Riteve no es “caso cerrado”

Con ocasión de la protesta social de mañana lunes 16 de mayo de 2005, la Jornada Nacional de Lucha acordada por la Cumbre de los Sectores Sociales, celebrada en el Teatro Popular Melico Salazar, el pasado 14 de abril; tomó el acuerdo de seguir insistiendo en la lucha contra dicho monopolio privado ilegal, razón por la cual insistimos vehementemente en lo siguiente:

Hemos demostrado profusamente, hasta la saciedad, la colección de irregularidades de toda índole, tanto jurídicas como administrativas que se han dado en esta situación, desde el inicio mismo de este ilegal proceso de concesión; sin embargo, ha resultado imposible todo proceso de diálogo con las máximas autoridades políticas del país, llegándose al extremo de burlarse, recientemente, de la buena voluntad de nuestro movimiento recientemente, como lo hizo el jerarca del MOPT, Lic. Randall Quirós Benavides.

El problema de RITEVE requiere una salida eminentemente política dado que estamos de cara a un problema político. Durante la anterior fase de búsqueda de solución a este asunto, tanto la Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia, Licda. Lineth Saborío Chaverri; como el propio ministro del MOPT, nos indicaron, una y otra vez, que había voluntad política del Gobierno de la República, para eliminar la situación ilegal del monopolio privado de la revisión técnica vehicular. Hoy es claro que todo fue una falsedad.

En consecuencia, llamamos al pueblo costarricense a que respalde el llamado de todos los movimientos sociales para salir a la calle mañana lunes 16 de mayo, para repudiar el compadrazgo político que sostiene a RITEVE contra toda norma de legalidad y de decencia. RITEVE muestra, en toda su dimensión, el sometimiento que nos espera en caso de que el denominado tratado de “libre” comercio (TLC) con Estados Unidos, se nos imponga.

RITEVE Y TLC son asuntos intrínsecamente vinculados por intereses de negocios con servicios públicos y por un entramado de tráfico de influencias y de corrupción, en los más altos estrados de la institucionalidad vigente.

El Gobierno de la República tiene salidas para este problema sin que RITEVE tenga que dejar de un oferente del servicio de la revisión técnica vehicular. La aplicación administrativa y/o una correcta interpretación legislativa, en buena lid, de los contenidos de los artículo 19 y 20 de la Ley de Tránsito, bajo el espíritu del Artículo 46 constitucional, abre camino para una solución real al problema que mañana, nuevamente, nos convoca a las calles.

Pero, además, procesos de caducidad, total o parcial, del privado manejo monopólico de tal servicio, son perfectamente posibles, a la luz del clausulado del contrato mismo y/o del más reciente pronunciamiento del órgano contralor, en cuanto a la ausencia de refrendo para la prestación del servicio hoy sigue siendo fuertemente cuestionado por una enorme mayoría ciudadana.

Movimiento Cívico Nacional

San José, 14 de mayo de 2005

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