Informó Diario Extra, el de mayor circulación y el más leído del país, en su edición de este lunes 2 de julio, que el Ministerio de Hacienda le embargó a una empresa autobusera, cuyo nombre no trascendió, el monto correspondiente a pagos por alquileres luego de adeudar al fisco 529 millones de colones.
Doña Priscilla Piedra Campos, directora general de Hacienda, indicó en la respectiva nota de prensa lo siguiente: “…que este embargo es efectivo desde el instante en que el Departamento de Cobro Judicial de esa dirección procede con los procesos de notificación”.
Además, tal información incluyó lo siguiente: “Piedra expresó que, con motivo de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, el fisco cuenta con las potestades para hacer embargos sobre cuentas bancarias, alquileres, taquillas, comisiones, productos y materias primas a nivel de aduanas”.
¡Excelente! Considerando que el robo de impuestos en este país supera los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), es innegable que el Departamento de Cobro Judicial y la propia Dirección General de Hacienda, merecen una gran felicitación y un sincero reconocimiento de parte de quienes, como nosotros, tenemos muchísimo tiempo en hablar del grave problema nacional que es la evasión fiscal y tributaria en todas sus manifestaciones. ¡Que los ladrones de impuestos sean sancionados y exhibidos públicamente, demanda fuertemente la gente!
No obstante, pensamos que la ciudadanía pagadora puntual de sus impuestos (en especial, la clase trabajadora), tiene el derecho a saber de cuál empresa de autobuses se está hablando y sería importantísimo que la distinguida profesional doña Priscila Piedra Campos lo indicara públicamente.
Sin embargo, ha llegado el momento de desnudar, con toda contundencia, el estado calamitoso y de alta precariedad en que se encuentra el Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda.
De manera irresponsable, las sucesivas administraciones gubernativas lo han “descuidado”, para emplear un vocablo “diplomático” y no expresar el que debería corresponder, pues es bien sabido que la defraudación fiscal y tributaria siempre ha encontrado padrinazgos políticos sumamente poderosos.
Ha llegado a nuestras manos, vía fuentes confidenciales por supuesto, una carta que a la indicada funcionaria le dirigen dos de sus profesionales subalternos, que expresa la situación dramática que está viviendo el Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, en contraposición al delicado y estratégico rol que debe asumir, con base en la muy promocionada Ley para mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal, aprobada desde el 30 de diciembre de 2016.
Dicho departamento está completamente debilitado en cuanto a recurso humano, actualización tecnológica y equipamiento; es decir, los evasores de impuestos podrían seguir durmiendo con tranquilidad pese a las nuevas potestades que establece la mencionada legislación para combatirles.
El siguiente párrafo de la nota en comentario dice, de manera muy responsable lo siguiente: “Existe una gran preocupación por parte de todos los funcionarios del Departamento, el grado de responsabilidad que conlleva manejar cargas irrazonables de trabajo, lo cual nos afecta física y mentalmente, ya que nos están sometiendo a lo imposible y la responsabilidad que existe en demasiado grande, hemos sido desbordados en nuestra capacidad instalada y es materialmente imposible cumplir con el 100 % de atención de la cartera”.
Lo grave de asunto es que, según la denuncia que comentamos, “…hay elaborados un total de 287 embargos judiciales, pendientes de presentar a la banca nacional y privada”; acciones que podrían prescribir en favor de los ladrones de impuestos, ante la carencia dramática de recurso humano.
El escasísimo y altamente estresado personal del Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, quien se debate todos los días en hacer la gestión de recaudación o la de notificación para evitar la prescripción, denuncia que es materialmente imposible estar realizando estas dos calificadas y delicadas gestiones de manera simultánea.
Dicen los denunciantes que “…, debemos recaudar, pero también debemos dar prioridad a las solicitudes de prescripción, las cuales como es de su conocimiento ingresan en masividad, y la escasez de recurso humanos es demasiada, y se está volviendo casi imposible realizar las dos funciones a la vez, las quejas van y vienen…”.
Se ha llegado al ridículo (o la máxima expresión de una tácita conspiración colaboracionista de alto poder político con el evasor) de que se ocupa de un chofer y de un notificador a tiempo completo para que esos 287 procesos de embargos judiciales no corran el riesgo de frustrarse en perjuicio de la hacienda pública, altamente deficitaria como consta dada la gran discusión nacional al efecto en estos momentos.
La carta que venimos comentando será publicada en el sitio web de la ANEP (www.anep.cr), luego de la publicación por parte de La Prensa Libre del presente artículo.
Imaginen ustedes lo siguiente: si un solo embargo, como el que reseña la nota de Diario Extra, es por 529 millones de colones, es válido preguntarse de cuánta plata estamos hablando de esos 287 que están pendientes y que se pueden ir al cajón de la basura por las debilidades estructurales del Departamento de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda, valientemente denunciado en la carta a doña Priscilla Piedra Campos, la Directora General de Hacienda.
¿Cómo pretende el presente Gobierno que el pueblo trabajador acepte pagar más impuestos si el propio Ministerio de Hacienda es cómplice de que el robo de impuestos siga siendo escandalosamente tolerado, ya sea por omisión, por precarización tecnológica, por debilitamiento en cuanto a recurso humano o, lo que es peor, que, por decisiones políticas de altísimo nivel, y que vienen de otras Administraciones, el combate a la evasión fiscal se haya deliberadamente debilitado?
La señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, tiene que plantear sobre este delicado asunto, algo sumamente contundente con toda urgencia, ¡pero ya!
*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
