamos viviendo y para compartirlo con nuestros ilustres lectores. Veamos:
“Política fiscal:expresión del poder de las élites centroamericanas”, una publicación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con el patrocinio del Center For Latin American & Latino Estudies, de la American University, Washington, D. C., Estados Unidos. Además, el libro que recoge este estudio se debe al apoyo de la embajada de Suecia, en Guatemala; así como por parte de la Christian Aid y la Ford Foundation.
El Icefi, cuya seriedad y profesionalismo, rigurosidad científica y objetividad investigativa se deduce al poder exhibir tales respaldos patrocinadores, persigue este objetivo: “Con una visión integral y de largo plazo, el Icefi promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales en y sobre el área para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y estados equitativos, democráticos y prósperos”.
Al analizar el caso costarricense de su trabajo (repetimos el título: “Política fiscal :expresión del poder de las élites centroamericanas”, el Icefi titula el capítulo que nos compete de esta forma sugestiva: _“Costa Rica: favorecer a los exportadores, sacrificando la inversión social y el desarrollo democrático”; _dándonos una pista importante que nos ayude a explicarnos las razones por las cuales tenemos hoy en día dos Costa Rica: la de los incluidos y la de los excluidos o en vías de serlo.
La provocación para entrarle al estudio de esta investigación, seriamente, se constata con la lectura de los títulos de los apartados del capítulo costarricense: “Evolución de las finanzas públicas en Costa Rica: 1980-2011”; Política tributaria y gasto público: promoción y consolidación del modelo de apertura y la década perdida de la política tributaria costarricense”; “Marco de análisis del impacto de las élites económicas en la política fiscal costarricense”; “Las nuevas élites económicas de Costa Rica”; “Los beneficios fiscales de las élites tributarias”; y “Conclusiones sobre el papel de las élites económicas en la política fiscal”.
Como ven ustedes, un extraordinario documento sumamente apropiado para la discusión en desarrollo sobre los temas tributarios que vienen estando en la agenda nacional de los últimos meses.
En el último apartado, “Conclusiones sobre el papel de las élites económicas en la política fiscal”, permítannos ustedes transcribirles este emblemático párrafo: “La consecuencia de no resolver de manera adecuada y permanente los desequilibrios fiscales de las últimas décadas ha sido la acumulación de deuda pública interna y el crecimiento de la partida de gasto por intereses. Esto debe sumarse a los beneficios fiscales que existen para las rentas financieras.
De esa cuenta, la política fiscal se ha convertido más bien en un mecanismo de redistribución inversa de la riqueza, trasladando recursos del agregado de la sociedad al grupo de tenedores de la deuda, contribuyendo además con la pérdida de equidad horizontal y vertical del sistema tributario” (página 389 del mencionado libro).
Noten ustedes cómo, en realidad, el corazón del debate tributario actual es por el lado del impuesto sobre la renta y todo lo que ello implica. Que lo de los pluses salariales es una cortina de humo; y que lo del IVA no es más que, por ejemplo, para favorecer la permanencia de los beneficios fiscales que existen para las rentas financieras porque no hay fuerza política capaz de enfrentarse a este poder.
Si esto no es así, cómo explicarse que en los primeros siete meses de este año 2016, los fondos de inversión inmobiliarios destinaron 145 millones de dólares para la compra de nuevos edificios, un monto casi igual a la totalidad de recursos invertidos, en la misma línea, durante todo el 2015. Así lo conocimos por publicación de un periódico de circulación nacional, en su edición del pasado viernes 17 de setiembre de 2016.
¿Cuánto es en colones, 145 millones de dólares? Nada más y nada menos que setenta y ocho mil trescientos millones de colones (78.300.000.000,00). Dice la mencionada información de prensa que toda esa plata se movió, solamente, para la compra de 37 edificios, movidos por las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI); operaciones financieras que quedan registradas en la Superintendencia General de Valores (Sugeval). ¿De cuánto fueron las responsabilidades tributarias de las empresas, de los bufetes, de los socios involucrados en esta multimillonaria transacción, una sola entre tantas de similar naturaleza…?
¡Por Dios Santo! ¿Todavía tienen la desfachatez, el descaro, el cinismo, la crueldad de seguir responsabilizando a las personas que laboran en el sector público, a sus salarios, a la clase trabajadora asalariada, en general, del déficit fiscal? La verdadera discusión tributaria es el tema del impuesto sobre la renta. ¡No es otra!
