La Comisión Especial Legislativa del parlamento saliente, que investigó el proceso de la Revisión Técnica Vehicular (Expediente No. 14.946), dio la razón a las tesis y denuncias del MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL, por cuando quedó demostrado que:
1. Desde sus inicios, el cartel de licitación fue elaborado para ser adjudicado a una única empresa transnacional, en este caso RITEVE, en un proceso lleno de irregularidades, defectos y dudas.
2. En dicho proceso se violentó nuestra Carta Magna, en su Artículo 46; al igual que la Ley de Tránsito, en sus Artículos 19 y 20, y muchas otras leyes de la República.
3. Hubo influencia política y donaciones de campaña para conseguir la concesión.
4. Hubo adjudicación acelerada por parte de la Proveeduría Nacional; pese a las reiteradas recomendaciones del Ministro de Obras Públicas y Transportes de entonces, Ing. Rodolfo Méndez Mata, de que no se adjudicara dicha licitación por ser lesiva a los intereses patrios
5. Se adjudicó dicha licitación a una empresa que no había participado en el proceso.
6. El cálculo tarifario fue irregular, ilegítimo y absolutamente desproporcionado a favor de la empresa, sin tomar en cuenta:
a – La reinspección
b – Que el contrato se firmó sobre la base de 450 mil vehículos y hoy día hay más de un millón de automotores. Lamentablemente esto fue avalado por la Ministra del MOPT designada, señora Karla González, en su condición de Viceministra de tal cartera en ese momento.
7. Hay incumplimientos del contrato e irregularidades en el servicio.
8. Hay irregularidades del Consejo de Transporte Público, entre otras; por no haber puesto en práctica el Órgano Fiscalizador, por lo que no ha habido control de la empresa.
9. Se desautorizaron, en contra de la ley, a los colegios técnicos vocacionales y a los empresarios nacionales creando un monopolio privado e inconstitucional.
10. El Estado está en la obligación de señalar las responsabilidades disciplinarias a quien ó quienes perdieron el contrato original.
El Movimiento Cívico Nacional por su parte se permite manifestar a la opinión pública que en el presente caso, POR EL INTERES PÚBLICO, no debe considerarse plenamente consolidada la situación de RITEVE en el país; todo lo contrario, con base en lo dicho en el informe legislativo se abren nuevas posibilidades para cuestionar incluso en sede personal la legalidad de este vergonzoso contrato.
POR TANTO:
El Movimiento Cívico Nacional procederá en las próximas horas a trasladar el presente informe legislativo al jefe del Ministerio Público, Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, para que siente las responsabilidades que correspondan.
