Para algunos la expresión “hora cero”, es el momento preciso donde comienza un suceso, que sin saberlo será plasmado en la historia escrita o contada. No encontramos otra frase más que ésta para caracterizar el momento en que se encuentra en estos instantes el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con relación a la legislación que en último minuto abortara, vía veto, su antecesora en ese cargo, la señora Laura Chinchilla Miranda: la Reforma Procesal Laboral (RPL). “Parte aguas” es otra expresión adecuada para la circunstancia actual con respecto a la decisión presidencial final que estamos esperando sobre la RPL.
Estamos a pocos días y a pocas horas de una decisión presidencial tan crucial que desde el punto de vista en que vemos las cosas de este lado de la acera, estamos en el límite de la confianza en la palabra presidencial empeñada; dicho en otros términos, se trata de la más grande prueba de credibilidad en el Presidente Solís: si levantará o no el infame veto a la RPL que el gran empresariado corporativo bananero y piñero impuso, a través de la citada exmandataria.
El Presidente Solís tiene bien claro que la Reforma Procesal Laboral (RPL), es la más grande transformación del Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado, en 1943; que es un compromiso de Estado ante la comunidad mundial de naciones, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Costa Rica es miembro pleno; que es producto de un esfuerzo multisectorial durante los últimos 15 años; y que, finalmente, en la Asamblea Legislativa anterior recibió aprobación de ley en los dos debates de rigor y con lujosas mayorías partidistas en ambos.
La tramitación parlamentaria del presupuesto 2015 le debe haber servido al Presidente Solís para calibrar la naturaleza de la coalición fáctica de las fuerzas del capital neoliberal que tiene en su contra (especie de “eje del mal”); pese a que sus ideas de “cambio”, bien intencionadas, no representan una serie amenaza sistémica al dominio hegemónico que sigue imperando en la composición estructural de fuerzas en la sociedad costarricense de hoy.
Si le quita el veto a la RPL, el Presidente Solís (y sin necesidad alguna de mover dramáticamente el péndulo hacia la izquierda); tendrá un poco más de autonomía y soberanía políticas para seguir impulsando su agenda de inclusión social, pese a la gritería ya histérica de esa coalición fáctica de las fuerzas del capital neoliberal, las del “eje del mal”.
Si cede a las mismas y no le quita el veto a la RPL (ya sea que deje que se “muera” en el archivo parlamentario, o que “patee la bola para adelante”), terminará como rehén oficial de esas fuerzas antidemocráticas que anhelan la supresión del misma Código de Trabajo, o que poco les importa respetarlo como se debe.
El “eje del mal” de la derecha del capital neoliberal, que va en contra el clamor de las mayorías a favor de que el país vuelva a la senda del bien común y de la lucha contra la desigualdad social creciente; ha desatado una muy bien pensada campaña mediática de ataque ideológico y de terrorismo psicológico a la población; satanizando todo lo que huela a sindicatos, a empleo público, a convenciones colectivas de trabajo, al sector y a la inversión pública; para conectar estas matrices mediáticas perversas con que la RPL se reduce que se autoricen las huelgas en los servicios públicos esenciales. Nada más falso. Nada más temerariamente irresponsable. Nada más atroz contra la esencia de la democracia.
Este asunto de la RPL es de tal envergadura que ha llamado la atención allende las fronteras del país. Por ejemplo, la Red Europea de Acción sobre el Banano y otros Productos de Agroindustria (EUROBAN), le ha dirigido una contundente carta al Presidente Solís; misiva que ya circula en varios de los más importantes países de la Unión Europea (UE), grandes consumidores del banano tico y de la piña costarricense.
“Es de todos conocido que este proyecto legislativo, visto como el más importante en materia laboral desde 1943, fue aprobado por 40 diputados de 44 presentes, el 13 de setiembre del 2012, incluyendo los votos de todos los diputados del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN). Apenas un mes después, su predecesora, señora Laura Chinchilla, vetó parcialmente la aprobación de la reforma. A juicio de muchos sindicalistas, observadores y legisladores compartimos su juicio, la expresidenta sucumbió a las presiones de influyentes grupos empresariales que alegaban que sería una ley desastrosa porque promovería huelgas en los servicios públicos. Para estos casos la OIT ha definido reglas que garantizan el funcionamiento suficiente de los servicios esenciales, por ello la prohibición total de huelgas en este sector no es imprescindible. Lamentablemente, el veto ha sacudido la credibilidad del Gobierno costarricense a nivel internacional. Porque la misma expresidenta Chinchilla había empeñado en junio 2012 su palabra ante el entonces director general de la OIT, señor Juan Somavía, que la reforma iba a entrar en vigor. Su promesa estaba vinculada con otro compromiso ante la OIT: adherirse a la política global del trabajo decente, siendo un eje importante la aprobación de la citada reforma, que por su parte sería el producto del exitoso diálogo social en Costa Rica. Si la credibilidad del Gobierno está en entredicho, igualmente lo es la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que reconoció y alabó la aprobación de la reforma por ‘disminuir la mora judicial’, ‘atiende los desfases propios del tiempo y la existencia de importantes sentencias de la sala constitucional’ y de ‘diversas recomendaciones de los órganos de control de la OIT’ (Declaración del MTSS, 14 de setiembre de 2012). Hasta hoy, el veto ha prolongado ‘los desfases’ por dos años más. La exministra del MTSS, Sandra Piszk, que emitió la citada declaración, suscribió paradójicamente después el veto”.
EUROBAN sentencia en su nota: “Lo esencial de lo prometido, aunque todavía no cumplido, con la OIT, y de lo alabado, y después negado de hecho, por el MTSS, coincide con el espíritu e incluso con palabras concretas del Acuerdo de Asociación entre América Central y la Unión Europea, en sus capítulos referente a derechos laborales y sociales. El artículo 63 establece fortalecer la ‘libertad de asociación y negociación colectiva’ y la ‘no discriminación laboral’; también habla de la ‘implementación y aplicación de los convenios de la OIT y la legislación laboral’… El cumplimiento de estos objetivos movilizará recursos financieros importantes, tanto de cooperación como nacionales. Costa Rica es firmante del convenio. La revocación del veto contra la reforma procesal laboral facilitaría los pasos a dar en la ruta constructiva que proponen estos artículos, beneficiando a Costa Rica”.
Como vemos, por lo de la RPL Costa Rica “está en la picota” a nivel internacional. Como vemos, es “hora cero”, es un “parte aguas”, lo que el Presidente Solís decida al respecto en las próximas horas. Ojalá se decida por el lado del bien, rechazando los dictados imperiales del “eje del mal”.
