Seguridad y sociedad

“_En dar a cada uno lo suyo consiste la justicia_” (Ortolán); bajo esta premisa surge la pregunta, ¿merece la ciudadanía, la inseguridad que el estado le retribuye al quitarle sus impuestos?, nuestra sociedad tiene también como deber derecho, el exigir rendición de cuentas en un estado sostenido por un sistema de “_frenos y contrapesos_”. La libertad, es determinación y es hora que nosotros como comuna entendamos que; El estado en principio tiene como primer deber, crear derecho. Así las cosas, tiene únicamente dos opciones: darnos una sociedad segura por cuanto así cumple lo sustantivo de su ser. O no darnos seguridad por no ser lo que le interesa. Si la segunda opción es la que asume, no estaría creando derecho… Estimado lector. ¿En cuál realidad, de manera objetiva vislumbra el rumbo por herencia de este gobierno?.

El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Publica de Costa Rica, con sus casi doce mil agentes de policía, y con un presupuesto anual del 0.5 % del PIB, resulta por sí mismo un cuerpo insuficiente para responder al más de cinco millones de habitantes con los que cuenta este país en la actualidad, empero según el presupuesto para el año dos mil nueve, se tuvo previsto que en seguridad se invertiría por cada habitante, diecisiete mil seiscientos veintidós colones (¢17.622) por año, gastando así cuarenta y ocho colones (¢48) por día, y cuatrocientos sesenta y cinco (465) agentes de policía para cien mil habitantes (100.000). En otras palabras un agente policial (01) para doscientos dieciséis (216) habitantes. El panorama era sombrío. Empero, tome en cuenta. Que lo anterior resulta, sin dividir estos valores aun en los tres subvalores, que se presentan en la implementación de los roles policiales: un grupo en turno, un grupo libre, otro disponible. Lo que nos dejaría con (4000) agentes de Policías por turno… menos, los casi cuatrocientos (400) agentes policiales que laboran en la Unidad de Intervención Policial, (410) en Guarda Costas, (84) En la UEA, Unidad Canina y Vigilancia Aérea (datos no suministrados), quienes pertenecen a Unidades especializadas y usted nunca vera cuidándole en las calles. Menos, personal incapacitado y en vacaciones.

Agreguemos también como cereza al pastel, que para el presupuesto del 2010, asignado a esta cartera solo se ejecutó poco más del 50%, e incluso como manifestara Tijerino, al comparecer ante la Asamblea Legislativa, “_que para él dos mil diez (2010), el recargo era ya de mil administrados por agente de Policía en turno_” (yo diría 1250 y surge la paradoja entre lo que se presupuesta y lo que se da en la realidad). Tenemos entonces un problema que en política criminal y de prevención, la situación desnuda una realidad grave. Máxime si tomamos en consideración los 1500 agentes de Policía que salieron de las distintas bases policiales para crear la policía de fronteras, con cinco patrullas nuevas que fueron colisionadas el día que se estrenaron y más de dos declaradas con pérdida total, por la improvisación con que se toman decisiones.

Todas estas aristas inutilizan por lógica a Fuerza Pública, en lo que refiere a recurso humano, los recursos “_frescos_” que se mencionan no son agentes nuevos, sino reclutas que ingresan a ocupar las vacantes que dejan los Policías que se están pensionando, y que en su mayoría una vez capacitados engrosaran las planillas de empresas de seguridad privadas con mejores salarios, perdiéndose los 1.500.000 de colones, que en promedio cuesta al estado costarricense el Cuso Básico Policial. Aunado a esto el faltante de más de siete mil plazas que se nos hereda de otrora, resulta una suma mortal de factores. Tomando en consideración, el colapso administrativo de los entes encargados de impartir justicia tambien. Situación que acarrea una creciente y peligrosa impunidad, que repercuten en las fuerzas policiales, mismas que pasan a practicar todos los días el cíclico juego del gato y el ratón… “_ratoncito… ratoncito que estás haciendo en mi casita_”. Pero peor aún con el miedo al que se somete la sociedad, sin considerar “_el efecto rebote que esto conlleva_”. Gestándose así un profundo desgaste en la institucionalidad, y pérdida de la esperanza en el sistema por parte de los administrados por las muy pocas condenas. Tomando en consideración las veces en las que en flagrancia, nuestros policías se juegan la vida en este trabajo.

Este problema es más peligroso de lo que pretenden vendernos nuestros medios. Seguridad Pública como cuerpo Policial, es la cortina de humo que sostiene la pésima e irresponsable administración en materia de política criminal por parte del estado, pagando con vida propia quienes se visten de azul, la irresponsabilidad con la que se toma este “_asunto_” que nos han heredado gobiernos anteriores, indistintamente de los colores que lleven estas banderas, por cuanto no hay una doctrina policial seria, participativa y científica apegada a la idiosincrasia y al contexto real de nuestra cultura con participación de diferentes actores. Solo se implementan en su mayoría tesis en materia de policía que se apegan a otras sociedades donde el recurso y la capacitación son prioridad y todo un norte, en el manejo de los fondos públicos. Por esta razón la incapacidad operativa que se presenta, claro está. En orden de ideas se da primero, en altos mandos quienes mantienen una especie de secuestro ideológico nada beneficioso para la institucionalidad, por cuanto se empeñan en mantener algo que no funciono, personas que cuando son desenmascaradas, no se les despide como a los de abajo, no… no señor, se les premia trasladándolos a puesto con menos responsabilidades y el mismo paguito para que la extinción de la pena se de en el olvido de los administrados. A nivel administrativo, existe todo un equipo incapaz de sub-ejecutar los presupuestos asignados, lo que conlleva a la horrible manera en la que usted ciudadano paga con su vida y sus bienes, dineros que fueron asignado para su seguridad pero regresaron a arca única del estado por esta ineptitud. Sobra demás el que nuestra sociedad sepa que la inseguridad, no es por parte de los uniformados, (los de a pie) sino más bien por la falta de recursos: humano, patrimonial e incentivos salariales acorde a las jornadas laborales infrahumanas que se dan, en un trabajo que el salario base no sobrepasa los 220.000 colones por mes, por cuanto de manera torcida se ha malinterpretado el régimen de excepción que se aplica a los y las trabajadoras de Seguridad Pública, sometiéndoles a vejaciones por los mandos medios con jornadas laborales hasta de dieciocho horas diarias, so pretexto “_Usted se hizo policía, si no le gusta busque otro trabajo_”, sin el pago por horas extras que todo trabajador merece. Así como la falta de capacitación acorde a la problemática delincuencial y legislación actual, que sufren estos servidores, para quienes la incertidumbre jurídica es el pan de cada día.

Más, con todo lo que significa el roll que desempeña este cuerpo policial en la sociedad, hay justicia en que comprendamos. Que con un salario base de 210.000 colones por mes, con una canasta básica sumamente modesta que supere los 80.000 colones, sin incluir alzas complacientes en combustibles, pago de agua, luz, y pasajes, hijos estudiando a nivel escolar y universitario. Así como el pago de alquiler por cuanto no es derecho de los y las policías optar a un bono de vivienda… Este gobierno acaparador de la riqueza, tampoco es justo con nosotros.

Adrián López Matarrita.
Presidente. Seccional ANEP-Seguridad Pública

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