Guardando las dimensiones matemáticas obvias, pareciera ser que entre más candidatos presidenciales aparecen, menos gente está interesada en la política electorera de este tipo. Sin embargo, ya tenemos discursos, arengas, eslóganes, consignas, anuncios, promesas… ¡Y hasta propuestas en algunos casos!
Pero, a hoy, ninguno, pero ninguno, está tocando el tema del salario mínimo que se paga a la clase trabajadora que labora para el sector Privado, a un tercio de la cual ni siquiera se le respeta ese salario mínimo sumamente bajo, considerando que Costa Rica es un país muy caro para vivir, por un lado; y, por otro, que el espejismo de la inflación cero (o cercana a cero), no puede ocultar que el deterioro del poder de compra del salario de la persona trabajadora es una cruel realidad socialmente injusta. Veamos esta situación un poco más integralmente.
Considérese que, prácticamente, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), con edad para trabajar y con todo potencial productivo está fuera del mercado laboral formal; es decir, sin empleo ni salario fijo, desempleada, subempleada, jugándosela en el día a día en la informalidad.
La otra mitad, la que sí tiene empleo y salario fijo, tanto del sector público como del privado, vive mayoritariamente con gran incertidumbre sobre su futuro inmediato y mediato, vive altamente endeudada y con salario prácticamente congelado.
Quienes no están sufriendo penurias salariales son aquellos segmentos de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, por un lado; por otro, los cuerpos de la alta gerencia corporativo-empresarial privada que, por lo general, no reportan la totalidad de sus salarios verdaderamente reales y que tienen sus propios sistemas de sobresueldos.
Es en el marco de esta realidad salarial nacional que ha surgido la polémica sobre la sostenibilidad financiera futura, de corto y de mediano plazo, del más importante sistema de pensiones del país, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual está cumpliendo 70 años de establecido.
Para el IVM-CCSS cotiza la totalidad de la clase trabajadora asalariada del sector privado que tiene empleo formal y salario fijo, así como la práctica totalidad del personal estatal (exceptuando funcionarios judiciales y de la educación).
La Junta Directiva de la CCSS ha tomado la decisión de imponer una rebaja salarial del 1% a todos cuantos estamos inscritos en el IVM-CCSS ante la crisis que, supuestamente, enfrenta el mismo. Este 1% es un incremento en el aporte obrero actual que da la persona trabajadora. La Caja dice estar llamando a un “diálogo” para ver cómo se podría salvar el IVM aunque ya definió que ese 1% ¡va! ¿Diálogo pa’qué? se pregunta uno…
Ahora bien, reparemos en esto. El impacto de esa rebaja salarial del 1% será particularmente duro para quienes laboran en la empresa privada y reciben tan sólo el salario mínimo de ley que anda en los 293.000 colones mensuales, más o menos; y doblemente duro para quienes reciban paga salarial menor a esa cifra pues sus patronos no la respetan.
Por eso es que nosotros estimamos que la problemática del salario mínimo en el sector privado, la arbitraria decisión de la Caja de imponer esa rebaja salarial del 1% y la campaña electoral presidencial ya en desarrollo, deben considerarse como aspectos interconectados en el marco de una sociedad tan desigual como la Costa Rica de hoy, en la cual su política salarial es restrictiva no expansiva.
Conviene, en tal sentido, poner en la mesa del debate electoral el tema del salario mínimo que se paga en la empresa privada y hacer referencia a tres proyectos de ley al respecto: El expediente legislativo 19.312, conocido como Ley de Salario Mínimo Vital, presentado por el exdiputado José María Villalta Florez-Estrada (Partido Frente Amplio), para un crecimiento cuantitativo gradual del valor del salario mínimo en un periodo de cinco años que lo podría dejar en unos 457 mil colones.
Está, también, el expediente legislativo No. 19.141, propuesto por el diputado don Ronny Monge Salas, del Partido Liberación Nacional (PLN), para que el reajuste por costo de vida se aplique aquellos salarios que estén superando el mínimo de ley; evitando que patronos inescrupulosos le impongan a la persona trabajadora un congelamiento salarial individual al alegar que no se aplica el reajuste del salario mínimo por estar por en encima de él al momento de la fijación.
Y la más reciente iniciativa de ley, 20.265, para sancionar el incumplimiento de respetar el salario mínimo a esa casi tercera parte de la clase trabajadora privada que apenas gana ese mínimo. Este proyecto fue presentado por la legisladora Sandra Piszk Feinzilber, también del PLN.
¿Cómo se le puede imponer, exigir, dictar a un trabajador y a una trabajadora de la empresa privada que ponga más de su alicaído salario para la sostenibilidad futura del régimen de pensiones IVM-CCSS, si es de tal calibre su estado de precariedad salarial que se ocupa de proyectos de ley para enfrentarlo? ¿Qué piensan todas las personas precandidatas (ahora) presidenciales al respecto? ¿Habrá otras alternativas de solución al problema de IVM-CCSS que no sea la de empobrecer más a los asalariados y asalariadas?…
