– Tres recursos de amparo fueron acogidos por la Sala Constitucional tras negativas del PANI a brindar información pública.
– La Sala IV ordenó la entrega de información administrativa y condenó al PANI en dos de los casos.
San José, Costa Rica. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) obtuvo resoluciones favorables en tres recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional, relacionados con reiteradas negativas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a suministrar información pública solicitada por esta organización sindical en el ejercicio de su labor de control, fiscalización y defensa de los derechos laborales.
Las resoluciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirman que el PANI incurrió en omisiones, respuestas insuficientes y negativas injustificadas, vulnerando los derechos fundamentales de acceso a la información pública, derecho de petición y pronta respuesta, protegidos por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política.
Primer recurso de amparo
Negativa a entregar actos administrativos vinculados a revisiones internas
El primer recurso de amparo fue presentado luego de que el PANI negara el acceso a oficios y actos administrativos mediante los cuales se ordenó la revisión de expedientes en la Oficina Local de Cariari, pese a que la ANEP aclaró desde un inicio que no solicitaba el contenido de expedientes disciplinarios, sino las decisiones administrativas que dieron origen a dichas revisiones.
La Presidencia Ejecutiva del PANI rechazó la solicitud invocando de manera general la confidencialidad, sin identificar norma legal específica ni aplicar el principio de divisibilidad de la información, es decir, sin separar datos sensibles de la información pública solicitada.
Mediante la sentencia N.º 2025041977, del 19 de diciembre de 2025, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso y estableció que:
- Los oficios de instrucción administrativa son documentos públicos.
- El hecho de que estén relacionados con eventuales procesos disciplinarios no los convierte automáticamente en confidenciales.
- La administración no puede negar información pública de forma absoluta, sino que debe resguardar únicamente los datos sensibles.
La Sala ordenó al PANI entregar la información solicitada en un plazo de diez días y condenó a la institución al pago de costas, daños y perjuicios.
Segundo recurso de amparo
Gestión del Cambio en la Oficina Local de Poás – Vara Blanca
Posteriormente, la ANEP interpuso un segundo recurso de amparo, que se originó por la falta de respuesta adecuada del PANI ante una solicitud de la ANEP para acceder a la lista de asistencia a los espacios de “Gestión del Cambio” del personal de la Oficina Local de Poás – Vara Blanca, correspondiente al último año.
Aunque el PANI alegó haber respondido, la Sala Constitucional determinó que la respuesta no resolvía lo solicitado, ya que se limitó a trasladar la carga de la gestión a otras unidades internas, obligando a la parte solicitante a realizar trámites adicionales.
En la sentencia N.º 2025042054, del 19 de diciembre de 2025, la Sala concluyó que esta actuación:
- Vulnera el derecho de acceso a la información pública.
- Contraviene el deber de coordinación administrativa, reconocido de forma reiterada por la jurisprudencia constitucional.
Por ello, declaró con lugar el recurso, ordenó al PANI entregar la información en un plazo máximo de diez días, resguardando únicamente los datos sensibles, y condenó nuevamente a la institución al pago de costas, daños y perjuicios.
Tercer recurso de amparo
Nueva negativa pese a advertencias previas de la Sala Constitucional
Posteriormente, la ANEP interpuso un tercer recurso de amparo, tras una nueva negativa del PANI a suministrar información relacionada con decisiones administrativas internas, reorganización del recurso humano y la gestión institucional frente a rezagos graves en procesos judiciales, reconocidos en documentación oficial.
Pese a existir ya un antecedente reciente de la Sala Constitucional, el PANI volvió a negar la información solicitada, sin motivación suficiente y sin cumplir los estándares constitucionales fijados por la jurisprudencia.
Este recurso fue admitido por la Sala Constitucional en enero de 2026, ordenándose a la Presidencia Ejecutiva del PANI a:
- Rendir informe bajo juramento en un plazo de tres días hábiles.
- Aportar toda la documentación relacionada, debidamente certificada, foliada y en estricto orden cronológico.
- Bajo advertencia expresa de responsabilidades penales en caso de omisión, falsedad o incumplimiento.
Este proceso se encuentra actualmente en trámite, bajo control directo de la Sala Constitucional.
La ANEP dará seguimiento al cumplimiento estricto de cada una de las órdenes emitidas por la Sala Constitucional y reitera que el acceso a la información pública es una obligación legal y constitucional de todas las instituciones del Estado.
La transparencia administrativa, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales no son opcionales, sino pilares esenciales del servicio público y de la confianza ciudadana.
Declaraciones de Jeffry Hernández Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI
