La Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, ha comunicado al país la salida del encierro total en prisión de unas 1.500 personas privadas de libertad, hacia regímenes de libertad vigilada, en condición de semi-institucionalización.
La aspiración meramente cuantitativa de reducir la sobrepoblación carcelaria, de un 52 % a un 20 %, con la indicada decisión, por más bien intencionada que se esté fundamentando e, incluso, invocándose un “cambio de paradigma”; no resuelve el grave problema de fondo, ya puntualizado por ANEP hace bastante tiempo y, ahora, agravado por el fundamentalismo neoliberal sobre el manejo nacional del déficit fiscal.
Al respecto, desde la ANEP planteamos lo siguiente:
1) Seguimos defendiendo nuestra posición acerca de que el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis. No es un problema de una determinada administración gubernativa. Tiene que ver con cuestiones estructurales. Básicamente, la relación-contradicción entre prisión vs desigualdad; entre hacinamiento vs tratamiento; entre derechos humanos vs exclusión intramuros carcelarios; entre crecimiento del internamiento penitenciario vs. reducción sistemática de recursos humanos, materiales e infraestructurales.
2) La aplicación de recortes presupuestarios para el 2016, por el orden de los 24 mil millones de colones, puede considerarse como el preludio de situaciones realmente peligrosas a lo largo del año entrante, mismas que podrían repercutir en pérdida de vidas humanas al interior de las cárceles; amén del incremento en el deterioro de la convivencia cotidiana intramuros carcelarios por las carencias de todo tipo y la acumulación de tensiones y de alto estrés, tanto en el seno del propio personal penitenciario como en la comunidad privada de libertad; y, a la vez, incidiendo en la conflictividad creciente en las relaciones entre ambas.
3) Debemos considerar que la estrategia inter-gobiernos de debilitamiento del Sistema Penitenciario Nacional, inversamente proporcional al crecimiento de la criminalidad y la sofisticación de la misma, así como la tendencia judicial hegemónica del encierro; podría estar sirviendo para potenciar intereses privatizadores de las cárceles nacionales y/o de sus servicios, alegándose “incapacidad” estatal e “insostenibilidad” presupuestaria. Ya en el pasado hubo una intentona al respecto.
En consecuencia, Hacemos un llamado a toda la población trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional; a su personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad; a sus jefaturas y a su correspondiente personal subalterno; para que en gran unidad por la supervivencia institucional, exijamos, en la calle y en fechas próximas, vía movilización pacífica, la restauración de los 24 mil millones ya recortados, la primera “macheteada” en el proyecto de presupuesto para el 2016, cuando la cartera de Hacienda tramitó las peticiones presupuestarias originales de su homóloga de Justicia y Paz.
Igualmente, hacemos un llamado a los diputados y a las diputadas para que más allá de los posicionamientos ideológico-políticos en el tema del déficit fiscal, no apliquen al Sistema Penitenciario Nacional un segundo recorte, una segunda “macheteada”; y, por el contrario, restauren los 24 mil millones y cercenados.
Por el contrario, les solicitamos que reparen en la gravedad de una de las instituciones de la política costarricense más sacrificadas por estos enfoques fiscales de recortes presupuestarios por el recorte mismo: el Sistema Penitenciario Nacional; cuyo personal, prácticamente invisibilizado socialmente, desempeña un quehacer en condiciones totalmente precarias y peligrosos para sus propias vidas; pero, a la vez, ha sido su compromiso abnegado y su vocación de sacrificio por el país, lo que ha evitado tragedias mayores en las cárceles nacionales.
